Comprendiendo España

Unidad contra el racismo


Hay personas negras y/o racializadas que están preocupadas por la presencia masiva de personas blancas en las múltiples protestas antirracistas que están teniendo lugar en todo el mundo. Temen que los blancos consigan mucho protagonismo y les “cambien el relato”. Creo que se equivocan. El “relato” está ya bastante claro. El racismo es un elemento fundamental, estructural, de la opresión imperialista y de la opresión de clase. Por eso sigue existiendo y seguirá existiendo mientras subsista el imperialismo. Lo que hace falta es organizarse para hacer la revolución. Los blancos también tenemos motivos para protestar contra el racismo. En este momento histórico, luchar contra el racismo es luchar contra el auge del fascismo que nos amenaza a todos. Lo comentaba Ángela Davis en Madrid hace dos años:

“El racismo siempre ha estado en el centro del fascismo” (…) “Por supuesto que estamos viendo señales del regreso del fascismo en muchos países en Europa y en EEUU. La demagogia y el racismo pueden generar conducir al fascismo y es algo de lo que deberíamos tomarnos muy en serio en este momento”.

Desde este punto de vista, no parece buena idea ir sembrando (o aumentando) la desconfianza entre los blancos y los negros y/o racializados. Es evidente la potencialidad revolucionaria de la lucha antirracista, pero lo fundamental de esa lucha no es el color, raza o género de los que protestan (si tiene que haber más negros que blancos, más gitanos que payos, más mujeres que hombres), sino la línea del movimiento, hacia donde apunta, hacia dónde se encamina, si tiene una dirección revolucionaria o tiene una dirección reformista. Y si se impone una línea reformista que, en Estados Unidos, se pone al servicio del Partido Demócrata, será por eso por lo que podremos criticarlo y no por el porcentaje de blancos que haya en el movimiento. Y si, en el caso de España, el movimiento antirracista se pone al servicio de la alianza PSOE/Podemos que actualmente gobierna el país, será por eso por lo que podamos cuestionarlo. Y no parece que el predominio de negros y racializados en las protestas pueda ofrecer garantía alguna de la corrección de la línea, pues habrá negros y racializados que sean revolucionarios y negros y racializados que sean reformistas (Obama era negro y Kamala Harris racializada). Ángela Davis comentaba recientemente la agudización de las protestas antirracistas a nivel mundial:

 “Se han dado muchas situaciones que han hecho despertar la conciencia ciudadana y han propiciado oportunidades de cambio, pero lo cierto es que el tipo de reformas que han tenido lugar no han permitido una transformación radical”. (….) “Creo que es muy importante señalar que, aunque la magnitud de esta respuesta no tiene precedentes, las luchas que se están librando ya se libraron en el pasado”(…) “Cuando miramos hacia atrás, realmente nos percatamos de que las reformas solo sirvieron para consolidar la institución y perpetuar el sistema (…) Y esto es lo que me da miedo del momento actual

Como dijo en 1968 el Presidente Mao, “una fuerza revolucionaria extremadamente poderosa está latente en los más de 20 millones de estadounidenses negros”. Ignorarlo es absurdo. Pero hay que entenderlo:

“La discriminación racial en los Estados Unidos de América es un producto del sistema colonialista e imperialista. La contradicción entre las masas negras en los Estados Unidos y los círculos gobernantes estadounidenses es una contradicción de clase. Sólo por medio del derrocamiento de la dominación reaccionaria de la clase capitalista monopolista de EE.UU y la destrucción del sistema colonialista e imperialista puede el pueblo negro en los Estados Unidos conseguir la emancipación completa. Las masas negras y las masas de trabajadores blancos en los Estados Unidos tienen intereses comunes y objetivos comunes en la lucha. Por lo tanto, la lucha afroamericana está ganar la simpatía y el apoyo de un creciente número de gente blanca que trabaja en temas progresistas en los Estados Unidos. La lucha de los negros en los Estados Unidos está obligada a fusionarse con el movimiento obrero norteamericano, y esto finalmente terminará con el criminal dominio de la clase capitalista monopolista de los EE.UU”. (…) “En la actualidad, la revolución mundial ha entrado en una nueva gran era. La lucha del pueblo negro en los EE.UU por la emancipación es una parte integrante de la lucha general de los otros pueblos del mundo contra el imperialismo norteamericano, una parte integrante de la actual revolución mundial. ¡Hago un llamamiento a los obreros, campesinos e intelectuales revolucionarios de todos los países y a todos los que están dispuestos a luchar contra el imperialismo estadounidense a tomar medidas y a prestar un fuerte apoyo a la lucha del pueblo negro en los Estados Unidos! ¡Gente de todo el mundo, uníos más estrechamente aún y lanzar una firme y sostenida ofensiva contra nuestro enemigo común, el imperialismo norteamericano y sus cómplices!” (Declaración de Mao Tsé-Tung, Presidente del Comité Central del Partido Comunista de China, 1968).

La Declaración del Presidente Mao de 1968 “en apoyo a la lucha afroamericana contra la represión violenta” está tan vigente como entonces. En Estados Unidos, en España y en todas partes. El imperialismo mundial está en una gran crisis y las masas populares quieren revolución. Se demuestra a diario. Pero el pueblo tiene un problema: está desunido. Y los dirigentes que supuestamente deberían luchar contra esa desunión, parecen ignorar el problema o incluso se esfuerzan por aumentar la desunión.

Miremos hacia el último Malcom X, cuando poco antes de que lo asesinaran (y parece que fue precisamente por eso que lo asesinaron) entendió que

“vivimos en una era de revolución y la revuelta del negro americano es parte de la rebelión contra la opresión y el colonialismo que ha caracterizado a esta época…. Es incorrecto clasificar la revuelta de los negros simplemente como un conflicto racial del Negro contra el Blanco como un problema puramente americano. Más bien, estamos hoy viendo una rebelión mundial de los oprimidos contra los opresores, los explotados contra los explotadores”.

No sembremos, pues, división ni desconfianza entre los oprimidos y los explotados. Busquemos la unidad del pueblo en torno a una línea realmente revolucionaria.

Pablo Hasél, Libertad


LosBorbonessonunosladronesLos Borbones son unos ladrones (videoclip)

Importan


Black Lives Matter. Por supuesto. Claro que importan. Y parece que hay que decirlo porque es evidente que en muchos lugares, lamentablemente, las vidas negras -y pobres- no importan (si son ricas importan un poco más). No obstante, no dejo de pensar que Black Lives Matter, como consigna para todo este movimiento de protesta que ha estallado en muchos países del mundo, simboliza un retroceso. En los años sesenta y setenta la consigna era la del “Black Power”. Se entendía la importancia del “Poder” y el sentido anticapitalista y antiimperialista que tenía el movimiento negro. Y por eso algunos militantes, como Ángela Davis, se acabaron integrando en el Partido Comunista, mientras los Panteras Negras y otros grupos se acercaban al maoísmo.

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Ahora, la protesta sigue teniendo el mismo sentido, pero desde el principio se la intenta conducir por una vía reformista que no confronte radicalmente con el Sistema. Parece que se intenta despojar a la protesta de la tremenda carga política revolucionaria que realmente posee. En los Estados Unidos se la intenta encauzar en beneficio electoral del Partido Demócrata, la otra pata en la que se sostiene el sistema capitalista e imperialista yanqui. La propia Ángela Davis alertaba hace unos días del peligro:

 “Se han dado muchas situaciones que han hecho despertar la conciencia ciudadana y han propiciado oportunidades de cambio, pero lo cierto es que el tipo de reformas que han tenido lugar no han permitido una transformación radical”. (….) “Creo que es muy importante señalar que, aunque la magnitud de esta respuesta no tiene precedentes, las luchas que se están librando ya se libraron en el pasado”(…) “Cuando miramos hacia atrás, realmente nos percatamos de que las reformas solo sirvieron para consolidar la institución y perpetuar el sistema (…) Y esto es lo que me da miedo del momento actual

[Entrevista a Ángela Davis, 17-06-2020: https://www.eldiario.es/theguardian/Angela-Davis-Sabiamos-proteger-supremacistas_0_1038696894.html%5D

Los dirigentes del Partido Demócrata -es evidente- intentan que la protesta antirracista les ayude a ganar  las próximas elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos. Pero no está claro que eso acabe sucediendo. Mientras Trump echa leña al fuego para movilizar tras de sí a la “América conservadora”, es probable que muchos de los que protestan en las calles acaben dando la espalda a los “demócratas” liberales. No en vano, los demócratas han gobernado los Estados Unidos muchas veces… pero el racismo ha seguido ahí. Y no parece que con el millonario Biden en la Casa Blanca las cosas vayan a cambiar demasiado.

Por supuesto que la protesta antirracista es también una protesta antifascista, pues racismo y fascismo van casi siempre de la mano. Y por eso fueron los fascistas los primeros que salieron -en Londres- en defensa de las estatuas-homenaje de famosos racistas de la historia (británica). Y por eso el partido fascista español ha salido rápidamente en apoyo de Trump. Porque a los fascistas no les gusta nada la lucha de los negros (aunque siempre es bueno tener cerca a algún “Tío Tom”).

Hoy 21 de junio los jornaleros inmigrantes en Andalucía se han sumado a esta oleada mundial de protestas manifestándose simultáneamente en seis capitales andaluzas en favor de la regularización de los “sin papeles”, puesto que “en Andalucía, miles de personas y familias migrantes se encuentran en situación de irregularidad, invisibles para el Estado y carentes de los más esenciales derechos sociales, enfrentándose así a la explotación laboral, a la precariedad habitacional y, en fin, a la imposibilidad de una vida digna y plena”. Y no sólo en Andalucía. También en Cataluña, Murcia, Extremadura y en otras muchas regiones de España.

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Las vidas de estos trabajadores inmigrantes también importan. Y hacen muy bien en sumarse a la oleada de protestas. Ellos, los héroes olvidados durante esta Pandemia, no están luchando solamente contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos sino, principalmente, contra un gobierno español que se denomina “progresista” y que no se ha preocupado en lo más mínimo de las condiciones en que estos jornaleros se encuentran. Porque estos trabajadores, sin papeles y oprimidos, tampoco pueden respirar.

Como dijo el revolucionario Mozambiqueño Samora Machel, “La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que lucha por el mismo objetivo“. La lucha de los jornaleros inmigrantes forma parte de la lucha de la clase obrera española. Como se decía en Euskadi, “trabajador, no importa de donde vienes sino a donde vamos“. Y esa es la pregunta; en España, en Estados Unidos y en todas partes: ¿A dónde vamos? ¿Y cómo hacemos para llegar?

 

 

Intemperie, de Benito Zambrano


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[Luis Callejo, en Intemperie]

He visto la última película del cineasta lebrijano Benito Zambrano. En realidad no es un proyecto suyo, sino una obra de encargo, basada en la primera novela del extremeño Jesús Carrasco. No es que me haya parecido una gran película, pero tiene el mérito de reflejar claramente la opresión semifeudal del campo en la España de la posguerra. Y sólo por eso merece la pena.

Leo en la entrevista que Marta Medina le hace a Zambrano en El Confidencial:

P. En ‘Intemperie’ está muy presente esa distancia social entre el poder y los ciudadanos de a pie, que todavía se mantiene casi intacta en algunas zonas rurales. ¿Cree que es inherente a España?

R. Yo vengo de pueblo y, cuando pasaba por delante del casino, que era donde estaban no los señoritos, sino los más potentados del pueblo, pasábamos sin levantar la cabeza y no nos atrevíamos a entrar. Yo soy de familia de jornaleros. Mi padre era analfabeto. Yo he trabajado en los cortijos. Y he recogido algodón y he estado en la vendimia en el Marco de Jerez… y no veas el respeto que se le tenía al capataz, al cura de pueblo y al guardiacivil. Era la autoridad. Cuando a mí me pasaron la novela de ‘Intemperie’, para mí fue muy fácil entenderla.

A lo mejor si los historiadores que se dedican a escribir sobre la historia de España hubieran trabajado también en los cortijos entenderían un poco mejor la realidad de este país. Ahora que tanto se habla de los EREs.

PD: Sobra decir que Alejandro Amenábar (director y guionista de “Mientras dure la guerra”, la de Unamuno) no ha trabajado en los cortijos.

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Un caciquismo con viejas y nuevas formas (fragmento del libro “Revolución burguesa, semifeudalidad y colonialismo. Raíces históricas del atraso y la crisis de España”).


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Bastantes páginas de este libro se han dedicado a explicar el fenómeno del caciquismo, pero casi siempre ha quedado circunscrito al ámbito rural, en una época en que la gran mayoría del país tenía esa naturaleza y cuando las actividades agrarias eran predominantes en la mayoría de las regiones, con las excepciones por todos conocidas.

Pero si una cosa está hoy clara para casi todos es que el caciquismo ha sobrevivido a las transformaciones en todos los órdenes (económicas, demográficas, sociales y políticas) que se registran principalmente a partir de los años sesenta y —en el caso de las políticas— desde finales de los setenta, con la instauración del sistema democrático-burgués. Y no ha sobrevivido como un simple residuo, como algo marginal que ha conseguido resistir la oleada modernizadora refugiándose en recónditos lugares en los que la luz de la democracia no ha sido aún capaz de llegar. En absoluto. El caciquismo está tan vivo como siempre y lo vemos funcionar a pleno rendimiento en todas partes, tanto en las regiones menos dinámicas como en las regiones en las que la modernización económica ha sido más fuerte; tanto en las más grandes ciudades como en los pueblos más pequeños. Por lo tanto, es un error, una limitación, vincularlo con exclusividad al ámbito rural y a la actividad agraria.

Efectivamente, somos muchos miles los radicales exagerados que, con Joaquín Costa, pensamos que “eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la regla”[i].

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Antonio Robles Egea, proporciona argumentos que apuntan a que, efectivamente, las corruptelas, en España, son la regla:

“Ante las deficiencias del sistema de financiación oficial, insuficiente para costear los inmensos gastos de enormes aparatos organizativos y gastos electorales, los partidos utilizan la administración o las ayudas de empresas privadas, o particulares, para seguir funcionando. Así, conceden, si es posible, los empleos públicos a los afines o idóneos, e incluso, bordeando la legalidad, adjudican subvenciones a los amigos; las concesiones y contratas se hacen recibiendo algo a cambio. Para ello se utilizan sofisticados métodos que son difíciles de detectar si no es con la denuncia de algún implicado. Este clientelismo de masas es como el aire que respiramos, invisible, y como el agua que bebemos, inodoro. No hubiera sido posible si el Estado no hubiera adquirido las dimensiones que actualmente posee. El Estado de bienestar social es un auténtico Estado-patrón que convierte en clientes suyos a grupos sociales enteros (pensionistas, parados, enfermos, funcionarios, etc.) y utiliza como intermediarios a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, etc., para integrar en su seno la enorme complejidad de las sociedades actuales”[ii].

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Y el propio Cazorla Pérez, en la misma obra, plantea que el problema no se limita exclusivamente al ámbito rural. Apunta, además, a la subsistencia, en la España democrática, de unas relaciones sociales basadas en la apropiación y el control de los recursos de la comunidad por parte de una minoría oligárquica. Esta minoría se encuentra, de esta forma, en condiciones de subordinar a la mayoría que necesita acceder a dichos recursos, que queda sometida a una situación de evidente dependencia personal de carácter semiservil:

“la apropiación controlada, monopolística, y la distribución de «los recursos del bienestar social —muchos de los cuales son formal y explícitamente derechos de los ciudadanos—, [pero que se presentan] como favores» particulares, caracterizan la reciprocidad interpersonal. La cual deja de ser derecho al bienestar para convertirse en un nuevo patronazgo, en una forma de apoyo a ciertos políticos. Cuando se actúa en una economía en parte tradicional y en parte subvencionada, como es la del Sur de España —por citar su variedad territorialmente más extensa, pero no única—, el papel de los políticos locales, en cuanto intermediarios, se realza en extremo. Uno de sus resultados es que el paro endémico, en lugar de ser un arma frente al partido gobernante (a nivel local), se convierte en un recurso de poder, a través de las subvenciones, lo cual es utilizado con gran eficacia por la máquina del partido; ello, aparte de que la distribución de estas ayudas se efectúa veces en función de la afinidad de intereses, y no de circunstancias familiares o personales objetivas”[iii].

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Los patrones pueden estar aquí representados por el grupo de empresarios o propietarios privados que ejercen un control oligopólico sobre los recursos económicos, del tipo que sean, en una determinada comunidad. Pero también, efectivamente, por los políticos que, a través de su control sobre la Administración y los recursos públicos, están en condiciones de someter a los que necesitan del acceso a dichos recursos (trabajos estacionales, subvenciones, ayudas sociales, licencias, etc.) para sobrevivir en la comunidad. En realidad, lo normal es que ambas formas de opresión aparezcan combinadas, con lo que la relación de dependencia y el propio sistema de dominación resultan obviamente reforzados. Sobre estas relaciones de opresión económica y social es sobre las que se levanta el sistema caciquil. En los barrios populares de las ciudades, estos mecanismos funcionan tanto como en las áreas rurales. Las asociaciones de vecinos, convertidas en nexo de unión entre la población del barrio y la política municipal, desempeñan aquí un papel fundamental. Por eso muchos de sus presidentes pueden aparecer luego entre los asesores a sueldo de los alcaldes, como sucede, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde el caciquismo de Coalición Canaria se ha sustentado siempre en el control social y político de los barrios populares.

Caciquismo

Si estudiamos la evolución del sistema político a lo largo de la historia contemporánea de España resulta evidente que las transformaciones acaecidas durante un largo período de más de cien años han sido muy importantes. Sin embargo, también es posible observar que el sistema que se configura a partir de la Constitución de 1876, durante la primera Restauración de la monarquía borbónica, presentaba la misma naturaleza caciquil que el sistema articulado a partir de la Constitución de 1978, en lo que vendría a ser la segunda Restauración de los Borbones. El régimen canovista tenía, en última instancia, la misma esencia que el de la Transición. Cánovas y Sagasta en una etapa; Suárez y González en la otra. Los artífices de ambas restauraciones, unidos por un mismo sistema de gobierno: la monarquía parlamentaria caciquil.

Evidentemente, no soy el único que lo piensa ni el primero que lo dice. Todo un catedrático de Ciencias Políticas, el gallego José Vilas Nogueira ha llegado a afirmar también que “la estructura subyacente del poder político apenas ha mudado respecto de la propia del siglo XIX: un régimen oligárquico-caciquil[iv]. Y otro catedrático, esta vez de Derecho Administrativo, sostiene que “vivimos en un Estado de Derecho de papel, no de realidad” y que

“en el fondo, la verdadera Administración y la verdadera actuación administrativa no es la que discurre en los expedientes, resoluciones y sentencias, sino la que se manifiesta en canales informales, en situaciones toleradas y aun clandestinas y en actuaciones estrictamente ilícitas, que son la regla y no la excepción. Y gracias a las cuales podemos decir que existe una Administración”[v].

“En punto a corrupción yo percibo una situación preocupante, una vuelta a los peores tiempos de caciquismo que desde Maura creíamos haber descuajado para siempre y que ahora ha regresado con otras formas y otros estilos. Están corrompidos hasta el tuétano los partidos políticos y los sindicatos, los ministerios de la Administración General del Estado, las Consejerías de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los organismos autónomos y las sociedades estatales”[vi].

Y eso que el pucelano Alejandro Nieto se calla muchas de las cosas que sabe, como él mismo, honradamente, reconoce,

“en parte por imperativos de la reserva profesional y más todavía porque temo que si los ciudadanos se enteraran de todo lo que está pasando sentirían tentaciones de echarse al monte y hasta de marcharse de España o, lo que es peor todavía, de alejarse del juego democrático y de la participación pública…”[vii].

Y eso que teme Alejandro Nieto, es lo que temen, sin reconocerlo, Cazorla, Laporta y otros que se han acercado al tema del caciquismo, el clientelismo, la corrupción o cómo sea que cada uno lo denomine. El problema es que las cosas están, efectivamente, para que la gente se eche al monte.

Prácticas caciquiles en la política y en la Administración pública hay muchas y todos podríamos enumerar un buen rosario de ejemplos:

  • Prácticas ilegales en las elecciones: llevar a las personas mayores de los pueblos en coche a votar y prácticamente ponerles la papeleta en la mano (en Galiza lo llaman voto carrexado); llamar a la gente del pueblo por teléfono el día de las elecciones para “recordarles” la necesidad de ir a votar; impedir que las personas se sientan libres para ir o no a votar, a sabiendas de que en los colegios electorales están los apoderados de los partidos pasando lista, o sea, controlando quien acude y quien no acude a la votación, con los problemas que una ausencia podría ocasionar en el futuro al abstencionista; empadronamientos masivos de personas en un determinado municipio (a veces en el domicilio del propio alcalde) para que voten a una determinada candidatura a cambio de ayudas económicas o beneficios diversos; compra directa de votos, etc.[viii]
  • Prácticas ilegales en las Administraciones Públicas: fraudes en la contratación administrativa, mediante el fraccionamiento de los contratos para que puedan salir como contratos menores y adjudicarse mediante la vía del negociado sin publicidad; contratación de personal interino “a dedo” para que se encuentren en una situación ventajosa a la hora de la correspondiente oposición; cohecho abierto y directo; prevaricaciones varias para beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos; prácticas que se conocen como pork barrel y que consisten en que un importante político a nivel nacional o regional favorece con sus decisiones a un determinado territorio o feudo en el que sustenta su éxito electoral, en detrimento de otros en los que no tiene demasiados apoyos[ix], etc.

Como vemos, la huella del caciquismo en las Administraciones públicas, particularmente en los ayuntamientos, no debe buscarse sólo, ni principalmente, en los sonados casos de corrupción que aparecen a diario en los medios de comunicación, sino en una serie continuada de “anomalías”, “irregularidades” y “errores” de todo tipo que caracterizan el ejercicio cotidiano del poder político local en todas las regiones de España.

Son precisamente estas prácticas cotidianas –a las que se unen de vez en cuando los mayores escándalos de corrupción– las que nos permiten reconocer claramente a la vieja administración caciquil latiendo vigorosa bajo las nuevas formas democrático-burguesas instauradas a partir de la Transición. Como ha afirmado Miguel Ángel Torres, el ex instructor de la operación Malaya y actual titular del juzgado de lo Penal número 5 de Granada,

“nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente”[x].

Pero no vale la pena que nos detengamos mucho ahora en la enumeración de los diversos tipos de cacicadas que se cometen todos los días, en mayor o menor escala, en todo el territorio nacional. Interesaría más reflexionar sobre la incapacidad de las clases dominantes en España para ajustar su sistema de dominación a una legalidad democrático-burguesa de la que, al fin y al cabo, ellas mismas se han dotado. Si son las que hacen las leyes, ¿qué es lo que les impide luego sujetar su actuación a lo que ellas mismas han establecido en su propio ordenamiento jurídico?

Para comprenderlo un poco mejor es necesario salir del ámbito estrictamente político para analizar las bases sociales del régimen caciquil. Porque la política no es, de ninguna manera, autónoma respecto de la sociedad, aunque muchas veces se habla de ella como si lo fuera. Cuando se critica la corrupción política suele obviarse que los políticos no son nada más que los representantes de las clases dominantes. Es la expoliadora y especuladora oligarquía económica que hemos descrito en el epígrafe anterior la que impregna todo el sistema político y administrativo, promoviendo las atrasadas prácticas que todos conocemos.

                                                          […]

[i] Ver el capítulo dedicado al debate sobre el caciquismo.

[ii] Antonio Robles Egea, “Sistemas políticos, mutaciones y modelos de las relaciones de patronazgo y clientelismo en la España del siglo XX”, op. cit., pp. 246-251.

[iii] José Cazorla Pérez, op. cit., pp. 295-298 [las cursivas son mías].

[iv] “Un año más de constitución”, El Correo Gallego.es, 8-12-2008.

[v] Alejandro Nieto, La «nueva» organización del desgobierno, 1996, pp. 180 y 199 [las cursivas son mías].

[vi]Alejandro Nieto, Corrupción en la España democrática, 1997, pp. 51-52.

[vii] Alejandro Nieto, La nueva organización del desgobierno, op. cit., p. 6.

[viii] Francisco Mercado, “La investigación destapa la compra de sufragios para el PP en Mogán”, El País, 27-1-2007.

[ix] Manuel Villoria Mendieta, La corrupción política, 2006, p. 190.

[x] “Torres califica como corrupción el nepotismo que se practica en las administraciones públicas”, La Opinión de Málaga, 13 de noviembre de 2008.

Breve reflexión sobre la cuestión nacional (del libro Revolución Burguesa, semifeudalidad y colonialismo, 2014)


“Desde los primeros años de la Transición se puso de manifiesto que si los cuarenta años de dictadura fascista no habían acabado con la consigna del reparto de los latifundios, tampoco habían servido para que se olvidara la lucha por las libertades nacionales. Los dos problemas principales que habían estado en la base de la guerra nacional revolucionaria de 1936-1952 salían de nuevo a la luz. Si el problema de la tierra se intenta apaciguar con la instauración del sistema del PER/Subsidio agrario, la cuestión nacional se intentará reconducir por la vía del “café para todos”. Con esa fórmula se pretendía difuminar el problema de Euskadi, Catalunya, Galiza y Canarias reduciéndolo a una simple cuestión de organización territorial. El estallido de la actual crisis ha puesto de nuevo sobre la mesa la subsistencia de los dos históricos problemas, aunque el nacional ha adquirido una virulencia mucho mayor.

(más…)

En 30 segundos no se puede decir más (sketch Castidad)


Sketch presentado a la sección Triple Destilación del festival de cortometrajes JamesonNotodofilmfest:

FotogramaCastidad.Imagenfija001

“La historia de la Duquesa de Alba es un símbolo de lo peor”. Entrevista al cineasta sevillano Benito Zambrano


Muy interesante me ha parecido la entrevista que le ha hecho Alfonso Alba al cineasta lebrijano Benito Zambrano (Solas, Habana Blues, La Voz dormida) para Cordópolis (una parte está en video y la otra escrita).

Maria Galiana y Ana Fernandez en Solas(María Galiana y Ana Fernández en Solas)

Un fragmento:

P. Andalucía no se ha mantenido al margen, sino todo lo contrario. Tenemos un paro juvenil salvaje. ¿Vuelves mucho por Lebrija? El impacto de la crisis en el campo ha sido brutal. El trabajo de los jornaleros se ha mecanizado y ahora sí que hay poco trabajo en el sector agrícola…

R. Vengo de una familia de jornaleros y yo trabajé en el campo cuando era chiquitillo. Seguí con mis estudios, pero todos mis hermanos mayores trabajaron en el campo. Hay algo interesante que habría que analizar. Gran parte de Andalucía dependía del sector agrícola, pero no hemos conseguido crear una industria alternativa, o alguna de apoyo, o incluso desarrollar la industria agroalimentaria. Lo que pasó cuando dejó de haber trabajo en el campo, en el caso de mi grupo de amigos, fue que casi todos los jornaleros se fueron a la construcción, ya que era la otra alternativa laboral que no necesitaba estudios: fontaneros, electricistas, escayolistas… Buscarse la vida como podían. En el momento en el que hubo ese boom inmobiliario se ganaba mucho dinero. En Lebrija había muchísimos albañiles y muchas empresas de construcción. Además, Lebrija tenía muy buenos profesionales. Y claro, quita eso y en Lebrija no hay nada más.

P. Como pasa en el 90% de los pueblos de Andalucía.

R. Cádiz es una de las provincias con más paro de España. ¿Qué queda? No tienen nada. El campo es de poca gente, y entre la mecanización y las nuevas tecnologías, ya no necesita mucha mano de obra. Con muy poca gente llevas miles de hectáreas. Por una parte está bien, porque el trabajo en el campo era muy duro. Bienvenidas sean las máquinas. Pero, ¿qué hacemos con todos esos trabajadores sin que haya otra industria de nada? En Lebrija, no hay nada. El pueblo lleva en los últimas 30 años igual. Sector servicios, tiendecitas, bares, pero no hay grandes empresas. Esa es la pena. Estamos estancados.

P. Hablando de esas historias por contar, ¿no crees que hay una sobre la lucha de los jornaleros en los años 70 y 80 en Andalucía, al principio de la autonomía? Sobre todo con la fracasada reforma agraria, y precisamente ahora tras la muerte de la Duquesa de Alba, que representa como nadie al latifundista andaluz, al símbolo de una época. ¿No crees que hay una historia ahí, en que no se pudo repartir la tierra entre quien la trabajaba?

R. Hombre, la historia de la Duquesa de Alba es un símbolo de lo peor. Gente que lleva generaciones y generaciones, con miles y miles de hectáreas. Es un símbolo de lo peor, del señorito, del terrateniente, del cacique, de lo peor. Y que tienen culpa de que en Andalucía todos esos señoritos, los únicos que han manejado dinero durante siglos que venían del sector agrícola, lo único que querían es que esto fuese una tierra de esclavos, prácticamente.

[Acceda a la entrevista completa en Cordópolis.es]

 

La economía semicolonial y el imperialismo español


Indudablemente, la presencia del capital extranjero en la economía española ha aumentado mucho desde que estalló la actual crisis. Fondos más o menos buitre sobrevuelan el sector inmobiliario y cualquier otro sector devaluado, como el de las energías renovables, que pueda proporcionarles lucrativos beneficios a medio plazo. Hasta el sector financiero está cayendo en sus manos: Banco de Santander, Bankinter y el Banco Popular, cuyo valor en bolsa ha descendido mucho, tienen ya más de un 30% de capital extranjero en su accionariado. En el caso del BBVA, este porcentaje se eleva hasta el 52,3% a finales de 2013[1]. Bankia ha subido en sólo nueve meses del 3,8% al 19,3%[2].

Fondos buitre

El hundimiento del país que aspiraba a ser la séptima potencia del mundo ha llevado a España al grupo de los “países periféricos” de Europa. El control que sobre su economía ejerce el capital imperialista extranjero aumenta progresivamente, reproduciéndose una vez más el proceso que se viene registrando desde mediados del siglo XIX. Efectivamente, tras las etapas de expansión internacional, desarrolladas en contextos de intenso crecimiento económico en el interior, viene siempre una profunda crisis; y con la crisis se agudiza la dimensión semicolonial de la economía española al aprovechar el capital extranjero la debilidad del capital autóctono y la agónica situación de la hacienda pública.

La dimensión semicolonial de la economía hispana nunca ha dejado de manifestarse; ni en los períodos de crecimiento ni en los de crisis. De hecho, los períodos de crecimiento casi siempre son resultado de la afluencia masiva de capitales extranjeros, con la excepción de la etapa de intenso crecimiento que tuvo lugar durante los años de la primera Guerra Mundial.

En estos períodos de crecimiento, la penetración del imperialismo extranjero tiende a producir un cierto efecto de arrastre sobre un capital autóctono que se desarrolla al calor suyo (capital burocrático). La oligarquía hispana, animada por la buena marcha de sus negocios, acaba poniendo en marcha políticas expansionistas en el exterior, con la intención de aumentar sus beneficios y ganar posiciones en el contexto internacional. Sin embargo, el estallido de la crisis profunda que, tarde o temprano, siempre acaba por llegar, pone fin a los sueños imperiales. El país queda postrado y los capitales extranjeros aprovechan para aumentar el control que ya tenían sobre la economía nacional.

Desde mediados del siglo XIX —para no remontarnos ahora a los siglos anteriores— viene manifestándose este proceso. En la España actual podemos también reconocerlo.

Durante los años cincuenta y sesenta se agudiza el proceso de penetración del imperialismo norteamericano en la economía española, sobre todo tras la firma en 1953 del Convenio defensivo, de mutua defensa y ayuda económica entre EEUU y España, que abrió las puertas a la presencia militar directa de los Estados Unidos en España. Tras la firma del acuerdo se construyen las bases aéreas de Zaragoza, Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera, y la base naval de Rota, en Cádiz. A cambio de un poco de ayuda económica, el acuerdo ponía un país hundido como España al servicio de los intereses militares y económicos de la que sería nueva superpotencia mundial.

Eisenhower y Franco

En 1959 el colapso económico del régimen de Franco da lugar a la aprobación —acordada con el FMI y la OECE— de un plan de rescate económico para España (Plan de Estabilización), que flexibiliza en gran medida las restricciones a la inversión extranjera y repatriación de beneficios que se habían puesto en marcha en el período autárquico. Entre 1959 y 1960, la Inversión Extranjera Directa en España se septuplicó, pasando de los 12 millones de dólares de 1958 a los 86 millones de 1960. Entre el 40 y el 60% de esta IED corresponderá al capital estadounidense. En segundo lugar figuraban las inversiones suizas, que realmente eran, en muchas ocasiones, inversiones de capitales igualmente norteamericanos. En 1967, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó un informe en el que se decía que “España ofrece oportunidades únicas a las empresas extranjeras”.

En los años setenta, sin embargo, la presencia del capital norteamericano comienza a disminuir, siendo reemplazada por la llegada cada vez mayor del capital europeo, principalmente de Francia y Alemania, que van tomando posiciones de cara a la posterior entrada de España en la CEE. Independientemente del volumen de estas inversiones —que fue grande—, lo que se trata de comprender es que fueron las que impulsaron el crecimiento del capitalismo español en todas y cada una de las etapas expansivas que se vivieron en el país, con la excepción ya comentada de los años de la primera Guerra Mundial.

Las inversiones extranjeras, tanto en forma de Inversión Extranjera Directa (IED) como de transferencia tecnológica o financiera, fueron la base en la que se sustentó el desarrollismo de los años sesenta. Sólo la IED recibida ascendió entre 1960 y 1970 desde los 86 millones hasta los 222 millones de dólares, lo que permitió que se registrara en España un elevado crecimiento anual del 7% durante la década.

Luego estalla la crisis y se produce, en 1975, un fuerte descenso de la afluencia de IED que dura sólo unos pocos años, para comenzar de nuevo a ascender a partir de 1977, puesto que las crisis generan siempre numerosas oportunidades e incluso gangas que el capitalismo extranjero no puede dejar de aprovechar, en su intento por recuperarse de la profunda crisis en que había entrado durante los años anteriores. De este modo, entre 1977 y 1980, cuando el PIB español caía en picado hasta llegar al crecimiento negativo y las cifras de desempleo no paraban de crecer, la llegada de IED extranjera a España se multiplica por 2,5, pasando de los 607 millones de dólares de 1977 a los 1.492 de 1980, tendiendo a estabilizarse hasta mediados de la década, precisamente cuando el PIB comienza a remontar. O sea, que el imperialismo extranjero, principalmente europeo, aprovechó el peor momento de la economía española para reforzar considerablemente su control sobre la misma.

Posteriormente, a mediados de los años ochenta se inicia un nuevo ciclo económico en el país. Efectivamente, con la entrada de España en la CEE —en verdad, un año antes, en 1985— comienza una nueva etapa de gran crecimiento, superándose la profunda crisis que se desarrolla desde mediados de los setenta hasta mediados de la década siguiente.

Este crecimiento fue impulsado, una vez más, por el capital extranjero, principalmente europeo. Estos capitales aumentan considerablemente su afluencia hacia España, tanto a través de la IED como de las ayudas europeas a la convergencia o de los préstamos a bancos y cajas de ahorros obtenidos en el mercado interbancario, principalmente de Frankfurt, que presentaba exceso de liquidez y necesitaba mercados en los que invertirse. Estas ayudas y préstamos en el interbancario, más que alimentar, podemos decir que hicieron posible el tránsito que tiene lugar a partir de los años ochenta desde la economía industrial que se había impulsado en los años del desarrollismo hacia la nueva economía basada en la construcción y el turismo en la que se basará el segundo milagro económico español.

Atendiendo sólo a la IED —sin contar, por tanto, lo que llegó vía ayudas o préstamos y las inversiones de cartera— el stock de inversiones extranjeras en la economía española se multiplicó por 13, pasando de los 5.000 millones de dólares de 1980 a los 66.000 millones de 1990. En 2002 era de 156.000 millones de dólares y en 2012, en la crisis más profunda de la historia de la España democrática, el capital extranjero invertido directamente en la economía española alcanzaba ya los 634.000 millones de dólares, lo que representa el 46,97% del PIB nacional. Por tanto, entre 1980 y 2012, el stock de la IED en España se ha multiplicado casi por 127. En 1973, el capital extranjero está presente en el 31,1% de las grandes empresas españolas. En el año 2000 este porcentaje había subido hasta el 54,1%[3]. En el sector industrial, el número de empresas extranjeras representa sólo el 1,75% del total del sector, pero suyo es cerca del 40% del negocio. De hecho, durante la actual crisis, el número de empresas extranjeras en la industria de España ha aumentado un 29% pese a que el número total de industrias se ha reducido en más de 20.000, perdiéndose casi un millón de empleos (el 29,5% del total en el sector) a la altura de 2014. Una vez más se advierte como el imperialismo extranjero aprovecha la crisis económica de España para aumentar su penetración económica en el país. Según la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, el 55% del empleo de la industria química ha sido generado por empresas multinacionales extranjeras; el 63%, de la industria del motor, y el 24% de la industria metalúrgica[4]. En la importante industria alimentaria, seis de las diez empresas más grandes estaban, en 2010, en manos de capital extranjero y la penetración no ha hecho sino aumentar, incrementándose al mismo tiempo el riesgo de la deslocalización:

“Entre 2001 y 2009, Unilever ha cerrado seis fábricas en España y ha despedido a 2.400 trabajadores. El 70% de su producción la realiza ya fuera. El año pasado la estadounidense Kraft vendió la fábrica de Mahón (Menorca) a Nueva Rumasa. Ahora, la legendaria marca española El Caserío se fabrica en Bélgica. En 2008, Cadbury cerró la fábrica de Trident en Barcelona, dejando en la calle a 250 trabajadores, para irse a producir a Polonia. Y la lista sigue”[5].

Las empresas extranjeras instaladas en España lideran claramente los sectores más innovadores y tecnológicos de la economía del país. Entre las más grandes figuraban, en 2005, 21 francesas, 17 estadounidenses, 11 alemanas, 7 británicas y 2 franco-alemanas. El capital francés se ha ido concentrando en las empresas de distribución (Altadis, Carrefour, Dia, Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon, etc.), en la industria del automóvil (Renault, Peugeot Citröen), seguros (Axa), alimentación (Danone), telecomunicaciones (Alcatel), cosmética (L’Oreal), etc. El imperialismo alemán, por su parte, se ha concentrado también en la industria automovilística (Volkswagen Audi, Mercedes Benz), en la distribución (Lidl, Makro, Media Markt-Saturn, Aldi), el turismo (TUI AG), la industria farmacéutica (Bayer), seguros (Allianz, DKV), calzado (Adidas), etc. Los norteamericanos tienen también una presencia muy importante, sobre todo a partir de la segunda mitad de los noventa, cuando han comenzado a recuperar parte del peso que alcanzaron en los años cincuenta y sesenta. Los sectores en los que predominan son el petróleo (Gulf Oil, Standard Oil), industria automovilística y de tractores (General Motors, Chrysler, John Deere), bebidas (Coca-Cola, Pesicola, etc.), industria química, farmacéutica, etc. El capital británico mantiene también importantes posiciones en telefonía (Vodafone), petróleos (BP), farmacéuticas, etc., a lo que se suman las crecientes inversiones de sus fondos de inversión.

A la Inversión Extranjera Directa hay que sumar también, por lo tanto, las inversiones de cartera, que han aumentado considerablemente — y más aún durante la actual crisis— la desnacionalización de las más importantes empresas españolas. Por ejemplo, casi un 52% de las acciones de la petrolera REPSOL están en manos del capital extranjero[6] y lo mismo sucede con otra de las grandes: el BBVA. En 2008 declaraba el ministro socialista de Industria, Turismo y Comercio que la “españolidad” de una compañía se definía “como una situación en la que los accionistas españoles tienen, al menos, el mismo porcentaje de representación en el accionariado que los accionistas extranjeros“. Desde ese razonable punto de vista, ni REPSOL ni BBVA son ya empresas españolas. Tampoco lo es ENDESA, la principal compañía eléctrica de España y una de sus principales multinacionales. En febrero de 2009, la eléctrica italiana ENEL, participada por el Estado italiano, se hizo con el 92,06% de sus acciones. Por su parte, la petrolera CEPSA pasó, en 2011, a ser propiedad del International Petroleum Investment Company (IPIC), constituida por el Gobierno del Emirato de Abu Dhabi.

En 2009 el capital extranjero —que a comienzos de la crisis controlaba ya el 36,8%— llega a poseer el 40,1% de la Bolsa española, marcando así un record histórico. Siguiendo el criterio del ministro, estamos sólo a 10 puntos de perder la españolidad de la propia Bolsa, mirada globalmente. Ciertamente, “las empresas españolas están baratas y en el punto de mira de los cazadores de gangas” puesto que su valor en bolsa ha llegado a ser inferior al valor de sus activos. Incluso las grandes “constructoras”, que siempre han tenido una escasa participación de capital extranjero, comienzan a ser objeto de su interés. En 2013, por ejemplo, Bill Gates compra el 6% de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), convirtiéndose en su segundo accionista más grande, tras Esther Koplowitz:

“España está barata y por tanto, está en venta como consecuencia de la caída experimentada en bolsa en los últimos cinco años y sus cotizadas están, como se dice vulgarmente, a tiro de OPA”

“En un futuro relativamente corto, muchos bancos, como consecuencia de su obligada política de desapalancamiento, se van ver obligados a deshacerse de la mayor parte de sus participaciones empresariales en compañías del Ibex 35 como Telefónica, Iberdrola, Repsol,  Abertis, BME, Mapfre o Indra y no parece arriesgado afirmar que estas compañías van a tener pronto otros compañeros de viajes distintos de los actuales y que éstos serán de capital extranjero, dada la ausencia de ahorro interno lo que hace inviable que muchas empresas españolas formen parte de esa especie de timba que muchos analistas vislumbran, aunque alguna está en disposición de participar en la partida”[7].

De hecho, los principales dueños de la Bolsa española son ya las gestoras de fondos de inversión, que controlan más del 12% del mercado bursátil. Destacan entre ellas la norteamericana Blackrock (Telefónica, Iberdrola, Repsol, BBVA, Santander, Inditex), el banco noruego Norges (prácticamente en las mismas empresas que Blackrock más Abengoa), la francesa Lixor, del Société Générale, la estadounidense The Vanguard, el francés Amundi, etc. En la prensa se comienza a hablar de “colonización económica extranjera[8].

Blackrock

Por lo tanto, las cifras no dejan lugar a dudas. En la España actual ha tenido lugar un progresivo aumento del control que sobre la economía nacional ha venido ejerciendo el capital imperialista extranjero desde el siglo XIX, llegando en este momento de crisis profunda al nivel más elevado de nuestra historia contemporánea.

Además de la importancia de la IED y de las inversiones de cartera, el dominio del capital extranjero sobre la economía española aumenta su dimensión si tenemos en cuenta la transferencia de tecnología. España es uno de los países desarrollados más dependientes de la tecnología extranjera. Efectivamente, “la economía española es tributaria del capital y del saber hacer de las empresas extranjeras[9]. Los datos del comercio exterior de productos de alta tecnología lo reflejan claramente. En 2008 España exporta productos de alta tecnología por valor de 7.841,8 millones de euros e importa por valor de 27.851,9 millones. De hecho la Tasa de cobertura (porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas en un período de tiempo) de este tipo de mercancías viene experimentando una tendencia a la disminución. En 2005, la tasa fue del 37% mientras que en 2008 había descendido hasta el 28%, lo que indica que el país es cada vez más dependiente tecnológicamente. Igual que en el pasado, España importa mucha tecnología y exporta poca, en contra de lo que sucede en los países más desarrollados. Sólo con la caída de la demanda interna derivada de la crisis económica y no por el esfuerzo de España en I+D —que de hecho se ha reducido—, la tasa de cobertura de productos de alta tecnología ha podido aumentar hasta el engañoso 49% de 2011.

Vemos, por tanto, que el capitalismo español no ha perdido en la época de la España modernizada y democrática el carácter semicolonial que lo ha venido caracterizando casi desde su nacimiento en el siglo XIX. El Alto Comisionado del Gobierno para eso que han dado en llamar la Marca España ha afirmado recientemente que

“España es un país que desde que existe como Estado moderno ha requerido el concurso de capital extranjero para financiar la gigantesca colonización de América, las guerras en suelo europeo o el crecimiento económico desde la incipiente revolución industrial del siglo XIX hasta el posterior desarrollo del siglo XX tras el enorme drenaje de fondos que supuso la Guerra Civil.

La inversión extranjera en España ha jugado siempre un papel importante evitando en muchos casos el estrangulamiento que nuestra falta de recursos propios de capital habría ocasionado. Puede afirmarse, sin temor a caer en exageraciones, que el desarrollo económico y social de España no hubiese sido posible sin la contribución de la inversión extranjera.

“Hoy España, la Marca España, no puede entenderse sin la decisiva aportación que ha supuesto la inversión extranjera al desarrollo, internacionalización, innovación y mejora de la competitividad de nuestra economía”[10].

Se lamentaba —además— el Alto Comisionado, marqués de Valtierra desde 1985, de que “tanto la literatura económica española como la opinión pública, o no se han interesado o no conocen suficientemente el papel que ha jugado en nuestro bienestar y en nuestra competitividad” el capital extranjero[11]. Es cierto. Durante varias décadas ha sido necesario ocultarlo para defender la “normalidad” del desarrollo histórico del país, frente a la “particularidad” que siempre señaló el pensamiento marxista. Y es lógico que así se haya hecho, pues no parece muy “normal” un capitalismo que, por falta de recursos propios, era incapaz de desarrollarse sin la masiva afluencia del capital extranjero. Desde luego, a nadie se le ocurriría afirmar lo mismo del capitalismo británico, francés, alemán o norteamericano, pese a la importancia que la inversión extranjera pueda tener en esos países en el actual estadio de la economía mundial. El capitalismo en todos esos países se desarrolló basándose en sus propios medios, en la acumulación de capital de su propia burguesía. No fue ese el caso de España porque aquí se desarrolló un capitalismo “extraordinariamente dependiente del capital extranjero”, o sea, un capitalismo burocrático. Que el marqués de Valtierra lo reivindique no es de extrañar puesto que representa a una oligarquía que siempre prosperó al calor de las inversiones del imperialismo extranjero, con el que desde el principio se alió para el común saqueo de los recursos naturales y humanos del país. No puede estar más claro, sin embargo, que si los capitales extranjeros son los principales responsables del “desarrollo económico y social de España” —lo cual es cierto—, también tendrán una gran responsabilidad en la crisis profunda del modelo de crecimiento económico que impulsaron en el país. Al igual que la tiene la oligarquía a la que representa el marqués de Valtierra.

¿Cómo es posible que un capitalismo de ese tipo, que no podía entenderse sin la participación decisiva de la inversión extranjera, haya desarrollado una importante dimensión imperialista durante los años noventa, hasta el punto de que el país se convierte en uno de los mayores inversores extranjeros en regiones como Latinoamérica, disputándole la hegemonía a los mismísimos Estados Unidos?

Ciertamente, la tendencia no es nueva. De hecho, las clases dominantes españolas siempre han intentado aprovechar los momentos de expansión económica en el interior —vinculados a la afluencia masiva de capitales extranjeros— para poner en marcha políticas expansionistas en el exterior. Pero tras estos períodos de expansión económica, política y militar en el exterior, venían siempre profundos hundimientos que acababan en un mayor sometimiento de la economía del país a los capitalistas extranjeros. Esto mismo sucederá en la etapa histórica actual.

Los primeros intentos de proyección internacional de la economía española se registraron durante los años sesenta, principalmente en torno a 1964-1965, en un contexto de gran crecimiento interno impulsado por la afluencia masiva de capital extranjero, sobre todo del norteamericano. El intento de expansión se dirigió hacia América Latina y se materializó, no sólo en un aumento de la exportación de mercancías desde España, sino también en la exportación de capitales (IED), tendencia que se acentuó a principios de los años setenta. En aquellos años España conservaba aún los territorios coloniales africanos del Sáhara español, Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial. Posteriormente, durante los años ochenta, las relaciones económicas de España se dirigen principalmente al continente europeo, reduciéndose los vínculos con Latinoamérica.

Pero habrá que esperar hasta la década de los noventa para que se inicie el proceso de expansión de las grandes empresas monopolistas españolas fuera de nuestras fronteras, un proceso que alcanza una dimensión verdaderamente importante durante la década del 2000. Antes de los años noventa prácticamente no existían inversiones directas de capital español fuera del país, tras el desastre que supuso la aventura colonialista en África. Así de reciente es, realmente, nuestra historia de moderno país imperialista.

neocolionalismo

En la primera etapa, el grueso de las inversiones se orientó hacia Latinoamérica. La vía utilizada no fue tanto la creación de nuevas empresas —lo que no concordaba demasiado con la aversión al riesgo de la aristocracia financiera hispana— sino la adquisición de empresas ya existentes que disfrutaran de una posición hegemónica o incluso monopolista en el mercado del país receptor. Para ello aprovecharán, en un primer momento, la política de fuertes privatizaciones de empresas estatales que estaban llevando a cabo los países latinoamericanos en aquellos años. Se invierte principalmente en el sector de la energía, finanzas, telecomunicaciones e infraestructuras, siendo muy escasa la inversión en industria manufacturera y metalúrgica, a diferencia de lo que sucede con la IED extranjera en España.

Las empresas españolas se orientan hacia “sectores ocupados históricamente en España por grandes empresas públicas en régimen de monopolio y otras privadas que actuaban en régimen de oligopolio”, buscando condiciones similares en los países destinatarios de su inversiones de capital[12]. Las inversiones en cartera se desarrollan principalmente entre 2003 y 2006, centrándose principalmente en el sector bancario.

En una segunda fase del proceso de internacionalización, la IED española se va orientando hacia la Unión Europea y se diversifica algo más, llegando en 2009 a representar el 60% del stock total de IED emitida por España.

Para entender la expansión internacional del capitalismo hispano que tiene lugar a partir de los años noventa, hay que tener en cuenta que dicha expansión se produce en el contexto de la etapa de gran crecimiento que se iniciaba en aquellos años. Desde mediados de esa década, la economía especulativa que se desarrollaba en España torno al sector de la construcción llega a límites desconocidos hasta ese momento en Europa, generándose la gigantesca burbuja inmobiliaria que todos conocemos. Y la burbuja inmobiliaria dio lugar a la burbuja imperial.

Esta expansión no puede concebirse sin la inyección continuada de grandes volúmenes de financiación externa procedente, principalmente de Alemania, que así encontraba una forma lucrativa de invertir los excedentes de capital que acumulaba su poderosa banca. Una financiación que, además, se abarata considerablemente con la constitución de la Unión Económica y Monetaria y la introducción del euro entre 1999 y 2002.

Sin el recurso a la financiación externa, abundante y barata, que inyecta masivamente el imperialismo europeo en la economía española no se entiende el segundo milagro económico español y sin dicha financiación no se entiende tampoco la expansión imperialista española. Efectivamente, las transnacionales hispanas no contaron en ningún momento con importantes recursos propios para llevar a cabo dicha expansión. La financiación externa se materializó, por tanto, a través de préstamos de la banca europea a la banca española y de inversiones de cartera (bonos bancarios) respaldadas por activos inmobiliarios. Dicha inversión “fue clave para financiar procesos de crecimiento empresarial, incluido la implantación de las empresas españolas en el exterior[13].

Por lo tanto, el imperialismo español fue, en cierta medida, un imperialismo de prestado, como prestada —o más bien importada— fue la tecnología que las empresas españolas utilizaron en su expansión. Pues si no tenían recursos propios, tampoco era suya —española— la mayor parte de la tecnología.

Sin embargo, tras el estallido de la actual crisis económica se hizo extremadamente complicado acceder a nueva financiación externa, dificultades que se trasladaron al mercado financiero interno. El resultado fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la frágil economía española.

El efecto de este hundimiento en las transnacionales hispanas se refleja en una reducción parcial de su importancia relativa en los países receptores de la IED española, por la política de desinversiones que varias compañías —por ejemplo, Telefónica— están llevando a cabo para reducir su deuda[14]. Sin embargo —y a pesar de esta relativa reducción— lo cierto es que, en líneas generales, parece que las multinacionales están consiguiendo mantener buena parte de las posiciones conquistadas en la etapa expansiva. Para financiarse en esta época de crisis no han podido recurrir, de la misma forma que antes de la crisis, al crédito bancario. Tampoco han podido recurrir a la emisión de unos bonos corporativos que ya no era posible respaldar con unos tóxicos y desvalorizados activos inmobiliarios. Por lo tanto, la emisión de acciones se convierte en la principal forma de seguir financiando la expansión exterior empresarial[15].

Y precisamente en el mercado bursátil, en la compra-venta de esas acciones, es donde se va produciendo la pérdida de la españolidad de la mayoría de estas transnacionales. O sea, que si se están manteniendo como empresas multinacionales durante estos años de crisis profunda del capitalismo español, es a costa de ser cada vez menos españolas.

Efectivamente, la estrategia del imperialismo norteamericano y europeo parece pasar, no tanto por aprovechar la crisis para desplazar a las multinacionales españolas de sus mercados exteriores, sino por aprovechar en beneficio propio las posiciones que conquistaron en esos mercados durante los años anteriores, haciéndose progresivamente con su capital social y manteniendo una nacionalidad española cada vez más ficticia[16].

Por último hay que hacer una breve mención a la balanza de rentas. En esta balanza se refleja la relación existente entre los ingresos o beneficios producidos por las inversiones españolas en el exterior, y los pagos por las inversiones realizadas en el interior (en España) por los capitalistas extranjeros. Pues bien, a pesar de los cuantiosos beneficios obtenidos por las multinacionales españolas en sus negocios en el exterior durante la primera década del siglo XXI, lo cierto es que la balanza de rentas ha sido siempre deficitaria para España[17]. O sea, que el valor de la riqueza española que han succionado los capitalistas extranjeros ha sido siempre superior a la riqueza de otros países que han conseguido succionar los capitalistas españoles.

Dicho con nuestras palabras, podríamos resumirlo así: igual que en el pasado, la economía de España tiene una tendencia semicolonial y una tendencia imperialista, y la que más pesa sigue siendo la semicolonial. Y durante la actual crisis —al igual que en las anteriores— esta dimensión semicolonial se ha venido reforzando progresivamente.

[Extraído del libro Revolución burguesa, semifeudalidad y colonialismo. Raíces históricas del atraso y la crisis de España.

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[1] Javier Mesones, “BBVA ya tiene más accionistas extranjeros (52,3%) que españoles (47,7%)”, Invertia, 14-03-2014.

[2] “Los inversores extranjeros ya tienen un 19,3% del capital de Bankia”, Expansión.com, 10-03-2014.

[3] Joan-Eugeni Sánchez, “El mercado inmobiliario y los promotores: cambios en la gran empresa inmobiliaria”, 2003.

[4] Carlos Sánchez, “Casi el 40% de la industria española está ya en manos de empresas extranjeras”,El Confidencial, 26-09-2013.

[5] Carmen Llorente, “España pierde el control de la alimentación”, El Mundo, 1-03-2010.

[6] Esto sin contar con el capital extranjero de sus accionistas principales CaixaBank y Sacyr Vallehermoso. La salida de la mexicana Pemex del accionariado no cambia esta circunstancia puesto que sus acciones van a seguir, obviamente, en manos del capital extranjero.

[7] Carlos Díaz Güell, “AT&T-Telefónica: Las empresas españolas están baratas y en el punto de mira de los cazadores de gangas”, en el blog económico Tendencias del dinero, edición nº 215, junio de 2013.

[8] Isabel Ordóñez, “La colonización extranjera de la economía española”, Forum-Libertas.com, 1-09-2010.

[9] Adoración Álvaro, Nuria Puig y Rafael Castro, “Las empresas multinacionales extranjeras en España”, 2008.

[10] Deloitte, “La inversión extranjera en España y su contribución socio-económica”, 2014, p. 4.

[11] Ibíd…, p. 5.

[12] Ramón Casilda Béjar, “La década dorada 1990-2000. Inversiones directas españolas en América Latina”, 2002.

[13] Emilio Ontiveros y Sara Baliña, “La internacionalización de la economía española”, 2012, p. 133.

[14] “Telefónica vende activos en Centroamérica para reducir la deuda”, El País, 30-04-2013; “Telefónica vende su filial en Irlanda por 850 millones a Hutchison Whampoa”, El País, 24-06-2013.

[15] Emilio Ontiveros y Sara Baliña, op. cit., p. 136.

[16] El periodista económico Carlos Díaz Güell señala en un interesante artículo que una de las condiciones que el capital extranjero valora más positivamente a la hora de invertir en acciones de grandes empresas españolas es precisamente “que tengan un elevado porcentaje de internacionalización” (Carlos Díaz Güell, op. cit.).

[17] Emilio Ontiveros y Sara Baliña, op. cit., p, 137.

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REVOLUCIÓN BURGUESA, SEMIFEUDALIDAD Y COLONIALISMO. Raíces históricas del atraso y la crisis de España (nuevo libro)


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Introducción

Cuando estaba acabando la redacción de este libro tuvieron lugar las elecciones al Parlamento europeo del 25 de mayo de 2014. Si los resultados se pudieran extrapolar a las elecciones generales que tendrán lugar a finales de 2015 o enero de 2016, el bipartidismo se habría acabado España. Llevan algún tiempo anunciándolo, pero hasta ahora no acababa de manifestarse realmente. Por primera vez, la suma de votos de los dos grandes partidos turnantes no llega al 50% de los sufragios.

Poco antes de que las europeas se celebrasen, se escuchaban ya las primeras voces que apuntan a la posibilidad “teórica” de que pueda llegar a requerirse un gobierno de concentración entre el PP y el PSOE, si circunstancias excepcionales o de emergencia lo demandaran. Si los resultados de las europeas se trasladasen a las generales —lo que no tiene por qué suceder exactamente— ni siquiera esa coalición antinatura proporcionaría la mayoría necesaria para gobernar. Haría falta algún apoyo más.

En Barcelona llevan ya varios días de ardientes barricadas a pesar del fuerte dispositivo policial que pretendía impedirlo. Los jóvenes de la ciudad parecen querer hacer honor a la fama que un día Barcelona tuviera. Escribió Engels una vez que la capital catalana era “la ciudad fabril de España, cuya historia registra más luchas de barricadas que ninguna otra del mundo”. Y cuando Engels lo dijo ya habían tenido lugar tres grandes revoluciones en París (1789, 1830 y 1848). Si las luchas se siguieran reproduciendo en Catalunya podrían llegar a afectar al desarrollo del proceso soberanista, que parecía imparable. La burguesía catalana podría asustarse una vez más y aplazar sus planes independentistas. No sería la primera vez que lo hacen ante el pánico que provoca en ellos la sola posibilidad de la insurrección de las masas. Para reprimir al pueblo conviene tener cerca a la guardia civil y, si hiciera falta, también al ejército español. El alcalde de Barcelona parece consciente del problema y ha comenzado a recular. La hierba está demasiado seca.

Barcelona-okupas

Comparando la situación actual con otras de nuestra historia, podríamos encontrarnos en un momento cercano al que se vivió en torno a 1917. Fue el momento en que se vino abajo el bipartidismo implantado en 1876 con el sistema canovista. Luego vinieron seis años de gran conflictividad social, nacional y colonial (Annual), que dieron paso a una dictadura (1923), cuyo hundimiento llevó a la segunda República (1931) y a la guerra nacional revolucionaria (1936).

En 2015 ­habrá elecciones municipales, autonómicas y generales. Mala coincidencia. Si al final se confirma la crisis del bipartidismo de la que se habla —la duda no es si tal crisis se producirá sino cuándo—, la oligarquía podría encontrarse con grandes problemas para gobernar el país. En 1923, pocos meses antes de que el general Miguel Primo de Rivera diera el golpe de Estado en Barcelona, la composición del Parlamento español era la siguiente:

  • 120 demócratas; 55 romanonistas; 55 albistas; 25 reformistas; 10 gassetistas; 10 seguidores de Alcalá Zamora; 78 de Sánchez Guerra; 18 bugallalistas; 23 mauristas; 26 republicanos; 7 tradicionalistas; 28 regionalistas; 9 socialistas y los restantes, ciervistas, agrarios y otros.

La crisis política se hizo insostenible. El parlamentarismo español fue incapaz de resistirlo. Por eso, en la Transición se preocuparon bastante de diseñar un sistema que facilitara la alternancia pacífica entre los dos grandes partidos —el liberal (hoy PSOE) y el conservador (PP)— y conjurara el peligro de la fragmentación política. Porque sabían que España no la resiste. Si en medio de la profunda crisis económica en la que el país se encuentra, con seis millones de parados, el bipartidismo se hunde y da paso a una situación política excesivamente fragmentada que obligue a instaurar gobiernos de concentración, de aquí a unos pocos años podría ser necesario recurrir a un cambio radical del sistema político que permitiera la conservación del sistema de Estado. Cambiar todo para que todo siga igual. La abdicación del rey forma parte de todo este proceso y, a su vez, contribuirá, sin duda, a acelerarlo.

La situación se agrava considerablemente si a la crisis económica y política se le suma la agudización de la cuestión nacional. En 1922 se fundaron en Catalunya “Acciò Catalana” y Estat Català (hoy ERC), en oposición a la política de la Lliga (hoy CIU). Un año después se articula una Alianza de nacionalidades para aglutinar al nacionalismo de Catalunya, Euskadi y Galiza. Dos días después de la firma de la Triple Alianza nacionalista el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, daba el golpe de Estado que acababa con el Parlamentarismo restauracionista, iniciándose un período de siete años de dictadura. Hoy quizás no fuera tan fácil resolver el problema. La intervención del imperialismo extranjero podría complicarlo todo mucho más, contribuyendo a una balcanización que podría convenirles.

No es que un golpe militar tenga necesariamente que producirse, aunque tal y como están las cosas todo es posible, y de vez en cuando se escucha algún ruido de sables, siempre en relación con el problema catalán. Se piense o no en un golpe militar, es de suponer que las clases dominantes estarán barajando ya algún tipo de salida más o menos autoritaria, por si fuera necesario recurrir a ella cuando fracasen los gobiernos de concentración. Y quién sabe si ya estarán haciendo algunos experimentos. Ya sé que son muchos condicionales, pero a veces las cosas se lían de una forma increíble. Y a perro flaco todo son pulgas.

Por otra parte, las cosas en Europa no es que vayan en sentido contrario, precisamente. No en vano, en nuestra vecina y democrática Francia acaba de ganar las elecciones europeas un partido fascista y en 2017 podríamos tener un gobierno de ese tipo pegado a nuestra frontera. Puede que incluso antes, pues Marine Le Pen, tras su triunfo electoral, ha reclamado la disolución de la Asamblea y la convocatoria anticipada de elecciones legislativas.

Personalmente, no creo que un partido como el de Le Pen pueda arraigar fácilmente en España, aunque ya haya algún ejemplo de ese tipo en algunas localidades de Catalunya. El sentimiento de rechazo de los españoles al fascismo es demasiado grande, tras casi cuarenta años de criminal dictadura. Y un nuevo golpe militar podría provocar una revolución popular y otra guerra civil. Así que lo más probable es que el fascismo en España, para avanzar por la vía pacífica, venga disfrazado de progresismo.

Lenin explica que una situación revolucionaria se caracteriza por tres síntomas principales:

  1. “La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las «alturas», una crisis en la política de la clase dominante que abre una grieta por la que irrumpe el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no suele bastar que «los de abajo no quieran» sino que hace falta, además, que «los de arriba no puedan» seguir viviendo como hasta entonces.
  2. Una agravación, fuera de lo común, de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas.
  3. Una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempos de «paz» se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda la situación de crisis, como por los mismos «de arriba», a una acción histórica independiente”.

De estos tres síntomas, el segundo parece que es el que podemos ver más claramente. Durante la actual crisis económica los sufrimientos de las masas populares en España han aumentado muchísimo, llegando en bastantes ocasiones a la desesperación.

El primero de los síntomas aún no se había manifestado abiertamente, pero ya comentamos antes que en las próximas elecciones (2015) podrían comenzar a registrarse auténticos problemas para gobernar el país, si los resultados electorales siguieran la tendencia de las europeas del 2014. Por lo pronto, la crisis que ya venía sufriendo uno de los dos partidos del turno pacífico (el PSOE) se ha agudizado considerablemente tras el fracaso electoral, encontrándose ahora en la tesitura de tener que elegir a toda velocidad una nueva dirección y un nuevo candidato a las elecciones del próximo año. Aún no había acabado la anterior dirección de plantear la renuncia a continuar en sus cargos y ya estaban los barones socialistas tirándose los trastos a la cabeza. El proceso soberanista de Catalunya también está agudizando las contradicciones en el sistema político y más que las va a agudizar. Las clases dominantes, conscientes de lo peligrosa que es la situación, han optado por acelerar el recambio en la Jefatura del Estado pensando, probablemente­, que si las cosas están mal, mucho peor van a ponerse.

Y en cuanto al tercer síntoma de la situación revolucionaria, será la crisis política de la clase dominante la que abra las grietas por las que irrumpirá, más temprano que tarde, la creciente indignación de las masas populares, arrastrando “a la política hasta a las masas más atrasadas”. No es la movilización de las masas la que genera la situación revolucionaria sino al revés: el desarrollo de la situación revolucionaria es la que genera el ascenso de la lucha de las masas.

En los últimos tiempos se han registrado algunas luchas importantes. La de la minería en el verano de 2012 fue una de las que más consiguió impactar en la conciencia del pueblo, removiendo al país entero.

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Recientemente (enero de 2014), en el barrio burgalés de Gamonal la movilización popular consiguió hacer retroceder a la oligarquía caciquil, que tuvo que abandonar un gran proyecto de especulación urbanística ante el peligro de que el ejemplo de lucha de todo un barrio se extendiera a otros lugares del país, lo que ya empezaba a suceder. En mayo de este año, las barricadas han vuelto a incendiar las calles de Barcelona. Igual que en Burgos, los jóvenes de Barcelona consiguen el apoyo popular. La prensa se alarma: “El método Gamonal se exporta a Barcelona.

Lenin aclara:

  • “ni la opresión de los de abajo ni la crisis de los de arriba basta para producir la revolución –lo único que producirán es la putrefacción del país— si el país dado carece de una clase revolucionaria capaz de transformar el estado pasivo de opresión en estado activo de cólera y de insurrección”.

Y para ello, la clase revolucionaria necesita un partido auténticamente revolucionario, un partido que consiga encontrar el camino para dirigir la lucha del pueblo hasta la toma del poder, derrocando el aparato del Estado de las actuales clases dominantes. Lo dijo Joaquín Costa: para que viva el pueblo es preciso que desaparezca la oligarquía imperante.

Este libro intenta ser una contribución a ese proceso. Porque la historia tiene mucho que aportar. Entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta se desarrolló en España una situación objetivamente revolucionaria como la que hoy se está desarrollando, con las evidentes particularidades que diferencian a una y otra época. Y en aquellos años, la historia, la ciencia histórica, se convirtió en fundamental objeto de estudio y de debate. Se discutía sobre el carácter que debía tener una revolución que se veía cada vez más cerca, en el contexto de una profunda crisis económica y política y en medio de un creciente ascenso de la lucha popular. Y para responder a las preguntas que se planteaban fue necesario volver la mirada hacia el pasado, al objeto de intentar comprender el proceso histórico del país en los últimos dos siglos. El debate científico estuvo, pues, mediatizado por el debate político. No podía ser de otra forma. La historia, para estar viva, tiene que ponerse al servicio de la lucha de clases.

En aquellos apasionantes debates se acabaron imponiendo las clases dominantes, que contaron con el decisivo apoyo que les proporcionó el revisionismo, en el que se inscribieron los más destacados historiadores del momento. Y durante los años ochenta, la situación revolucionaria remitió. Con la entrada del país en la CEE volvieron a registrarse elevadas cifras de crecimiento económico, el nuevo sistema de gobierno consigue finalmente consolidarse y las grandes luchas populares fueron poco a poco desapareciendo. Dejaron, eso sí, importantes lecciones para la historia (Reinosa, Bilbao, Riaño, etc.) que tendrán que ser estudiadas y discutidas en ésta época por los historiadores que se comprometan con la lucha de clases actual.

Los debates historiográficos se fueron cerraron, quedando nada más que controversias más o menos insignificantes, y la historia se fue muriendo.

Una vez cumplida —con indudable éxito— su tarea, la historiografía revisionista entra en crisis y es abandonada casi por completo. A las clases dominantes ya no les servía para nada. Y los que no se pasaron a las nuevas corrientes postmodernas que el imperialismo fue imponiendo quedaron como viejos símbolos de una época ya periclitada.

Durante los noventa, tras unos años de crisis, tiene lugar, a partir de 1996, otro ciclo expansivo, en el que se alcanzan nuevamente elevadas tasas de crecimiento económico. Son los años en los que se genera la famosa burbuja inmobiliaria, que se inflaba cada día más, en una escalada especulativa que no se había visto desde mediados del siglo XIX. Las grandes empresas monopolistas españolas, financiadas por el crédito abundante y barato que proporciona la banca europea, volvían a surcar — arrogantes— los mares en busca de países en crisis a los que colonizar. Se empieza a hablar de un nuevo “milagro económico español”, equiparable al que se había producido en los años del desarrollismo franquista.

Y la burbuja inmobiliaria generó la burbuja historiográfica, encumbrando a una serie de historiadores mediáticos que comienzan a redactar la nueva síntesis de la historia de España. A las clases dominantes de aquellos años les hacía falta una síntesis acorde con los tiempos exitosos que se vivían, para reforzar la imagen de un país que aspiraba a convertirse en la séptima potencia mundial por PIB; para reforzar lo que ahora llaman “la marca España”. Porque España iba bien. Y no es que fuera bien en aquel momento; es que siempre había ido bien, aunque una serie de pesimistas, frustrados y con complejo de inferioridad se hubiesen empeñado en no reconocerlo. Las campanas de todas las iglesias repicaron por la normalidad de la historia de España. Y comenzó la fiesta.

En 2008, en el contexto de la crisis del capitalismo internacional, estalla la burbuja inmobiliaria y queda a la vista de todo el mundo que lo que llamaban milagro no había sido más que un espejismo. La crisis es internacional, pero golpea en España con mucha mayor virulencia que en otros países, poniendo de manifiesto los graves problemas estructurales que arrastraba su frágil economía. El paro sube hasta los seis millones de personas; miles de familias son desahuciadas de sus viviendas. Se acabó la fiesta.

Ahora toca ajustar las cuentas con aquella historiografía; con la de los revisionistas de los años setenta y ochenta y con los liberales que vinieron después. Es necesario reabrir los debates que se cerraron en falso y volver a discutir sobre el carácter de España y sobre las claves del proceso histórico que ha llevado al país al actual hundimiento. Para ayudar a los que tienen que dirigir en el futuro inmediato las luchas del pueblo a encontrar el camino que en los años setenta no fue posible encontrar. Porque la historia tiene que volver a fundirse con la lucha de clases. Solo así podrá volver a la vida.

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¡Alégrense chicos, ya vienen las inversiones!


Hubo un tiempo, al principio de la crisis, en que comenzó a decirse que había que cambiar el modelo económico de España. Para todos era evidente: nuestro país tenía importantes “problemas estructurales”. Lo decían hasta los más reputados analistas internacionales: “el modelo de crecimiento que ha tenido España ha llegado a su fin porque estaba impulsado por una amplia disponibilidad del crédito y eso no va a volver. Además, el crédito se ha dirigido a sectores que no ofrecen capacidad de exportación de cara al futuro, como el sector inmobiliario o el financiero”. Y era cierto: casi el 40% del PIB dependía del ladrillo, y con el ladrillo, la especulación, la corrupción urbanística.

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Ya todos lo decían, y además era evidente. Sin embargo, al Gobierno de turno le costó comprenderlo. Durante un tiempo intentó evitar la crisis con una brillante estrategia: repetir una y otra vez la consigna mágica: “España no está en crisis económica”, “es prácticamente imposible que se reproduzca en España la crisis hipotecaria de EEUU”. Se trataba, básicamente, de cerrar fuertemente los ojos y rezar para que, al abrirlos de nuevo, el monstruo hubiese desaparecido. La estrategia se fundamentaba en una compleja teoría que defienden multitud de economistas: las crisis se producen… porque la gente se empeña en decir que hay crisis. Uno lo dice primero, luego otros comienzan a repetirlo, la gente se asusta y deja de comprar, las tiendas cierran, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la crisis surgen… en la mente de la gente.cataluña_Zapatero_crisis[1]

Poco a poco, visto que la brillante estrategia y la compleja teoría en la que aquella se sustentaba no producían los efectos esperados y la economía del país comenzaba a desmoronarse, fueron comprendiendo que, efectivamente, la economía de España debía tener graves “problemas estructurales”.

Entonces se pusieron manos a la obra para conseguir que el país saliese “airoso” de la  “crisis internacional pasajera”. La nueva estrategia pasaba por “cambiar el patrón de crecimiento de la economía española” que, hasta ahora, dependía en gran medida del mercado de la vivienda”. “A diferencia de Alemania, no podemos salir de la crisis con el mismo modelo económico con el que entramos porque el sector de la construcción no va a recuperarse al mismo nivel. Vamos a potenciar sectores de futuro y que permitan que la economía española se recupere”. E hicieron lo que hacen los gobiernos: leyes. Efectivamente, el BOE del 5 de marzo de 2011 publica la “Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible”, ¿alguien se acuerda? La Estrategia para una Economía Sostenible —se explica en el Preámbulo— daba prioridad al incremento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación para servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero, sostenible, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación…

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Bellas palabras. Los hechos, sin embargo, fueron otros. A los pocos meses de la promulgación de la Ley, ya saltaba la alarma en la comunidad científica al conocerse el recorte del dinero destinado a financiar los proyectos de I+D, las becas y los contratos de investigadores que el Gobierno planteaba realizar en el siguiente año. Pero los recortes no se quedaron ahí. En el presupuesto para 2012 se recortaron 600 millones de euros sobre el presupuesto ya recortado del año anterior. Todo en un país en que la propia estructura de las empresas (el 99,88% de las empresas son pymes) y la mentalidad rentista de la mayoría de los empresarios hace inviable dejar el I+D en manos del mercado, de la iniciativa privada.

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Total, que el sueño de cambiar el modelo económico español se reveló, efectivamente, como un sueño, una quimera, algo imposible con nuestros mimbres. Por lo tanto, el asunto se olvidó y no se habló más del tema.

Luego llegó el nuevo Gobierno de turno y cogió el toro por los cuernos. Si la economía española tenía graves problemas estructurales, había que poner en marcha grandes reformas estructurales: la del sector financiero, la del mercado laboral (abaratando costes laborales y despidos) y la estabilidad presupuestaria. En cuanto a aquello del cambio del modelo económico, si el Gobierno saliente ya lo había enterrado, no sería el Gobierno entrante el que fuera a resucitar esa ridícula utopía progre. España puede salir de la crisis con el mismo modelo económico con el que entró en ella. Igual que Alemania. Y no se hable más. Lo que hay que hacer es corregir algunos desajustes y favorecer las condiciones para que el dinero vuelva a entrar en España. Y sentarse a esperar, aprovechando cualquier ocasión para decir que ya se está saliendo de la crisis, siguiendo la misma compleja teoría económica que antes mencionamos: Uno lo dice primero, luego otros comienzan a repetirlo, la gente se anima y comienza a comprar, las tiendas abren, etcétera, etcétera. Porque las recuperaciones surgen… en la mente de la gente; de alguna gente.

Estos días han sido destacados miembros de la oligarquía económica los que se han puesto a repetir la cantinela. Uno lo dijo primero (Botín, BSCH) y otro comenzó a repetirlo (Alierta, Telefónica), éste último representando nada menos que a todo un think tank (el Consejo Empresarial de la Competitividad). Y si lo dice todo un think tank, por algo será. Ya solo falta que la gente se anime y comience a comprar, las tiendas abran… Porque, según parece, en España está entrando dinero por todas partes. Dinerito fresquito, y sin necesidad de cambiar el modelo económico. ¡Genial!

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 Y puede que sea cierto. En las temporadas de rebajas, como en los mercadillos, la gente se anima a hacerse con las gangas y aumentan las ventas. Y España está en venta… a precio de saldo. Por eso entra dinero, porque hay compradores. Se vende la riqueza de nuestro subsuelo y muchas de las empresas que se encuentran sobre el mismo suelo. Según los datos que se manejan, está aumentando la Inversión Extranjera Directa (en 2012 subió un 3,7% y más está subiendo en 2013) y la inversión de cartera (en acciones en la bolsa). El dinero que se fue de España cuando su economía comenzaba a desplomarse vuelve ahora “animado por el bajo precio de los activos españoles”. “La bolsa española está barata” y también lo están muchas empresas: “Es ahora cuando hay que comprar, cuando las cosas están baratas. Bill Gates ha visto que FCC tenía mucho valor y ha hecho lo lógico: comprar cuando el precio es más barato que el valor. Y eso es lo que está haciendo ahora muchísima gente en la bolsa”, explica un profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles.

España se vende

Así que no es extraño que sea verdad lo que dice, exultante, nuestra vendida oligarquía. Entra dinero en España. Y más que va a entrar, a corto plazo, a medida que se profundiza en el proceso de desinversiones que están protagonizando las multinacionales “españolas” en el extranjero, particularmente en América Latina, para hacer frente a su elevado endeudamiento. Un ejemplo lo tenemos en la petrolera Repsol, una de las integrantes de la armada “española” en Latinoamérica, aunque más del 50% de sus acciones se encuentra en manos de capital extranjero. En los últimos tiempos ha vendido a la china Sinopec el 40% de su filial brasileña, el 3,3% de YPF a dos fondos de inversión, el 30% de Refap a la brasileña Petrobras, etc.  En el sector energético se han producido un total de 34 desinversiones; en el financiero, 24; y en el de infraestructuras, 19. Las transacciones se han producido en Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Perú y Colombia. Ciertamente, aún mantienen las multinacionales “españolas” un nivel importante de IED en Latinoamérica. De hecho, “España” sigue siendo uno de los principales inversores en la región, aunque -desde antes de la actual crisis- entre el 30% y el 60% del capital de sus multinacionales estaba en manos de fondos de inversiones extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y resto de Europa. Sin embargo, este destacado papel que las multinacionales “españolas” han venido desempeñando a nivel internacional no puede sino tender, en la actual crisis, a la reducción, tanto en valores absolutos como relativos. Así, “mientras que las multinacionales norteamericanas incrementaron su participación en los flujos de IED hacia los países de América Latinan, España, que en 2011 había sido el tercer país en orden de importancia, perdió fuelle. Las inversiones de firmas españolas se redujeron sensiblemente en un contexto de desinversiones y cayeron del 14% al 5% del total, al mismo tiempo que las de China escalaron posiciones y las de Holanda aumentaron un punto, al 11%”. “No creo que el país tenga el capital para crecer en la región, pues le falta recursos para mejorar su propia economía“, comenta Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De hecho, el proceso de desinversiones de las empresas españolas en el exterior ha crecido un 412% en relación con el año anterior y seis veces más que en 2010.

Dolares

Por lo tanto, debe ser cierto que, por un lado y por otro, está entrando dinero contante y sonante a España, pero cuanto más dinero entra más se reduce el protagonismo del imperialismo español y más aumenta la dimensión semicolonial de nuestra economía; una dimensión que el país no ha podido superar durante toda la contemporaneidad (siglos XIX-XXI) y que no puede explicarse al margen de una inconclusa revolución burguesa que, en el siglo XIX, no fue capaz de llevar a la burguesía al Poder estatal. Si esto no se comprende no puede entenderse tampoco la inutilidad de cualquier esfuerzo que se haga para cambiar radicalmente nuestro modelo económico, nuestro “patrón de crecimiento”. Aunque algún Gobierno se lo tomase realmente en serio -cosa que en verdad creo que nunca se ha hecho- chocaría con los intereses de la retrógrada oligarquía en la que cualquier Gobierno en España ha de sustentarse.

Por tanto, podremos volver, como dicen, a cifras de crecimiento positivo, pero será a costa de ser cada vez más semicoloniales, de tener una economía más sometida a los intereses del capital extranjero. Y el pueblo será quien lo pague. La cuestión no es, pues, crecer o no crecer, sino hacia donde se crece. Porque crecer ya crecimos mucho en otro tiempo, en los años buenos de la burbuja inmobiliaria. En 1995, por ejemplo, nuestro PIB creció un considerable 5%. Pero aquel crecimiento fue la antesala de este hundimiento. Y seis millones de parados lo están pagando.

Por lo tanto, las declaraciones de Botín y Alierta son como si los indígenas americanos, viendo llegar los barcos de los conquistadores que venían a saquearlos, hubiesen exclamado: ¡alégrense, chicos, ya vienen las inversiones! Hay gente que nunca cambia.

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[fotograma de la película “Bienvenido Mister Marshall”,

de Luis García Berlanga]

Primavera silenciosa, performance de la compañía Revoloarte


PRIMAVERA SILENCIOSA

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La compañia‘Revolotearte presenta la performance “Primavera Silenciosa”, dentro del III Encuentro de Performances del Centro de Arte La Regenta, un viaje por los trazos de la memoria colectiva de las jornaleras del campo, memorias silenciadas que son testigos de las huellas en el abuso de los plaguicidas del trabajo del campo.

Los relatos de las jornaleras tienen la urgencia del incesante recordar para que el pasado no las envenene. ‘Primavera Silenciosa’ persigue visualizar el menoscabo de los derechos básicos de la mujer rural en la agricultura intensiva y  mostrar la violencia mutiladora que los plaguicidas han ejercido sobre ellas.

 VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE

 HORA: 19:00 Horas

 LUGAR: Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.

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Homenaje a los mineros leoneses


“..Leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas”. (“Vientos del Pueblo”, Miguel Hernández)
Luto minero

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“Ve a España y diles a los españoles cuánto los apreciamos”. Presentación de “España, colonia yanqui”, de Felipe Muñoz Arconada (1951).


Ve a España y diles a los españoles cuánto los apreciamos”. “Que sepan lo mucho que les agradecemos su situación estratégica y el hecho de que nos acojan aquí”. Estas son las instrucciones que Barak Obama le dio a James Costos, antes de que partiera a hacerse cargo de la embajada de los Estados Unidos de América en España, en sustitución de Solomont, su antecesor en el cargo.

Costos venía ejerciendo hasta este momento la vicepresidencia de licencias y comercio minorista de la multinacional americana HBO, y no oculta que la ciberpiratería es uno de los temas en los que se va a centrar, ayudando al Gobierno de España a aplicar sus leyes… las leyes de España, se entiende: “Estoy deseando colaborar con el Gobierno de España para resolverlo. El problema no es tanto de leyes, que existen, como de falta de aplicación, de que no se imponen debidamente”.

EEUU y España

Pero este intervencionismo en la política de un país supuestamente soberano, con ser importante, no es la principal tarea que le ha sido encomendada al nuevo embajador: “Mi principal foco de atención en estos momentos es el terreno militar, por supuesto, la defensa y la seguridad. Y esto es algo que el presidente quiso que dejara muy claro a los españoles: que sepan lo mucho que les agradecemos su situación estratégica y el hecho de que nos acojan aquí”.

La llegada del nuevo embajador —cual modernísimo virrey imperial— coincide con el 60º aniversario del “Convenio defensivo, de mutua defensa y ayuda económica entre EEUU y España”. Firmado en 1953 por el dictador fascista Franco y el presidente Eisenhower, el acuerdo abrió las puertas a la presencia militar de los Estados Unidos de América en España. A cambio de un poco de ayuda económica, el acuerdo ponía un país hundido como España al servicio de los intereses militares de la que sería nueva superpotencia mundial, en sustitución de Alemania –derrotada en la guerra—y del Reino Unido y Francia, vencedoras de la guerra pero perdedoras de la postguerra.

Eisenhower y Franco

Han pasado 60 años y parece que estamos en el mismo punto. Desvanecidos los sueños imperiales que se generaron, sobre todo, a partir de los años noventa por el espejismo del “milagro económico español”, el Gobierno norteamericano acrecienta su penetración militar en el país. Se refuerza así el papel de España como plataforma de su agresiva “diplomacia” internacional, o sea, de las intervenciones militares —también llamadas guerras— con las que pretenden mantener una hegemonía mundial que le disputan pujantes competidores como China y Rusia.

Para ello la base naval de Rota recibirá en unos meses a los cuatro destructores norteamericanos que, equipados con el sistema Aegis antibalístico, vienen a integrarse en el conocido como Escudo antimisiles de la OTAN: “El momento más emocionante —explica el embajador— será la llegada de los cuatro destructores y me sentiré muy honrado de estar presente en la entrega”.

Además, la base de Morón de la Frontera acoge ya a una fuerza de intervención rápida de quinientos soldados norteamericanos y ocho aeronaves, preparadas para desplegarse rápidamente en cualquier país del norte de África en el que se demanden sus “servicios”.

Moron-USA

Igual que en los años cincuenta, los capitales extranjeros se abalanzan raudos sobre una hundida España para hacerse con un botín nada despreciable. Y entre esos capitales destacan los norteamericanos, igual que entonces[1]. El nuevo embajador no lo oculta: su siguiente prioridad, después de la militar, será la económica, haciendo de intermediario entre las empresas españolas y las multinacionales norteamericanas, al objeto —afirma Costos— de “colaborar” contra el paro: “También nosotros tenemos desempleo, así que entiendo lo que los parados sufren”. Sin embargo, no parecen preocuparle al nuevo embajador los miles de parados que está generando en las cuencas mineras de Asturias, León, Palencia y Aragón la importación masiva de carbón colombiano, extraído en condiciones semiserviles por multinacionales norteamericanas como Goldman Sachs, uno de los grandes bancos que detonaron la actual crisis económica mundial con sus hipotecas subprime.

La política que James Costos ha venido a impulsar en nuestro país no se limita a reforzar su presencia militar en nuestro territorio —“para proteger los intereses españoles” en el norte de África—, ni a ampliar la penetración de las multinacionales americanas —para ayudarnos a acabar con el paro—, ni siquiera a colaborar con nuestro Gobierno para que en España se cumplan las leyes. También viene a culturizarnos. El embajador no lo oculta: tras la militar y la económica, su prioridad será la cultural (ElPaís.com, 24-09-2013).

En este contexto que nos encontramos, parece recobrar mucha actualidad una obra que publicó en México en 1951 Felipe M. Arconada, hermano del literato César Muñoz Arconada, alguna de cuyas obras están disponibles en este blog, en la sección de Lecturas. Felipe Muñoz Arconada fue periodista, miembro del Comité Central del PCE, Secretario General de la Juventud Socialista Unificada en Madrid y responsable de la misma en el Ejército del Ebro, durante la Guerra Civil. Tras la finalización de ésta, vivió exiliado en Francia, Santo Domingo, Cuba, México y Hungría. Falleció en Madrid en 2003, a los 91 años.

Felipe M. Arconada-2El libro que ahora reseñamos se titula “España colonia yanqui: penetración del imperialismo norteamericano en España y evolución actual de la situación económica del franquismo”. Cuando se escribió aún faltaban dos años para la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, aunque había un “largo trecho de camino ya recorrido por la senda desastrosa del semicolonialismo”. Presentamos extractadas a continuación las principales ideas que se exponen en el libro [para los que ahora no vayan a leerlo entero] , una obra que los que estén interesados pueden leer directamente en este blog, en la sección de Materiales para la historia.

Arconada contextualiza históricamente el sometimiento de la política y la economía españolas a los intereses del imperialismo norteamericano. Efectivamente, el hecho en sí de la dominación sobre la vieja metrópoli colonial no era novedoso más que por el país que ejercía ahora el control principal. Lo cierto es que desde el siglo XIX –para no remontarnos ahora hasta el Antiguo Régimen— la economía hispana fue puesta al servicio de los intereses de los capitales extranjeros:

“…a partir de la segunda mitad del siglo pasado, las empresas imperialistas británicas, franco-belgas, y, más tarde, alemanas, han disfrutado de posiciones de primera importancia en los sectores fundamentales de la economía nacional; el de que –por efecto de la propia debilidad del capitalismo nacional— los elementos que hoy forman la oligarquía financiera han crecido y se han desarrollado, en gran medida, a la sombra de los intereses extranjeros dominantes en España y estrechamente conectados a ellos, sirviéndoles de agentes y de intermediarios y adquiriendo una larga experiencia de “colaboración” con los truts internacionales”… (p. 13).

 Tras la finalización de la segunda guerra mundial, la semicolonialidad se mantuvo pero se produjo un recambio en la nacionalidad de los dominadores. Felipe M. Arconada sintetiza en diversos puntos la forma por la que este proceso se estaba llevan a cabo:

 “Desde el 7 de julio de 1949, se está procediendo a la «adjudicación» de las empresas alemanas «expropiadas» con arreglo al Convenio concertado con los «aliados». Esta «expropiación» se ha traducido, lisa y llanamente, en el traspaso a manos norteamericanas de los extensos intereses y empresas de primera importancia que los alemanes poseían en España desde hace bastantes años, incrementadas en proporciones muy considerables durante el período en que los hitlerianos actuaron como los verdaderos dueños y señores de la economía franquista”.

[…] Esta operación ha permitido a los yanquis consolidar sus posiciones en sectores donde ya poseían intereses importantes (sector eléctrico); apoderarse del control monopolista de sectores de primerísima importancia (industrias química, farmacéutica, del caucho); ampliar su penetración en sectores donde sus posiciones eran débiles o inexistentes en otro tiempo (minería, siderometalurgia, empresas agrícolas y forestales, alimenticias, coloniales, seguros, etc.); acusar su presencia, convertida en muy corto plazo en dominante, según demuestra la experiencia, en las más diversas ramas de la economía nacional” (p. 18-19).

 Por otro lado —señala Arconada— hay que destacar otra vía de penetración del imperialismo norteamericano sobre la economía española, una vía que pasa por control del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), un instituto que fue concebido con una clara vocación militar:

 “El Instituto Nacional de Industria, con sus 45 empresas y sus 5,000 millones de pesetas de inversiones, no sólo constituye un suculento manjar para el voraz apetito del imperialismo yanqui, sino que, gracias a su control de los recursos estratégicos y a su situación privilegiada en cuanto a la utilización de las materias primas y mano de obra, se convierte en un valioso instrumento para la realización de sus planes de guerra y expansionismo económico.

Por añadidura, el I.N.I. disfruta de toda suerte de beneficios fiscales: exención total de los derechos de aduanas; reducción del 50 por 100 de las contribuciones de usos y consumos, de utilidades, de emisión y negociación de valores mobiliarios, de derechos reales y de timbre; facultad de expropiación forzosa de terrenos y materiales necesarios para sus instalaciones, etc. De esta forma, los grandes trust imperialistas yanquis obtienen en la España de Franco una situación sólo comparable a las más negras formas de explotación colonial, y los capitalistas y empresarios nacionales se ven reducidos a condiciones de inferioridad tales que hacen ilusoria cualquier posibilidad de competir en el mercado con las empresas yanquis “(p. 26).

 “Otro instrumento creado por los nazis y que, en la etapa actual, está siendo utilizado al máximo por los norteamericanos, es el Consejo Ordenador de Minerales Estratégicos de Interés Militar —C.O.M.E.I.N.—. El Consejo depende del Ministerio de la Guerra, siendo su Presidente el Ministro, y se halla directamente intervenido por la Misión Militar Norteamericana. «Expertos» yanquis, entre los cuales figuran H. M. Thorne, A. J. Kraemer y Louis Dupret, han realizado una prospección completa, no sólo del territorio nacional, sino también de Marruecos y las Colonias del África. Huelga decir que los yanquis no se interesan solamente por los minerales estratégicos, aunque éstos figuren en primer plano, sino que su interés se extiende a todas las riquezas minerales del país” (p. 27).

 “Factor de no menor importancia en la aceleración de la penetración norteamericana, es la eliminación por el imperialismo yanqui de las posiciones que detentaban en la economía española otros grupos imperialistas, y en primer lugar, los británicos y franceses, lucha aguda que desempeña importante papel”: “cada paso adelante en España de los yanquis, es un retroceso de los ingleses” [Ibárruri]. “El acto más espectacular en este terreno es, sin duda alguna, el paso del control del mercurio de Almadén de manos inglesas a manos norteamericanas”. (pp. 27-28).

 Arconada señala también las tensiones que la penetración norteamericana sobre España estaba generando en los países que tradicionalmente venían ejerciendo el control de la economía del país:

 “Estos hechos ayudan a explicar las reticencias de los círculos dirigentes anglo-franceses ante los tratos directos yanqui-franquistas. Cuando Mr. Eden, en la Cámara de los Comunes, critica el pacto bilateral, no es posible olvidar que Eden es Consejero de la «Riotinto» y de la «European Pyrites Corporation».

 Otra de las vías de penetración norteamericana sobre la economía española que se mencionan en el libro de Arconada consiste en una suerte de deslocalización industrial:

“Las empresas norteamericanas encuentran provechoso el suministrar la materia prima y elaborar los productos en las fábricas de sus filiales en España, para después colocarlos en sus mercados, incluso los más distantes, porque a pesar de los recargos que implican el doble transporte, los seguros, las aduanas, etc., les resultan a la postre más baratos que los fabricados en sus propias factorías de los Estados Unidos” [esto pone de manifiesto “la indecible explotación y el miserable nivel de vida a que el franquismo ha reducido a la clase obrera”.]

Gracias a su monopolio de las materias primas en el mundo capitalista, los norteamericanos em­plean el mismo procedimiento para apoderarse del control, utilizar en su beneficio y apropiarse de la mayor parte de la plusvalía extraída a los obreros en ramas completas de la economía franquista. Así, refiriéndose a los bajos precios de los productos pa­ra la exportación, “El Economista” del 8 de septiembre de 1951, al poner de relieve la brutal explota­ción que sufre la clase obrera, decía que «…nuestro modesto nivel de vida y el precio-oro de nuestros jornales hacen el resto, permitiéndonos la exportación de estos produc­tos industriales».

El ejemplo más notable es el de la industria textil. Los tejidos elaborados en Cataluña con algodón norteamericano vendido a precios exorbitan­tes, les resultan a los yanquis, en Nueva York más baratos que los fabricados en sus propias empre­sas. La Asociación de Manufactureros Americanos de la Industria Algodonera acaba de proponer uti­lizar la industria textil española para la producción de tejidos que «después ellos utilizarán en los “paí­ses atrasados” para intercambiarlos por minerales estratégicos necesarios a su producción de guerra”. (p. 33-34).

“Estos esquemas equivalen a entregar en manos de los imperialistas sectores completos de la industria nacional, cuyos obreros pasan a ser obreros colonizados, sometidos al doble yugo de los capitalistas indígenas y extranjeros, sin que las empresas imperialistas necesiten molestarse siquiera previamente en invertir capitales, ni en levantar instalaciones, ya que las encuentran montadas y en funcionamiento” (p. 34).

 “Resulta imposible, en un resumen de esta naturaleza, enumerar siquiera la multitud de empresas montadas con participación de capitales yanquis o que se han conectado a ellos, durante este período. La invasión es total, y encontramos sus huellas absolutamente en todos los terrenos, desde la producción, elaboración y exportación de aceite y aceitunas, hasta la radiodifusión y la prensa, pasando por la industria hotelera, la construcción o las inversiones inmobiliarias. El patrón es en todas partes el mismo: alianza de la oligarquía financiera, concentración, eliminación de concurrentes españoles y explotación inaudita de la clase obrera” (p. 35).

 “Los yanquis multiplican también sus acuerdos de cesión de patentes, diseños y marcas. Los españoles deben saber que en estos casos, incluso aunque no medien capital ni inversiones norteamericanas, cuando compran los objetos más diversos, desde un motor a una bombilla o un tubo de pasta dentrífica, el 10, el 20, el 30 por 100 de su dinero va a parar directamente a los bolsillos de los imperialistas” (p. 37).

 “No son estas las únicas palancas que los norteamericanos utilizan para colonizar a España. La precedente enumeración no agota, ni mucho menos, los métodos empleados por los imperialistas yanquis para la acelerada transformación de España en una semicolonia” (p. 37).

 “Este es el panorama que hoy ofrece España, entregada a la voracidad insaciable de los imperialistas. Mediante la combinación de estos diversos métodos y formas de penetración, los imperialistas yanquis poseen, como vemos, el control de los sectores fundamentales de la economía nacional; tienen en sus manos los resortes-clave que les permiten, con la criminal complicidad de los gobernantes franquistas, influir de modo decisivo en la evolución económica en el sentido que más convenga a sus intereses, el cual no puede ser ni es otro que la utilización de todos los recursos de España en la preparación de la guerra y la rápida transformación del país en un apéndice colonial del imperio yanqui.

Las consecuencias de este desarrollo determinan todos los problemas económicos que se presentan en España, e influyen directamente en la vida y en los intereses de todos los españoles…” (p. 42-43).

 Partiendo del problema del sometimiento semicolonial de la economía y la política española a los intereses del imperialismo norteamericano, Felipe M. Arconada hace una crítica de toda la política económica de la dictadura franquista y de la oligarquía que la sustenta:

 De este modo, se critica la política franquista de “consagrar a la preparación de la guerra una suma de recursos y de medios financieros que está fuera de toda proporción con las posibilidades del país”. Para ello se analizan las partidas consignadas a tal fin en los presupuestos generales del Estado; a raíz de esto se comentan las consecuencias negativas de tal política en la vida del pueblo (aumento de la inflación, recarga sobre las espaldas del pueblo de la carga impositiva, etc.) mientras que “las contribuciones que afectan de modo más directo a la oligarquía financiera-terrateniente, son las más reducidas y las que experimentan aumentos más tenues. Toda la propiedad rústica y urbana de España paga menos de la tercera parte de lo que se ingresa por usos y consumos. La contribución industrial representa apenas una octava parte. Pero, lo más escandaloso es la contribución sobre la renta, la contribución de los millonarios”. (p. 54-55).

 “El régimen franquista, que ve reducida la única esperanza de prolongar su existencia a la presencia de los norteamericanos en España y al desencadenamiento de la guerra, presta a estos planes toda su colaboración y con la ayuda de la oligarquía financiera y en beneficio de ella, orienta más y más toda la economía del país hacia la preparación de la guerra; consagra a estos fines en proporción cada vez mayor, todos los recursos materiales y humanos disponibles y arroja sobre la economía nacional una carga insoportable que precipita su hundimiento y su crisis, sumiendo al pueblo en una miseria sin fondo, arruinando a millares y millares de pequeños industriales y comerciantes y lesionando gravemente hasta los intereses materiales de capitalistas que hasta hace poco disfrutaban, dentro del marco del régimen, de una situación de verdadero privilegio”. (p. 61-62).

 La denuncia que Arconada hace de la actuación de la oligarquía financiera española en el contexto de crisis económica y pobreza generalizada en que se debate el país a mediados del pasado siglo podría extrapolarse casi en su totalidad a la realidad que se vive hoy en día:

 “La oligarquía financiera, como las aves carniceras que se alimentan de la carroña, prepara y se fortalece mientras más aguda es la crisis económica, mientras más gentes se ven arrastradas al hundimiento y a la quiebra. Cuanto más acuciante es la necesidad de crédito que siente un empresario, más onerosas son las condiciones que le impone la gran Banca. Las 472,164 letras de cambio, por 4.071,4 millones de pesetas, protestadas en 1950 por falta de pago, representan otros tantos tropiezos y dificultades, y en muchos casos, la ruina completa de milla­res y millares de modestos industriales y comercian­tes. Para la gran Banca, por el contrarío, constitu­yen un “método normal” de incrementar sus benefi­cios con los intereses de mora, renovación o protes­to, y en muchas ocasiones, la oportunidad de que­darse con negocios y empresas a precios irrisorios, en los innumerables juicios ejecutivos incoados por ella.

En la prensa financiera, en las revistas de las Cá­maras económicas y organismos oficiales, en las in­formaciones de Bolsa, en los discursos de los falangistas, se habla continuamente, de la escasez de di­nero, de la carencia de capitales. Estas afirmaciones se repiten con machacona insistencia por los propios capitostes de la oligarquía financiera, en sus infor­mes y memorias. Se trata de la más burda de las mixtificaciones, de una campaña trapacera montada en todas sus piezas y sostenida arteramente para tratar de ahogar la indignación y la protesta de los trabajadores. Para ellos sí que no hay dinero; ellos sí se mueren de hambre, con sus 16 pesetas de jornal medio, cuando logran trabajo. Esa campaña falaz tiende a engañar al empresario a quien se niega un crédito de unos miles de pesetas, mientras se abren créditos sin tasa y por cientos de millones a las grandes empresas; el comerciante modesto, cuya tienda va quedando desierta, por falta de poder ad­quisitivo de su clientela y vive bajo la continua ame­naza de los vencimientos de pagos; al capitalista in­dependiente, que ve con zozobra cómo su empresa queda rezagada y envejece, falta de capitales, mien­tras las filiales de los monopolios yanquis y de los grandes Bancos se modernizan y le desalojan del mercado, por la competencia.

El dinero abunda, pero está en manos de la oli­garquía financiera. Lo hemos visto desfilar hacia sus cajas fuertes por cientos de millones de pesetas, producto de la sobreexplotación de la clase obrera, llevada con una brutalidad y una intensidad como jamás se había conocido en la historia de nuestro país. Ese dinero acaparado según hemos visto por la, gran Banca, se lo llevan los imperialistas yanquis, se gasta sin tasa, en la preparación de la guerra o desaparece en las fauces insaciables de la oligarquía financiera.

Para todo lo demás, no hay dinero. No lo hay para atender a las más apremiantes necesidades del país, ni para llevar agua a las tierras sedientas, ni para dotar de techo a los cientos de miles de espa­ñoles que viven en cuevas, ni para poner coto a los estragos de la tuberculosis y otras enfermedades que son hoy, bajo el franquismo, como una plaga bíblica, ni para abrir escuelas con destino a los dos millones y medio de niños que carecen de ellas.

“No hay dinero”. Menos aún lo hay para pagar a los obreros un salario que les permita vivir medio decentemente, haciendo frente al alza constante de la vida, de los productos de primera necesidad; para reducir la carga abrumadora de las contribuciones e impuestos que pesan sobre los pequeños industriales y comerciantes; para ofrecer créditos baratos y a lar­go plazo a los empresarios modestos y a los campe­sinos pobres.

Tal es, en sus rasgos más generales, el poder omnímodo, el peso aplastante de la oligarquía finan­ciera en nuestro país. Y así, vemos perfilarse, una vez más, la criminal trilogía responsable de la ruina y el desastre de España; el imperialismo yanqui, la oligarquía financiera y el instrumento político de ambos, la camarilla gobernante de vendepatrias y estraperlistas franco-falangistas” (p. 73-76)

Como han podido comprobar en los extensos extractos que aquí hemos seleccionado, la obra de Felipe M. Arconada España colonia yanqui está de actualidad. Igual que cuando él la escribió, la economía del país se encuentra hundida. La semicolonialidad, que viene desarrollándose en mayor o menor medida desde el siglo XIX —en paralelo a una contrapuesta dimensión imperialista actualmente en crisis—, se acentúa día a día hasta el punto de que la soberanía nacional se encuentra hoy seriamente en entredicho.

Rajoy-Merkel

Efectivamente, la política del Gobierno de España se dicta y supervisa por los organismos internacionales que tienen en su mano la supervivencia (mediante instrumentos como el rescate financiero de la banca española) o el colapso total de su economía. El Gobierno del PP se ve obligado a aceptar el incremento de la presencia militar norteamericana en el suelo nacional y a respaldar, militar o políticamente, cuantas operaciones de agresión imperialista lleve a cabo del Gobierno de los Estados Unidos en el Norte de África, Oriente Medio o donde sea que éstas se produzcan (Siria, Libia, etc.).

Paralelamente, los recursos naturales (minerales), infinidad de propiedades rústicas y urbanas y muchas empresas –incluido oficinas bancarias- se están vendiendo a precio de saldo, para beneficio de los fondos buitre, la mayoría norteamericanos (Apollo Management International, Cerberus, Centerbridge, etc.), que se están poniendo las botas:

“Su estrategia se basa en comprar activos a precios muy rebajados, mantenerse en el capital periodos de tiempo de entre cinco y siete años, y desinvertir con enormes ganancias”. “Cada día estos fondos invierten en alguna parte del mundo, preferentemente en países que atraviesan dificultades. En los momentos de crisis importantes, hay dos sectores que despiertan interés: el financiero y el inmobiliario, explica un alto directivo bancario español”. (ElPeriódicodearagón.com, 11-09-2013).

Fondos buitre

 Algunas de las grandes empresas españolas ya han acabado total o parcialmente en manos de capital extranjero. La Compañía Española de Petróleos (CEPSA) es, desde 2011, propiedad de International Petroleum Investment Company (IPIC), constituida por el Gobierno del Emirato de Abu Dhabi. ENDESA ­-principal compañía eléctrica de España y principal multinacional energética de Latinoamérica- ha pasado a manos italianas, desde que en febrero de 2009 la eléctrica ENEL se hizo con el 92,06% de sus acciones. En cuanto a la otra gran petrolera española, REPSOL, aunque supuestamente sigue siendo española, lo cierto es que el 51% de sus acciones están ya en manos de capital extranjero: el 42% pertenece a diversos fondos de inversión extranjeros y el 9,49% a la multinacional mexicana PEMEX.

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Visto globalmente, el capital extranjero era ya dueño, en 2009, del 40% de las empresas españolas que cotizan en bolsa, 7,5 puntos por encima de nivel de 2006. Y seguramente la cosa no acabará aquí. La caída en bolsa desde 2008 de la mayoría de las grandes empresas del Ibex 35 ha dado lugar a que tengan un valor inferior al de su patrimonio neto. Esto las hace especialmente interesantes para posibles OPAs de multinacionales o fondos de inversión extranjeros. En esta situación se encontrarían el 54% de los valores del Ibex, entre las que se contarían –según un estudio de Expansión– empresas de la talla de Telefónica, BSCH, BBVA, Caixabank, Iberdrola y Repsol. Según el Director general de Renta 4, “de materializarse la toma de control por parte de empresas extranjeras de nuestras principales compañías, se produciría un desplazamiento de los centros de decisión fuera de nuestras fronteras”, lo que reforzaría aún más la tendencia semicolonial de nuestra economía. Hasta aquí ha descendido, por ahora, el país que pretendió erigirse en potencia mundial sobre sus endebles pies de barro.

[Leer España colonia yanqui]


[1] La inversión de los Estados Unidos de América en España durante los años sesenta suponía entre un 40 y un 60% de toda la inversión extranjera en España. Con la entrada de España en la Unión Europea, este porcentaje se redujo, aunque las multinacionales norteamericanas continuaron desempeñando un papel muy destacado en la economía española, incrementándose sus inversiones en la segunda mitad de los años noventa. (Adoración Álvaro, Nuria Puig y Rafael Castro, “Las empresas multinacionales extranjeras en España, Inqualitas.net).

Oportunidad de negocio: país hundido vende subsuelo


Los organismos internacionales que dictan la política económica del Gobierno de España han decidido que se acabe de una vez por todas con la minería del carbón y que las centrales eléctricas del país se abastezcan de carbón importado. De hecho ya lo venían haciendo en un 60%, pero esta cifra se elevará hasta el 100% cuando al final del próximo año las subvenciones y primas que se han venido concediendo a mineras y eléctricas desaparezcan, como exige la Unión Europea; si grandes luchas sociales no lo impiden, claro.

Poco les importa a las autoridades europeas el hundimiento de comarcas enteras en León, Asturias, Palencia y Teruel. Que se las arregle como pueda el Gobierno de España con sus mineros, pero que no ceda. Lo que no sea rentable sin subvenciones que se cierre. Y punto.

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Era un fin largamente anunciado y, en verdad, ha venido ejecutándose de forma progresiva durante años con la inestimable ayuda de los conocidos como Fondos Miner. A veces las cosas es mejor hacerlas así, de forma progresiva y tirando de billetera. Pero por muy progresiva que se hagan las cosas, siempre llegará el momento de dar la puntilla. Y parece que ese momento ha llegado, porque se acabó el dinero para más progresividades. Es ahora y punto. Por eso, para los mineros y el conjunto de habitantes de las cuencas, es la lucha final. Y de nada van servir –previsiblemente- rebajas de sueldos o/y aumentos de jornadas como las que han aceptado recientemente los mineros de UMINSA, que intentan resistir como pueden el feroz ataque que contra ellos ha lanzado el cacique minero Victorino Alonso, en un momento en que la derrota de la huelgona del pasado año los ha dejado indefensos, a los pies de los caballos.

Lo que está claro es que la minería española del carbón ya no interesa. Sin embargo, nuestro subsuelo alberga otras riquezas que sí están suscitando mucho interés, particularmente de los capitales extranjeros que pugnan por el control de los recursos del planeta. El aumento del precio de los minerales y metales preciosos en los mercados internacionales ha disparado el interés de las grandes corporaciones mineras por la apropiación de unos recursos cuya extracción anteriormente no resultaba muy rentable pero que a los precios actuales puede reportarles sustanciosos beneficios. El precio del cobre, por ejemplo, asciende actualmente a unos 8.500 dólares la tonelada, casi ocho veces más que hace 10 años. Y –como si fuera un país más del Tercer Mundo­­- estas grandes corporaciones, mayormente canadienses y australianas, han puesto sus ojos ­-y sus garras- sobre la maltrecha España.

Aunque su interés por las riquezas de nuestro subsuelo es anterior a la crisis­, lo cierto es que la situación les es ahora especialmente favorable. El hundimiento de la economía del país tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha generado una situación en la que autoridades nacionales, regionales y locales suspiran por la llegada de cualquier tipo de inversión que suponga generar alguna actividad económica, aliviando el déficit de las arcas públicas vía impuestos y creando puestos de trabajo en una economía que ya no es capaz de generarlos de otra forma.

De este modo, los canadienses de la Pacific Strategic Minerals se disponen a explotar el tantalio (ingrediente del coltán que necesitan los microprocesadores) en una aldea de Ourense (Penouta, en el municipio de Viana do Bolo).

Los también canadienses de Río Narcea Gold Mines (propiedad de Lunding Mining Corporation) andan buscando por todo Badajoz nuevos yacimientos con que engrosar las ganancias que obtienen en la mina de níquel de Monesterio, que podría agotarse en poco tiempo; y además andan tras el oro de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), donde pretenden extraer 34 toneladas empleando más de 5.000 tn. de cianuro y solubilizando más de 8.000 tn. de arsénico. De momento, el rechazo popular que se ha generado -el pasado mes de junio tuvo lugar una multitudinaria manifestación bajo el lema “Galicia no es una mina. Defiende la tierra, defiende la vida”- y una serie de problemas técnicos y económicos , han frenado el proyecto de los canadienses.

Monesterio-mina

Tras el oro que se almacena en el subsuelo en Badajoz (La Codosera y Alburquerque) y en Asturias está el empresario de origen ruso Cary Pinkowsky, al frente de la canadiense Asturgold, con sede en Vancouver. En la mina romana de oro de Salave, (en el concejo de Tapia de Casariego, Asturias) estaría –según ellos- “el yacimiento aurífero más grande sin explotar de Europa occidental y será un referente mundial en gestión medioambiental y desarrollo tecnológico”. La explotación aurífera de Asturgold se sumaría a las que la canadiense Orvana Minerals se encuentra ya desarrollando en los concejos asturianos de Miranda y Salas. Por cada tonelada de tierra que se extrae del cielo abierto de Miranda (El Valle-Boinás) los canadienses obtienen sólo 6 gramos de oro, pero al día consiguen reunir 6,5 kg. del precioso metal, que semanalmente representan 2 millones de euros en el mercado mundial.

Por su parte, sus compatriotas de First Quantum, dueños de Cobre Las Cruces, S. A., pretenden obtener de la mina a cielo abierto que en 2009 comenzaron a explotar en los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, un millón de toneladas de cobre. En los cuatro años que llevan en esta explotación han sido procesados tres de sus directivos por presuntos daños contra el medio ambiente y se les han impuesto ya 206.966 euros en sanciones por 23 infracciones urbanísticas. Poca cosa.

También tiene su sede en este país -en Toronto- la empresa Iberian Minerals Corp., que desde 2007 explota, a través de su filial MATSA, el cobre de la Mina de Aguas Teñidas, en Almonáster La Real (Huelva), con el que complementa las toneladas de ese mineral que extrae de la mina peruana Condestable. Además, su director ya ha expresado el interés de la empresa canadiense por participar en el concurso internacional que ha anunciado recientemente la Junta de Andalucía para reabrir la explotación del cobre, cinc y plomo que aún queda en la mina sevillana de Aznalcóllar, cerrada prematuramente en 1998. La rotura de una balsa de residuos extremadamente contaminantes provocó ese año una de las catástrofes ambientales más importantes de España. La Junta de Andalucía todavía intenta pasar la factura de los 90 millones de euros que costó la limpieza del vertido a la multinacional sueca BOLIDEN, que desde 1987 explotaba el yacimiento, pero hasta ahora todas las vías han resultado infructuosas y a estas alturas parece que los suecos van a seguir haciéndose los suecos y no tienen ninguna intención de aflojar la pasta.

La  última de las mineras canadienses a las que haremos mención es Petaquilla Minerals, Ltd., que hace unos pocos meses ha iniciado los trabajos para comenzar la extracción de los minerales que aún alberga la antigua mina de Lomero-Poyatos, en los municipios onubenses de El Cerro de Andévalo y Cortegana.

Como vemos, las multinacionales canadienses han demostrado tener un elevado interés por las riquezas de nuestro subsuelo. Pero no son las únicas que están rebuscando en él para extraer todo lo que se pueda luego vender y revender en el mercado internacional. También las multinacionales australianas han venido hasta España, en sus mismísimas antípodas, en busca del cobre y los demás metales (sobre todo cinc y plomo) que  dejaron en la faja pirítica de Huelva los romanos y siglos después los británicos y los franceses. Para ello, EMED Mining ­-empresa matriz de EMED Tartessus , participada por capitales británicos, canadienses, suizos, australianos y estadounidenses- se ha aliado con Goldman Sachs International (los mismos que nos inundan con el carbón barato que están extrayendo en brutales condiciones laborales de sus minas de Colombia) y con Yanggu Xiangguang Copper. La multinacional china es una de las empresas de fundición, refinamiento y tratamiento de cobre más grandes del mundo, y participa en la financiación de la explotación a cambio de reservarse el 30% del cobre que se obtenga en la comarca de Minas de Riotinto. Por lo visto, España tiene lo que China necesita para continuar desarrollando su industria; y está dispuesta a ofrecérselo a cambio de puestos de trabajo y un poco de movimiento que animen en alguna medida la decreciente economía hispana.

También australiana es la empresa Berkeley Resources Ltd., que con las marcas Berkeley Minera España S.A o Minera del Río Alagón lleva algún tiempo interesándose por el uranio que alberga nuestro subsuelo en las zonas de Cáceres, Guadalajara y, sobre todo, en Salamanca (Saelices el Chico, Alameda de Gardón, Retortillo, Villavieja de Yeltes), rivalizando con los canadienses de Mawson Resources, que también andan interesados en nuestro uranio, sobre todo en Extremadura. No obstante, algunos dudan de que realmente estas empresas lleguen algún día a extraer uranio español, pudiendo tratarse sólo de movimiento especulativos para incrementar el valor de sus acciones en bolsa.

Uranio

Los que llevan varios años investigando las posibilidades de nuestro subsuelo son los irlandeses de Ormonde Mining Plc., que, a través de su filial Saloro, parecen dispuestos a comenzar pronto la extracción del wolframio o tungsteno de la mina salmantina de Barruecopardo. El famoso wolframio con el que el gobierno de Franco pagó la ayuda alemana en la guerra civil sirve ahora para ayudar a levantar la maltrecha economía irlandesa.

Por su parte, el cloruro potásico y cloruro sódico que desde 1912 se extrae de las minas catalanas de la comarca del Bages, ha pasado en 1998 a propiedad de la Israel Chemicals Limited (ICL), que la explota a través de su filial Iberpotash, la empresa minera más grande de Cataluña. Más del 70% del potasio que Iberpotash extrae de sus minas catalanas se exporta a países de Asia, Norte de África, Europa y el Sur de América, principalmente, por ser un fertilizante básico de la agricultura moderna.

Como vemos, el interés de las grandes multinacionales mineras por los recursos de nuestro subsuelo se ha ido acrecentando a medida que los precios iban ascendiendo en los mercados internacionales. Pero el fenómeno no es, ni mucho menos, novedoso. De hecho, la historia de la minería española desde el siglo XIX es la historia de la penetración de los capitales extranjeros, principalmente británicos, franceses y alemanes, que se aprovecharon del atraso del capitalismo en España para utilizarla como una de sus bases de aprovisionamiento de materias primas para su industria y como un mercado para colocar sus productos manufacturados.

Sirva como ejemplo la propia mina sevillana de Aznalcóllar, cuya reapertura promueve ahora la Junta de Andalucía. Entre 1876 y 1942 fue explotada por la Seville Sulphur de Glasgow. Entre ese año y 1952 lo hizo la francesa Société Minière et Métallurgique de Peñarroya. En 1960 pasó a Andaluza de Piritas, S.A., una empresa del grupo español Banco Central, hasta que en 1987 vuelve a manos del capital extranjero, al ser vendida a la multinacional minera sueca BOLIDEN, de triste recuerdo.

En otra entrada de este blog reproducimos la interesante descripción que hacía en 1910 el valenciano Manuel Ciges Aparicio -por boca de uno de los personajes de su libro Los vencidos-, de la situación social y política que se vivía en enclaves cuasicoloniales como los que la empresa británica Riotinto Company Limited  tenía en la provincia de Huelva:

  • “Yo, que he vivido en Riotinto y he trabajado en él, sé lo que dentro de él pasa. Allí no hay más ley ni más autoridad que la de los ingleses, y todos los que representan algo están comprados, y no hay nadie que se atreva a cumplir sus deberes, sino lo que les manda el jefe principal de la mina, amo y señor de más de 30.000 habitantes”.
  • “El que protesta contra la Compañía tiene que salir con su familia, hasta sus más lejanos parientes, de la vasta región donde los ingleses ejercen despótico imperio. Así no hay clase independiente en Riotinto: los pocos individuos que vivían con las pingües rentas de sus casas y que por no ejercer cargo de la Compañía pudieran parecer autónomos, no lo eran en realidad más que los otros, pues si ellos no, algún allegado era trabajador, capataz, contratista o empleado, y la venganza que en ellos se realiza, se alcanzaría también a sus deudos… “
  • “Estos ingleses son así. Nos tratan como a seres inferiores y nuestras vidas poco les importan. Están acostumbrados a matar hombres en las horribles contraminas, y no van a sentir escrúpulos por algunos muertos más o menos”.

El año de los tiros

[El año de los tiros, Minas de Riotinto, 1888]

  • “No hay función política con su alternante juego de partidos que resulte tan ridícula como ésta de aquí. Que suban los liberales o que manden los conservadores, alcalde de Riotinto es el empleado que designa la Compañía para recibir instrucciones del director. Hoy es su contador. Los concejales, empleados son. El juez —un juez donde todos los días hay muertes o graves accidentes del trabajo— obra e instrumento suyo es. El minero que no vote al diputado que la Compañía propone al Gobierno para su encasillamiento, pierde el trabajo y ha de huir. ..
  • “Los alcaldes de Real orden son secretarios del director, y sólo pueden hacer lo que él les ordene. Fácil es suponer lo que les ordenará tratándose de una gran región minera donde cotidianamente se vulneran las leyes y tantas cosas reprobables hay que solapar. El director ordena lo que ha de hacer el Ayuntamiento e inspira hasta los bandos públicos”.

Muelle de riotinto

La debilidad histórica de la burguesía española dio lugar, en el siglo XIX, a una revolución burguesa inconclusa que permitió la subsistencia de la semifeudalidad. Llegada la época histórica del imperialismo, era inevitable que las burguesías de los países avanzados de Europa pugnaran por apropiarse de sus recursos naturales para alimentar una pujante industria que, a su vez, necesitaba mercados para poder expandirse.

Muchos años después, con el crecimiento económico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, pudieron desarrollarse una serie de grandes empresas españolas (REPSOL, Telefónica, grandes bancos, etc.)  que, en el último tercio del siglo, se lanzaron a una expansión imperialista, principalmente por los países semifeudales y semicoloniales de América Latina.

Pero al día de hoy, cuando los sueños imperiales se están desvaneciendo ante la crisis económica, resulta que no contamos en España con un empresariado dotado del capital, la tecnología y la cultura empresarial necesaria para explotar la riqueza que aún conserva el subsuelo de su propio país, con la excepción del carbón que explota directamente el Estado (HUNOSA) o que se  concentra en manos de un empresario de métodos caciquiles como el leonés Victorino Alonso, incapaz de subsistir sin la inyección regular de cuantiosas subvenciones públicas.

De tal forma que la disyuntiva que parece presentarse en España, en un momento de crisis profunda, es dejar los recursos sin explotar o, por el contrario, entregarlos a las multinacionales extranjeras que se encuentran a la caza y captura de minerales que ofertar en los mercados internacionales y que poseen la tecnología y el capital necesario para abordar eficientemente la explotación de estos recursos.

El panorama es, ciertamente, complicado. Muchos de los proyectos que se pretende poner en marcha tienen un coste medioambiental muy elevado, lo que ha generado el rechazo de una parte de los habitantes de las zonas en las que ubicarán las explotaciones. No en todas partes, pero sí en muchas. No en sitios como Minas de Riotinto o Nerva, poblaciones que prácticamente no se conciben al margen de la actividad minera y donde parece que existe unanimidad en el apoyo a la reapertura de la explotación, existiendo plataformas de desempleados y vecinos de la zona que presionan a la Junta de Andalucía para que elimine los obstáculos que han impedido el inicio de los trabajos. Pero sí en Galicia y Asturias, por ejemplo, donde aumenta día a día la tensión. Por un lado están los que se oponen a unos proyectos que conllevan, frecuentemente, un gran problema medioambiental y que, al fin y al cabo, tampoco sirven para sustentar un auténtico desarrollo económico para las comarcas en las que se van a poner en marcha. Por otro lado están los que tienen la esperanza legítima de conseguir el ansiado puesto de trabajo que ­­-tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria- ningún otro sector puede ofrecerles ni a corto ni a medio plazo. En el concejo asturiano de Tapia de Casariego, por ejemplo, las dos posturas se articulan en torno a las plataformas “Oro No” y “Trabajo ya, mina sí”, aumentando de este modo la tensión que ya se vivía en los pueblos y ciudades de España en una situación social a todas luces insostenible.

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Lo cierto es que resulta complicado posicionarse. Por una parte, sobran razones para oponerse a unos proyectos que no pretenden sino saquear en beneficio del capital extranjero los limitados recursos naturales de nuestro país.  El impacto en el medio suele ser grande y, además, pueden dar lugar en cualquier momento a otro desastre como el de Aznalcóllar, cuyo coste al final recayó sobre las arcas públicas mientras la multinacional causante del problema desaparecía sin asumir su responsabilidad. Si la economía española actual no es capaz de aprovechar sus recursos minerales de forma que contribuyan a un desarrollo económico verdadero, sustentando una industrialización orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad española, casi parece mejor que se queden bajo tierra (como puede pasar con nuestras reservas de carbón, si no lo impide el estallido de fuertes movilizaciones sociales que desborden las tradicionales formas de lucha de la minería española). Ya vendrán tiempos mejores. Pero esta postura es insostenible con el enorme desempleo que se registra actualmente en buena parte del país.

En la cuenca minera onubense, por ejemplo, se habla de municipios con más del 50% de la población realmente en paro. Se trata, sin duda, de un auténtico drama para miles y miles de familias de la clase trabajadora. Por tanto, es necesario que la oposición a los proyectos de las multinacionales se acompañe de la lucha por una alternativa económica para los pueblos y comarcas de las diveras cuencas mineras. Esta alternativa no puede estar únicamente sustentada en el mantenimiento de un sector primario de carácter tradicional, puesto que este sector se ha mostrado incapaz de absorber los grandes excedentes de mano de obra que se registran en la actualidad. Hay que incluir también la reivindicación de una verdardera y sostenible industrialización que genere empleo y desarrollo económico y social. En muchas zonas del sur de España, dicha industrialización debe ir unida a una verdadera reforma agraria que acabe de una vez por todas con la lacra del latifundismo, que, junto a la falta de industrias, es la causa principal del paro en esas regiones.

Es lógico y normal que mucha gente se oponga a que las multinaciones extranjeras esquilmen nuestros recursos minerales para especular con ellos en los mercados internacionales alimentando así una burbuja que acabará hundiendo más a la economía mundial y a la española. Pero esta oposición debe ir unida a la exigencia de que se pongan en marcha proyectos económicos, principalmente industriales, que generen empleo de calidad y sean capaces de aprovechar nuestros recursos minerales y materias primas en el marco de un nuevo modelo económico plenamente orientado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y en esa lucha podemos y debemos unirnos todos.

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 La minería metálica y la minería del carbón presentan -en este punto- una diferencia significativa, puesto que la segunda, siendo ­también contaminante y contando, por tanto, con defensores y detractores, no forma parte de un modelo económico semicolonial de saqueo de los recursos naturales del país. Por el contrario, el carbón español está directamente integrado en la economía española, a la que sirve a través del abastecimiento energético de la industria eléctrica. El carbón español se extrae en España y se quema en España para producir electricidad para la sociedad española. Ciertamente, estas centrales pueden abastecerse de carbón más barato en el mercado mundial por diversas circunstancias, entre las que no pueden olvidarse –aunque no sean las únicas razones- las diferentes condiciones existentes entre unos y otros países en cuanto a salario, seguridad y derechos (recordar Marikana, Sudáfrica, 2012: 44 mineros asesinados). Cuando a finales del próximo año se acaben las primas y subvenciones al carbón español, las centrales eléctricas pasarán a abastecerse casi totalmente de carbón importado como el que está trayendo Goldman Sachs de Colombia: un carbón manchado de sangre. Seguirá el problema de la contaminación de las térmicas pero desaparecerá esa integración que venía existiendo entre minería del carbón e industria eléctrica, una integración que no interesa ni a los gobernantes españoles ni a las autoridades de la Unión Europea ni a las propias centrales, sobre todo desde el año 2009 en que la eléctrica italiana Enel se hizo con la mayoría del capital de ENDESA.

mineros-mequineza

[El carbón que extrae en Mequinenza (Zaragoza) Carbonífera del Ebro se quemaba en la central térmica de Escucha (Teruel) , pero los italianos de Enel cerraron la central en 2012 y además se niegan a quemar este carbón en su central de Andorra]

La terquedad local y provincial del caciquismo (Castilla y León)


Por debajo de las formas democrático-burguesas que se instauran tras el fin de la dictadura fascista, continúa latiendo en España el viejo caciquismo semifeudal, adaptado a los nuevos escenarios que se han ido definiendo en cada momento. Un caciquismo que podemos rastrear, no sólo en la corrupción desenfrenada sino también en la tremenda “terquedad local y provincial” que, en la esfera política, subsistía en las décadas finales del siglo XX y continúa subsistiendo en la primera década del siglo XXI. Una “terquedad” política que se explica históricamente por el fracaso del proceso de centralización económica que, como enseñan Marx y Engels, correspondía a la burguesía impulsar en los siglos anteriores.

Alfredo Hernández Sánchez, Catedrático de Sociología de la Universidad de Valladolid, explica en un interesante trabajo cómo en el territorio de la actual Castilla y León no se generó durante el siglo XIX una verdadera burguesía. Todo lo contrario, la clase dirigente se caracterizaba porque “eran dueños de la tierra, propietarios agrícolas, y no estaba bien visto, socialmente, el ejercicio de la actividad empresarial”. De esta forma en la región “no surgieron personas nuevas que hicieran innovaciones en la estructura social castellano-leonesa, ya fuera en el campo industrial, en el intelectual, en lo económico, en lo artístico, etc.” (…) “Es decir, no existía una mentalidad de tipo capitalista. Se seguía con los valores sociales del rentismo” (…) “El comportamiento de los castellano-leoneses estaba regido por el peso de la tradición” (Alfredo Hernández, 2004).

Frustrado el proceso de centralización económica que sólo la burguesía podía encabezar, las clases dominantes, y particularmente los grandes propietarios de la tierra (rústica y urbana), se atrincheran en una multitud de pequeños territorios, a modo de “feudos”, desde los que defenderán políticamente sus atrasados intereses, bien agrupándose en todo tipo de partidos o coaliciones de ámbito local, provincial o regional, bien conformando facciones o banderías caciquiles en los partidos de ámbito nacional, que los necesitan como lo que son: conseguidores de votos en todo tipo de comicios. En el caso de Castilla y León, el peso de los intereses rurales en la política local es especialmente relevante. El 57,7% del total de alcaldes y concejales entre 1979 y 1987 procedían del sector agrícola, siendo el porcentaje más alto de España, seguido por el de Aragón, 57,6%, La Rioja, 50,5% y Navarra, 40,1% (Joan Botella, 1992: 155).

La fragmentación inherente a la política caciquil siempre ha sido una manifestación de la persistencia semifeudal. Dicha persistencia impide o dificulta el desarrollo de intereses comunes basados en una división nacional —o, cuando menos, regional— del trabajo y en una multiplicación del tráfico interior entre los territorios de las provincias.  Para Hernández Sánchez, “en Castilla no han existido las sinergias colectivas que generen una conciencia como pueblo, como comunidad. Por lo tanto, no somos una nacionalidad. Por lo menos, desde el punto de vista sociológico. Más bien, seríamos un ‘sumatorio’ de nueve provincias”.

Al no haberse desarrollado históricamente en el territorio de Castilla La Vieja y de León una auténtica “comunidad de vida económica”, un sólido vínculo económico interno —por la inexistencia de una pujante burguesía— no se ha generado tampoco una verdadera psicología o cultura común y no existe, por tanto, una conciencia regional castellano-leonesa en que sustentar el artificio que es la Comunidad Autónoma. Frente a dicho artificio, sectores descontentos de las oligarquías caciquiles han venido buscando una “auténtica” identidad con la que justificar históricamente un cambio en el modelo autonómico para que éste se ajuste mejor a sus intereses económicos y políticos. Y algunos de ellos han pretendido encontrar la quintaesencia castellana y leonesa en los viejos reinos medievales de Castilla y de León; unos reinos que, realmente, nunca fueron otra cosa que agrupaciones de feudos casi autónomos en manos de grandes propietarios de la nobleza.

Creemos que para comprender históricamente la pervivencia del caciquismo en la España reciente es conveniente estudiar su etapa más clásica, cuando el fenómeno se presentaba en su estado más puro y de forma más nítida, sin grandes subterfugios. Comprendiendo la naturaleza de la política durante la primera restauración borbónica resulta más fácil comprender luego la subsistencia de esa política durante la segunda.

Fruto de ese razonamiento es la tesis doctoral que hemos defendido en abril de 2008 en la Universidad de La Laguna. En algunos trabajos posteriores he defendido que algunos de los más característicos rasgos estructurales de la vieja política caciquil de la primera restauración borbónica, que pude identificar en mi tesis doctoral, siguen plenamente vigentes en la segunda. No ha caducado en España, por lo tanto, la consigna que se gritara en Gijón en 1900: ¡Abajo el caciquismo, viva el pueblo!. Ese grito significadecir les a todos los que gobiernan y a los que aspiran a gobernar, que la libertad es una palabra vana, llena de viento, mientras subsista el caciquismo; es sintetizar en una fórmula sencilla las aspiraciones nacionales; es oponer política a política y sistema a sistema; es establecer como principio y axioma que para que viva el pueblo, es preciso que desaparezca la oligarquía imperante’” (Joaquín Costa).

[Extraído de mi artículo “El caciquismo en la España reciente: el caso de Castilla y León, Aposta, nº 43, 2009]

Compara y busca las diferencias. La “democracia” de la primera Restauración Borbónica en España (1890-1923)


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En  estos momentos en los que nos encontramos en España, cuando existe un cuestionamiento total y generalizado en casi todas las esferas de la sociedad respecto de nuestro sistema de representación política, puede resultar útil volver la vista hacia el sistema que existió en nuestro país en la etapa conocida como Restauración Borbónica y especialmente en sus etapas de madurez y luego de crisis profunda (1890-1923).

Igual que en la actualidad, el sistema político era la Monarquía parlamentaria e, igual que en la actualidad, en el poder se turnaban pacíficamente dos partidos igualmente representantes de la oligarquía que controla la economía del país. Cuando se desgastaba uno de los partidos era reemplazado por el otro, y así sucesivamente hasta que en 1917 el sistema que ideara el conservador Cánovas del Castillo entra en crisis profunda. Esta crisis se intenta resolver con el golpe de estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) pero al final desemboca en la proclamación de la segunda República (1931-1936) y en la guerra civil de 1936-1948.

Vamos a repasar a continuación algunas de las características de este sistema político, particularmente lo relativo al sistema electoral, lo que nos permitirá encontrar diferencias pero también importantes similitudes con la realidad política actual.

En 1890 se aprueba en España el sufragio universal masculino, durante el gobierno liberal de Sagasta. Atrás quedaban los años en que era necesario poseer un determinado nivel de renta para tener derecho al ejercicio de los derechos políticos. En los estados europeos más desarrollados, la progresiva ampliación del sufragio –en Gran Bretaña no fue instaurado el sufragio universal hasta la tardía fecha de 1918– suponía un signo de madurez política del régimen parlamentario burgués. Una parte cada vez mayor de la población comenzaba a jugar un papel político en el sistema liberal y los partidos políticos de la burguesía, para ganar las elecciones, debían atraerse el voto de los sectores populares que progresivamente iban adquiriendo el derecho de participación política.

Aunque, tanto en Gran Bretaña como en Francia, perduraron situaciones de patronazgo y clientelismo político –como se ha aludido reiteradamente–, la participación en el régimen liberal llegó a estar muy extendida socialmente. A cambio de la fidelidad de los obreros al sistema –sobre todo en el caso de Gran Bretaña– los partidos burgueses se veían obligados a hacerles toda una serie de concesiones en el ámbito político, laboral y en el de las condiciones materiales de existencia.

La burguesía seguía ejerciendo, sin duda, su dominación política sobre las clases trabajadoras, pero la fuerza de los obreros, en el último tercio del siglo XIX, aumentaba cada vez más en las elecciones, lo mismo en Gran Bretaña que en Francia, Alemania y otros países.

socialistas franceses

En Alemania fue donde se produjeron los mayores avances políticos del proletariado europeo después de La Comuna de París. Efectivamente, los obreros alemanes fueron los que mejor supieron utilizar políticamente el sufragio universal –introducido por Bismarck en 1866– para el fortalecimiento del partido socialista:

programa de erfurt

 

Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación dla burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones. Y se tomó parte en las elecciones a las dietas provinciales, a los organismos municipales, a los tribunales de artesanos, se le disputó a la burguesía cada puesto, en cuya provisión mezclaba su voz una parte suficiente del proletariado. Y así se dio el caso de que la burguesía y el Gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal que la actuación ilegal del partido obrero, más los éxitos electorales que los éxitos insurreccionales” (Engels, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850).

Y lo mismo sucedió en Francia, en Bélgica y en otros países:

El trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí [en Francia] como la tarea inmediata del partido. Los éxitos no se han hecho esperar. No sólo se han conquistado toda una serie de consejos municipales, sino que en las Cámaras hay 50 diputados socialistas, que han derribado ya tres ministerios y un presidente de la República”(Ibíd).

El contraste con la situación política de España era grande. En este país, el primer diputado socialista –Pablo Iglesias- fue elegido en la tardía fecha de 1910. Durante varios años continuó siendo el único diputado socialista del Congreso y la cifra no experimentó ningún gran ascenso con el tiempo, porque en 1923 el número de diputados socialistas no pasaba de siete. En Francia, por el contrario, los socialistas tenían 103 diputados en 1914.

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La minoría socialista en el Congreso en 1918; Saborit, Anguiano, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Julian Besteiro y Pablo Iglesias / FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

 

Los sistemas cambiaban de un país a otro. En Francia, el poder ejecutivo recaía en el Presidente de la República, que era elegido por un período de siete años por mayoría absoluta de votos en ambas cámaras reunidas en Asamblea Nacional. En Gran Bretaña, por el contrario, la corona había conservado el derecho a escoger al Gobierno, si bien, esta prerrogativa, en la práctica, se hallaba muy limitada por la necesidad de designar ministros que tuvieran la confianza de la Cámara de los comunes.

En otros países de la Europa occidental (Bélgica, Holanda) correspondía también al Rey la designación del Presidente, pero eran, en última instancia, las elecciones, las que decidían el rumbo del país.

Aunque los obreros fueron consiguiendo ciertas concesiones y mejoras a medida que crecían sus éxitos electorales –lo que sirvió para atrapar al movimiento obrero o, al menos, a una parte importante de sus dirigentes, en las redes del orden establecido–, el régimen parlamentario era el sistema político de la burguesía y era ella, pues, la principal beneficiaria. No obstante, la creciente importancia política adquirida por la clase obrera mediante la utilización del sufragio es, de por sí, prueba más que suficiente para inferir que el parlamentarismo, en los principales países de la Europa occidental, no era una simple farsa.

En España la situación era muy distinta. No defendemos aquí, evidentemente, la tesis de la excepcionalidad política española. Sistemas caciquiles como el de la Restauración encontraremos en la misma época, sin duda, en muchos países y, especialmente, en aquéllos en los que no culminó, durante el siglo XIX, la revolución burguesa, manteniéndose, por tanto, relaciones de producción semifeudales. Los encontraremos, por tanto, en las repúblicas latinoamericanas, en los países del este de Europae, incluso, en zonas especialmente atrasadas de países capitalistas como Italia. Luebbert afirma, no obstante, que “el atraso fue mucho más determinante en España que en Italia. Esto fue así, en parte, porque España era una sociedad menos moderna, con un sector industrial más pequeño y una mayor población de analfabetos; pero, además, la menor modernidad de España también resultó más determinante por el modo en que el equilibrio de fuerzas políticas acentuó la autoridad de los sectores menos modernos de la sociedad”. En el sur de Italia también pervivieron elementos similares a los del caciquismo hispano. Sin embargo –y a diferencia de lo que sucedió en España-, “el poder del Estado italiano estuvo en gran medida engranado con los intereses del norte, el sector más moderno de la sociedad”.

caudilhismo BRASIL ESCOLA

 

En el caso de Latinoamérica, no es difícil encontrar abundantes similitudes con el sistema caciquil español, por ejemplo, en el Brasil de los coroneles o en la política mexicana del Porfiriato e, incluso, de la etapa posterior a la revolución de 1910-1911.

En la Europa del Este, encontramos, también, regímenes parecidos al español en casos como el de la república polaca que se desarrolló entre 1919 y 1926. La Constitución liberal, de inspiración francesa, no impidió que el país cayera en la corrupción política generalizada, lo que sirvió al mariscal Pilsudski para justificar un golpe de Estado, en 1926, que contó con el apoyo de los socialistas polacos y que presenta evidentes similitudes con el que encabezara tres años antes Primo de Rivera en España (ROOS, H., Historia de la nación polaca, 1969).

Las diferencias que existían entre los regímenes políticos reales de todos estos países y la democracia-burguesa que se desarrollaba en los principales países capitalistas de Europa eran sustanciales. Coincidimos, pues, con Costa, cuando afirmaba que “no es la forma de gobierno en España la misma que impera en Europa, aunque un día lo haya pretendido la Gaceta”.

Ha afirmado el historiador del régimen Varela Ortega que el análisis de Costa sobre la Restauración –y lo mismo podría decir del que realizó Galdós en los mismos términos que el aragonés– “resultaría abusivo para la descripción general del funcionamiento del sistema, al punto de distorsionar la comprensión del proceso de democratización de la España contemporánea”. Sin embargo, la investigación que hemos realizado confirma muchas de las apreciaciones realizadas por ellos un siglo atrás y no refleja la existencia de proceso alguno de democratización política.

Para comenzar, trataremos de la falsedad de las elecciones, un tema del que, por otra parte, ya se ha hablado en España hasta la saciedad y en el que, por tanto, no es necesario extenderse demasiado. Conviene, sin embargo, aclarar que, en nuestra opinión, el análisis no debe centrarse tanto en el hecho de que hubiese corrupción –corrupción que, por otra parte, existía también en la Europa más liberal– sino en el hecho de que, en el caso español, el sufragio –aun siendo “universal”– no era más que “una comedia ridícula que sirve de retranca a la voluntad popular y obstrucciona la marcha del progreso (El Obrero, 1905). Coincide, pues, el órgano obrero con la opinión que expresa Costa cuando afirma que “eso de las elecciones y del parlamento son dos bromas infames contra el país, en que tengo el propósito de no colaborar, y que siento mucho no poder reprimir”.

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Existía en España, desde 1890, una de las leyes electorales más liberales de Europa, quizás porque, como dijo Ramos Oliveira, a ratos conviene dar al país la sensación de que hace grandes progresos; pero lo que de hecho imperaba era la absoluta inexistencia de elecciones, tal cual se entendían en los regímenes democrático-burgueses. Era del todo punto impensable que pudiera articularse movimiento político alguno de las clases populares para, a través de las elecciones, obtener influencia política a partir de la cual arrancar concesiones a las clases dominantes. Lo que sucedía por los mismos años en Francia, Alemania o Gran Bretaña –incluso sin existir sufragio universal– no era en España más que una quimera, una ilusión, un engaño.

Los resultados de las elecciones eran, en la mayoría de las ocasiones, conocidos exactamente con anterioridad a la celebración de los comicios. Dependían, en última instancia, de los pactos establecidos entre las banderías caciquiles de los pueblos. Una vez alcanzados estos pactos, los resultados no sorprendían a casi nadie.

La inexistencia de un auténtico sistema político participativo era continuamente planteada en la prensa de la época. Más que elecciones, lo que había en España era una especie de “chanchullo electoral”.

Y si en Alemania –mucho antes, incluso, de la proclamación en 1919 de la República de Weimar– el proletariado participaba masivamente en los procesos electorales, disputándole a la burguesía cada puesto en liza, aquí las elecciones pasaban sin pena ni gloria, ante el desinterés y el descreimiento generalizado. Como afirma Isabel Peñarrubia, “el caciquismo producía desmovilización política y escepticismo”.

Pero la inexistencia de auténticos procesos electorales al modo democrático-burgués, basados en la opinión del electorado expresada mediante el voto, no sólo era una característica de las localidades rurales más atrasadas. En las propias capitales provinciales, aunque el fraude tenía, sin duda, más limitaciones, tampoco tenían lugar verdaderas elecciones, con todo lo que éstas conllevaban. Pocos días antes de las elecciones, no era extraño que no se conocieran aún siquiera el nombre de los candidatos.

De hecho, el problema de la inexistencia de un verdadero sistema electoral de carácter democrático-burgués se agravaría aún más tras la proclamación, durante el Gobierno de Maura, de la ley electoral de agosto de 1907, que –a propuesta del republicano Azcárate–, introduce el célebre artículo 29. Según este artículo, cuando no existiese mayor número de candidatos que el de puestos a cubrirse, estos quedaban automáticamente proclamados, sin necesidad de que se celebrasen las elecciones. A partir de este momento, en muchas localidades se redujo significativamente el número de comicios que tuvieron lugar, lo que, por otra parte, no debió ser advertido por unos “electores” que se hallaban mayoritariamente al margen de los procesos electorales. Estos procesos no pueden, pues, ser vistos más que como una farsa, como una “comedia”.

El recurso a la proclamación de candidatos por la vía dispuesta en el artículo 29 de la Ley electoral de 1907 puede interpretarse valorando la trascendencia de los pactos que se articulaban entre las principales banderías caciquiles de cada lugar, lo que, evidentemente, era crucial. Sin embargo, no siempre la proclamación por el artículo 29 significaba ausencia de oposición. En algunas ocasiones lo que significaba era que se habían utilizado las típicas artimañas caciquiles para impedir al bando opositor presentar su candidatura en tiempo y forma.caciquismoelectoral

En cualquier caso, las elecciones –base principal de todo sistema político representativo– no eran sino una farsa, una “broma infame”. Citaba Costa en 1901 el discurso de un diputado en el Congreso: “Parece que el cuerpo electoral vota, decía Martos en 1885: parece que se hacen Diputaciones y Ayuntamientos, y que se eligen Cortes, y que se realizan en fin, todas las funciones de la vida constitucional; pero éstas no son sino meras apariencias: no es la opinión la que decide; no es el país el que vota, sois vosotros [los Ministros], que estáis detrás manejando los resortes de la máquina administrativa y electoral”.

Efectivamente, en muchos lugares de España no era el país el que votaba; “votaban” los caciques, que eran las piezas principales de esa “máquina administrativa y electoral” de la que habla Martos. Y los miles de votos que aparecían en las actas eran, en realidad, los votos del caciquismo.

En las elecciones, unas veces se imponía el pacto y en otras había “lucha”, pero cuando había lucha los que se enfrentaban eran, no los votantes, sino las banderías caciquiles opuestas, que, a veces, eran capaces de generar un clima de gran tensión y violencia. Cuando no había lucha era, o bien porque se había conseguido el acuerdo entre las banderías caciquiles o, simplemente, porque el dominio socioeconómico de alguna familia terrateniente era tan grande que no podía existir más que un solo bando político.

Aunque es una cuestión en la que habría que profundizar más, creo que se puede establecer una relación directa entre la estructura de la propiedad de la tierra y la lucha política en los diferentes municipios. En aquellos lugares en los que la concentración de la propiedad de la tierra era importante y la hegemonía de un linaje terrateniente era muy grande existían menos posibilidades para que tuvieran lugar encarnizados enfrentamientos políticos. En las localidades con menor concentración agraria, existía, por el contrario, más espacio para que se articularan banderías caciquiles enfrentadas, enfrentamientos que, en ocasiones, podían llegar a desarrollarse con un elevado nivel de violencia.

En otros lugares –en los que la política era más tranquila– ganaba sistemáticamente las elecciones el partido que estaba en ese momento en el Gobierno, y esto no se debía a las presiones insoportables ejercidas por el Gobernador civil de turno, sino a que algunos alcaldes sostenían “el principio de ser conveniente para aquel pueblo y su Ayuntamiento, dar siempre mayoría de votos al Gobierno que mande; si son liberales como al presente a éstos; cuando vengan los conservadores les dará mayoría y lo mismo si acaso subiesen al poder los carlistas o republicanos”.

En aquellos pueblos en que los alcaldes no eran tan “dóciles” ante los planes gubernamentcaciques de Españaales era necesario, muchas veces, que el Gobernador civil recurriese, antes de que se celebrasen las elecciones a Cortes, a la destitución de las Corporaciones díscolas, sustituyéndolas por otras adictas en calidad de interinas. De esta forma se preparaba el terreno, en nuestro sistema parlamentario a la inversa, para la obtención de la mayoría parlamentaria ansiada por el nuevo gobierno de turno. “Tan difícil era alzar una monarquía constitucional y un Estado fundado en la soberanía nacional sobre la injusta y quebrada estructura de la sociedad española, que los gobernantes no podían pararse en ninguna suerte de consideraciones éticas” (Ramos Oliveira).

Es cierto que el desinterés por el “chanchullo electoral” era grande y que no se generaban colas de votantes a las puertas de los colegios. Pero también es cierto que, en algunas ocasiones, había quien, en algún pueblo, pretendía ejercer su derecho al voto, lo que podía resultar muy dificultoso si no se formaba parte de la bandería caciquil hegemónica en ese momento.

Sin embargo, cuando llegaba la hora del escrutinio –y aunque no hubiese entrado casi nadie en los colegios, bien por el desinterés generalizado o porque estos estuviesen en ignorado paradero– siempre aparecía una nutrida “participación”; participación que en ocasiones rebasaba con mucho el número de electores correspondientes a cada distrito. Desviaciones y corruptelas había también, sin duda, en los países más liberales de Europa –como argumenta la historiografía actualmente dominante en nuestro país–, pero aquí, “eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla” (COSTA).

No parece necesario que insistamos más sobre lo que, en esencia, está ya perfectamente claro. Las elecciones en nuestro país no eran sino una especie de “barniz de civilización” (COSTA) con que los caciques semifeudales intentaban presentar una imagen más acorde a los tiempos, adaptando las formas políticas liberales vigentes en la Europa capitalista a las arcaicas estructuras económicas y sociales de España. El resultado de tal adaptación no fue otro que el régimen caciquil, caracterizado –en lo que al sufragio se refiere– por el falseamiento electoral más absoluto. Pocas aportaciones relevantes se pueden hacer respecto de un tema que ha sido ya suficientemente tratado por la historiografía de nuestro país.

Sin embargo, la afirmación que hace un sector importante de la actual historiografía española de que el sistema político español era “perfectamente equiparable a sus homólogos europeos” (Mercedes Cabrera) nos ha obligado a detenernos, siquiera brevemente, para recordar de qué “régimen parlamentario” estamos hablando en realidad.

¿Te animas a comentar qué diferencias y similitudes encuentras con la realidad actual de España?

Benito Pérez Galdós denuncia el caciquismo en España


Muy interesante esta dura crítica que publicó Galdós contra el sistema político de la España de la Restauración. Sorprende su vigencia, más de un siglo después de que fuera escrita. En todo ese tiempo España ha cambiado mucho, ciertamente, pero, según vemos, muchas cosas siguen siendo esencialmente iguales:

Galdós

[…] “Al propio tiempo, nuestro enfermo [se refiere a España] reconoce con tristeza la esterilidad de sus esfuerzos durante todo el pasado siglo para darse un régimen político liberal a la europea. Lo más triste es que ha tardado algunos años en descubrir que el mecanismo que nos rige es un aparato de formas admirables, pero que no funciona; todas sus ruedas y palancas, todos sus engranajes y transmisiones son figurados, como las lindas máquinas pintadas que sirven para el estudio. Forman nuestro régimen político las más seductoras abstracciones. Examinados desde fuera, nuestros Códigos y todo el papelorio de leyes y reglamentos para su aplicación parecerán, sin duda, un perfecto organismo que regula la existencia del pueblo más feliz del mundo. Mirado por dentro, se ve que todo es cartón embadurnado al temple, en algunos trozos con singular maestría; pero ya va envejeciendo notoriamente la pintura, y se clarea de tal modo el artificio, que no hay ojos bastante inexpertos para ilusionarse con él.

Ya nadie ve una base fundamental de la vida política en el principio de la representación del pueblo, porque el sufragio es un donoso engaño al alcance de los observadores menos perspicaces. Las elecciones se hacen sin interés, con escasa y fría lucha; la emisión del voto no apasiona ni enorgullece a los ciudadanos; éstos han podido observar el esmero de los Gobiernos para componer las Cámaras, dando el conveniente número de puestos a las oposiciones y contrapesándolas con abrumadoras mayorías. Resulta que la representación del país está, con unos y otros partidos, en manos de un grupo de profesionales políticos, que ejercen, alternadamente, con secreto pacto y concordia, una solapada tiranía sobre las provincias y regiones. La Justicia y la Administración, sometidas al manejo político y sin medios de proceder con independencia, completan esta oligarquía lamentable, igualmente dura antes y después de las revoluciones que tronaron contra el antiguo régimen. Nuestros políticos agitaron la existencia nacional en el pasado siglo sin fundar nada sólido, y todo lo hecho en nombre de la democracia contra el Gobierno personal, resultó de la misma hechura interna que lo que se quería destruir. Se variaban las apariencias y el nombre de las cosas; pero el alma permanecía la misma

Llegado el momento de abrir bien los ojos y de ver en toda su desnudez y fealdad el error cometido, ¿puede un país ser indefinidamente testigo y víctima callada del mal que padece sin ponerle remedio? Imposible. Los hombres de más saber político reconocen que así no se puede seguir, y forcejean dentro de la red que ellos mismos han tejido, y que les entorpece para toda obra grande de reforma. Pero ninguno se decide a romperla con arte, destruyendo siquiera alguna malla por donde sacar un dedo, después una mano, y llegar por sucesivas rupturas de hilos a la libertad de esta desgraciada nación, esclava de lo que aquí llamamos caciquismo, tristísima repetición de los tiempos feudales y de las demasías de unos cuantos señores, árbitros de los derechos y de los intereses de los ciudadanos

(Benito Pérez Galdós, “La España de Hoy”, 1901).

La enfiteusis en la España semifeudal


Los censos enfitéuticos, foros, rabassas, etc., son, evidentemente, una institución de naturaleza claramente feudal que sesegadoras utilizaron de modo generalizado durante el Antiguo Régimen en todas las provincias españolas. En la primera mitad del siglo XIX, la revolución burguesa se encuentra con el problema enfitéutico y le da una solución limitada y parcial: no fueron abolidos y únicamente fueron declarados redimibles los que habían pasado a manos del Estado a raíz de la desamortización. La posibilidad de redimir los censos enfitéuticos que habían pertenecido a los conventos e instituciones suprimidas abrió la puerta, efectivamente, a un proceso amplio de redenciones, sobre todo tras la desamortización de Madoz. Sin embargo, fueron muchos los censatarios de escasos recursos que no acudieron a redimir los tributos que gravaban sus fincas. Algunos continuaron pagándolos mientras que otros optaron por eludir los pagos, hasta que en las últimas décadas del siglo, una vez derrotada la última de las revoluciones burguesas y restaurada la monarquía, el Estado inicia una nueva ofensiva censualista reclamando de nuevo el pago de las rentas.

Una de las mejores especialistas españolas en el tema, Rosa Congost, no tenía reparos en admitir en 1999, lo poco que sabemos sobre el fin de las relaciones enfitéuticas, y señalaba que ha sido precisamente la identificación entre los adjetivos feudal y enfitéutico lo que ha condicionado la escasa atención historiográfica prestada al tema del fin de los censos. Entre los historiadores de la Edad Contemporánea está extendida la idea de que la legislación liberal va a suponer el fin de los derechos de propiedad de origen feudal, «segurament perquè pensar que van continuar existint equival, en l’argot dels historiadors, a reconéixer restes de feudalisme difícilment compatibles amb el procés d’industrialització de la Catalunya del segle XIX». Para la autora catalana, pocas veces encontraremos un ejemplo tan claro en el que un tópico historiográfico –la revolució liberal va abolir les prestacions de carácter feudal– haya sustituido a un tema de investigación histórica, ofreciendo una imagen simplificada de la historia y tiñendo de institucionalismo la interpretación de la historia social. Lo cierto es que la subsistencia de foros, censos enfitéuticos, rabassas y tributos feudales de diversa índole era de tal magnitud que en 1873 el legislador republicano declaraba:

«Una ley de la Convención declaró libre como las personas el territorio nacional; Inglaterra ha borrado ya de su Constitución agrícola los últimos vestigios del feudalismo; Alemania hace ya tiempo que emancipó a sus colonos, y Rusia emancipa a sus siervos. Los inmortales fundadores de nuestra libertad política iniciaron gloriosamente en nuestra España este movimiento regenerador cuando borraron para siempre los dictados de señor y vasallo, y decretaron la desamortización civil y eclesiástica, y abolieron la vinculación y el diezmo; pero mucho falta que hacer todavía; es necesario romper esta servidumbre en que vive una gran parte del territorio en nuestro país».

 

O sea, que en España faltaba todavía mucho por hacer, en 1873, para acabar con el feudalismo. Y el moderado intento de la primera República para liquidarlo –«se declaran redimibles todas las pensiones y rentas que afectan a la propiedad inmueble, conocidas con los nombres de foros, subforos, censos frumentarios o rentas en saco, derechuras, rabassa morta, y cualesquiera otras de la misma naturaleza»–  se verá prematuramente abortado. En febrero de 1874 un decreto del Gobierno golpista deja en suspenso la ley de 20 de agosto de 1873 y todos los expedientes y juicios a que hubiera dado lugar su ejecución por considerarse injusta para la parte censualista, para los propietarios del dominio directo. Años después, en 1889, la aprobación del nuevo Código Civil de la Restauración consagra y legitima la enfiteusis, considerándola una de las formas de contratación posibles en el ámbito rural. Pero el censo enfitéutico seguía siendo, por supuesto, una pervivencia feudal. Es cierto que en 1889 se declara su redimibilidad general, pero se hizo desde una óptica tan favorable al censualista y con tales particularidades que el Tribunal Supremo llegará a afirmar que, de hecho, el censo enfitéutico seguía siendo irredimible. Además, el nuevo Código Civil mejora la posición de los censualistas a la hora de desahuciar a los censatarios, lo que dar lugar a una renovada ofensiva contra estos en la que, respaldados como estaban por los tribunales, los propietarios del dominio directo exigirían el pago de unas rentas feudales que, en muchos casos, hacía décadas que los censatarios habían dejado de pagar.

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Lo que está claro es que los censos enfitéuticos pervivieron hasta bien avanzado el siglo XX. Es erróneo, por tanto, afirmar sin más que fueron redimidos o se extinguieron por caducidad a lo largo del siglo XIX. Es cierto que hubo, efectivamente, redenciones y seguramente también hubo muchos que no se cobraban por una u otra causa y que al final se extinguieron. Sin embargo, también es cierto que al llegar el siglo XX el problema de la pervivencia de los censos era un problema real, un problema derivado de las limitaciones que caracterizaron en España al proceso de liquidación, parcial, del viejo sistema de propiedad feudal. ¿Hasta cuándo subsistieron? En el caso de Cataluña, es muy conocida la significación que tuvo la Unió de Rabassaires durante la República y la guerra civil. El triunfo en esta guerra del bando favorable a los terratenientes daría lugar a que esta pervivencia feudal se prolongara durante los años de la dictadura y llegara hasta la democracia. En el caso de los foros, hasta hace poco se pensaba que habían sido liquidados por el decreto de redención general de foros dictado en 1926 por el gobierno del general Primo de Rivera. Sin embargo, durante la República seguían siendo un problema. Además, un caso que recientemente ha saltado a los medios de comunicación de todo el país obliga a replantearnos de nuevo el problema.

[Extraído del artículo “La revolución democrática y la línea política del PCE en los años treinta: cuatro décadas después… qué siga el debate”, disponible en este blog]

Suicidio


No aguantó más y se arrojó al vacío desde un cuarto piso. Murió en Córdoba. Francisco José Lema Bretón, de 36 años, casado y con una hija de ocho años. Acababa de recibir una carta donde le comunicaban que todavía debía 22.000 euros. Fran había entregado su casa de Villafranca, una casa que había construido él mismo, con la ayuda de su padre, porque ambos eran obreros de la construcción. Para hacerla se tuvo que hipotecar; y la hipoteca acabó con su vida. Fran estaba en paro, como el 33,39% de la población activa de la provincia de Córdoba; como el 36,87% de la andaluza; como el 27,16% de la española. Era, por tanto, uno más de los 6.202.700 parados que había en España en el primer trimestre de 2013 (según la EPA). Bueno, uno menos.

Su caso es dramático, pero no excepcional. En el Congreso Nacional de Psiquiatría, que tuvo lugar en Bilbao en septiembre de 2012, se puso de manifiesto que la crisis económica estaba ocasionando serios problemas en la salud mental de muchos ciudadanos, siendo la principal causa de los suicidios que se producen en España. Y el suicidio es ya —superando a los accidentes de tráfico— la principal causa de muerte violenta en el país. Es difícil obtener cifras exactas, pero existen estimaciones que apuntan a que los problemas económicos están detrás del 32% de los casos. Fran Lema Bretón también es aquí uno más.

¿Cómo es posible que el país se haya hundido -o suicidado- de esta forma en tan poco tiempo? No hace tantos años —a finales de 2006— que podían leerse en la prensa internacional artículos como éste:

Abran el cava. La economía española ruge con fuerza

El panorama en las carreteras española de entrada y salida de Madrid tienen un decorado muy parecido: grúas, excavadoras, aplanadoras y maquinarias pesadas. Tal escenario es reflejo de la extraordinaria transformación que ha convertido a lo que era un país relativamente pobre hace unas cuantas décadas, en una potencia económica. Pero para España aún están por llegar tiempos más dulces. Tres décadas después de que la muerte del general Francisco Franco sumiera al país en una jungla política y económica, España se encuentra a punto de sobrepasar en la estadística de ingreso per cápita a Italia, un país vecino que siempre miró a los españoles como sus primos pobres. Los síntomas del éxito español se ven por todas partes: en la belleza e imponencia de su nueva terminal aérea en Madrid, en la estatura internacional de arquitectos como Santiago Calatrava y Rafael Moneo, en la interminable vida nocturna y cultural y, por supuesto, en los indicadores económicos, que marcan un crecimiento récord de España y el desempleo más bajo en una generación. «Son buenos tiempos para ser español», señala José Manuel Campa, profesor de economía y finanzas en la escuela empresarial IESE, en Madrid. «España siempre ha tenido a gente excepcional, pero siempre hubo una percepción de que llegaron lejos pese a ser españoles. Ahora tenemos un panorama en el que, sobre todo entre la generación más joven, el mundo es de ellos».

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¿Qué pudo haber pasado para que aquellas perspectivas optimistas e ilusionantes se vinieran abajo en tan poco tiempo? ¿Qué es lo que brillantes profesores de afamadas escuelas internacionales de negocios —como José Manuel Campa, cuyos “certeros análisis” lo catapultaron nada menos que hasta la Secretaría de Estado de Economía en el gobierno del Partido Popular—eran incapaces de comprender de la economía española? En definitiva, ¿qué fue lo que falló en España?

En 2007 llegó la crisis del capitalismo internacional; es cierto. Comenzó en Estados Unidos, con la crisis de las hipotecas subprime, y rápidamente se extendió a Europa, donde golpeó con gran virulencia. Pero no golpeó a todos con la misma fuerza ni del mismo modo. Con España se cebó especialmente, pese a que gurús de la talla de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón Presidente del Gobierno, pronosticaron —haciendo gala de su popular optimismo— que “España no se verá afectada por los efectos de la crisis de las hipotecas de Estados Unidos” al contar nuestro país con “una fortaleza económica evidente y con una solidez de sus instituciones financieras muy notable”.

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Poco después de estas declaraciones, buena parte del sistema financiero español se colapsó, particularmente el que representaban las cajas de ahorros, que concentraban aproximadamente la mitad de los depósitos bancarios del país. Miles de personas de las clases populares se vieron tristemente afectadas, al verse atrapadas por engaños como el de las “participaciones preferentes”, con las que se han  volatilizado parte de sus ahorros. Pero millones más se vieron afectadas, al paralizarse casi por completo —cuando se cerró el grifo de la financiación para promotores y para compradores— el principal sector que había tirado de la economía española durante décadas: la construcción, de la que dependía, directa o indirectamente, casi el 40% del PIB. Y con la parálisis de la construcción y toda la economía circundante, se fueron paralizando los demás sectores y las cifras del desempleo iniciaron un alucinante ascenso que las llevó desde el 9,3% de marzo de 2008 hasta el 27,16% del mismo mes de 2013.

El paro se ceba especialmente con los jóvenes: el 57,22% —casi un millón de ellos— no encuentran trabajo. Muchos van perdiendo la esperanza de encontrarlo. Los que pueden comienzan a abandonar el país, como en los viejos tiempos. El elevado nivel de endeudamiento en que se había sustentado la burbuja inmobiliaria española comienza a pasar su fatídica factura a miles y miles de familias que han caído víctimas del desempleo. El número de los que son desahuciados de las casas en las que habitaban por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres crece día a día sin que nadie haga nada para impedirlo.

Desahucio

Si la crisis del capitalismo es internacional, ¿por qué golpea de forma tan desigual a unos y otros países? El porcentaje de paro de Austria es del 4,8%; el de Alemania, del 5,4%; y el de Países Bajos, del 6,2%. Por el contrario, Grecia y España superan el 26%. ¿Por qué?

Sabemos que la economía española era particularmente débil, al haberse sustentado principalmente en la construcción y la especulación inmobiliaria en lugar de hacerlo sobre una sólida industria, como hizo, por ejemplo, Alemania. Pero ¿por qué se vio el país abocado a un tipo de desarrollo tan débil y precario si hasta un escolar —exceptuando a los brillantes profesores de afamadas escuelas internacionales de negocios— podían comprender que un modelo económico de ese tipo no podía sino derrumbarse ante las primeras sacudidas de la crisis económica internacional? Dijeron que nuestra industria —tardía y burocráticamente levantada, en buena medida, desde los años sesenta— estaba obsoleta y no era competitiva. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no era competitiva nuestra industria, hasta el punto de tuvimos que sacrificar buena parte de ella en diversas fases de una Reconversión que obligó a desviar muchos más recursos productivos al funesto ladrillo?

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Años antes del estallido de la crisis internacional que provocó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya había investigadores que —a contracorriente— planteaban que el país presentaba una serie de problemas estructurales y que estos problemas estructurales sólo se podían explicar si se indagaba científicamente en su proceso histórico, particularmente el que tuvo lugar desde el siglo XIX. Como simples escolares, sabían que el milagro económico español no era sino un espejismo que se iba a desvanecer tarde o temprano, y se pusieron a la tarea de intentar comprender este complejo país. Un país que tenía una dimensión semifeudal y una dimensión capitalista; una dimensión imperialista y una dimensión semicolonial. Un país que tuvo que sufrir una dramática —y a la vez heroica— guerra civil, que se resolvió con el triunfo de la más retrógrada y reaccionaria oligarquía. Los negocios de esta oligarquía, en la que juegan un papel fundamental los grandes propietarios del suelo rústico y urbano, experimentan, a partir de los años sesenta, una progresiva transformación desde las actividades agrarias a las inmobiliarias. El modelo urbanístico que se desarrolla se caracteriza por un crecimiento sin límite ni orden y, en gran parte, amparado en la normativa legal. La última etapa (1997-2008) fue la de mayor amplitud: sólo en la costa se construyó la cuarta parte de lo edificado en todo el país en los 2.000 años anteriores.

Nada de esto hubiese sido posible sin la subsistencia de un caciquismo, de viejo o nuevo cuño, siempre abierto a todo tipo de prácticas corruptas, lo que facilita, además, las condiciones para que las más diversas mafias internacionales puedan establecer sus bases en España. Una economía especulativa urbano-turística genera grandes ventajas legales y políticas para el blanqueo de dinero, y son muchos los que acuden a la fiesta.

Pero en 2008 todo comienza a derrumbarse aceleradamente. El país queda económicamente postrado y se convierte en una presa fácil para las grandes empresas extranjeras, que se van apropiando poco a poco de los negocios más lucrativos, del suelo y del subsuelo. El país que soñó con llegar a ser séptima potencia se ve al fin convertido en una especie de protectorado subordinado a poderosas instituciones internacionales, con un gobierno títere que ejecuta la política que le dictan desde Berlín. En febrero de 2013 Francisco José Lema Bretón, parado de la construcción, no aguantó más y se arrojó al vacío desde un cuarto piso. Murió en Córdoba.

[Extraído del prólogo que redacté para la obra colectiva “Terraenientes, caciques y mafiosos. Claves para entender la España contemporánea”, Ed. Dictus Publising, 2013]

No olvidamos a los mineros. “Octubre rojo en Asturias”, de José Díaz Fernández (Asturias, 1935)


No podemos olvidarnos de los mineros. El año pasado desarrollaron una de las más grandes luchas obreras de los últimos tiempos, anunciando las confrontaciones que están por venir. Aunque ilusionaron al país entero y concitaron el apoyo de todos los demás sectores en lucha de la sociedad española (trabajadores de la enseñanza, de la sanidad, etc.), al final la huelga se saldó con una incuestiMineros-huelga-cortes-carretera-Asturias-Leononable derrota.

Hoy se esfuerzan algunos grupos en Asturias, León y Teruel por mantener encendida la llama de la rebeldía minera, soportando el furioso ataque de los empresarios mineros y de la propia Administración estatal, dispuesta a acabar definitivamente con la minería del carbón en España mientras que, al mismo tiempo, abre las puertas a las multinacionales extranjeras que quieren llevarse las riquezas —ahora revalorizadas—que se esconden en nuestro subsuelo y cuya extracción anteriormente no les resultaba rentable (oro, cobre, gas natural, etc.)

El escritor valenciano Manuel Ciges Aparicio relata en su obra Los Vencedores, de 1908, el aplastamiento y la opresión brutal que sucedieron a la derrota de la huelgona minera que tuvo lugar en Mieres entre febrero y abril 1906. Hoy se vive en las cuencas mineras de Asturias y León una situación similar: despidos masivos, grandes rebajas en las condiciones laborales y arrogancia sin límites de caciques mineros como Victorino Alonso, digno representante del feudalismo industrial que denunciara Ciges hace más de cien años. Las victorias traen avances; las derrotas, retrocesos.

Sin embargo, y aunque la desmoralización debe ser allí muy grande, son muchos los que intentan resistir. Los problemas que tienen que enfrentar son importantes. La huelga del pasado año ha puesto en evidencia la caducidad de las clásicas formas de lucha que durante décadas se han venido empleando en las cuencas. Los encierros en los pozos, las marchas negras a Madrid, los cortes de carreteras más o menos pactados, pudieron resultar útiles en otras épocas pero se han revelado ahora como totalmente ineficaces cuando se trata de enfrentar la política de un Gobierno que —cumpliendo a pie juntillas las órdenes que recibe de los organismos internaciones que tienen secuestrada la soberanía nacional— no está en condiciones de recular en su objetivo de acabar definitivamente con la minería del carbón en España.

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Sin embargo, las organizaciones sindicales insisten una y otra vez en su intento de enredar a los mineros en maniobras de distracción y han vuelto a exigir al Gobierno que convoque la llamada Mesa del Carbón, “para dotar a la minería de un marco regulatorio estable que garantice un presente y un futuro para todo el sector y las comarcas mineras”.

Durante un tiempo y mientras hubo abundancia de dinero, se invirtieron grandes cantidades en las cuencas. Se trataba, por un lado, de alimentar la misma economía del ladrillo y el cemento que se imponía en el resto de España: inversiones en infraestructuras, polígonos industriales de dudosa utilidad, obras públicas diversas, etc. De esta forma se generaba empleo y actividad económica en las comarcas mineras, pero era un empleo y una actividad económica que estaban condenadas a desaparecer en cuanto se vieran recortados los fondos públicos que las alimentaban, como así ha sucedido. A pesar de la cuantiosa inversión realizada, hoy nadie pone en duda que los fondos MINER no consiguieron “promover en general un nivel de actividad suficiente y diversificado para superar la dependencia que dichas comarcas tienen respecto a la minería del carbón”, como se concluyó en 2005 al evaluar el plan desarrollado desde 1998.

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Por otro lado, mediante prejubilaciones, becas para estudios de los hijos en el extranjero (becas MINER), etc., se apaciguaba a los mineros para que no se rebelaran, mientras que ante sus ojos se iba desmantelando la principal fuente de riqueza de las cuencas astur-leonesas y turolenses –lo mismo se hizo en la de Huelva (Riotinto), Ciudad Real (Puertollano) y Córdoba (Valle del Guadiato) — sin que se pusiera en marcha una verdadera reconversión industrial que sustituyese una fuente de riqueza por otra. Y las industrias que se pusieron en marcha al calor de las subvenciones mineras, se están desmantelando rápidamente una vez que dichas subvenciones se han visto recortadas (Rioglass, LM Wind Power, Alas Aluminium, etc.)

Huelga LM Ponferrada  Huelga Alas Aluminium  trabajadores-Rioglass

Desde esta perspectiva, las ayudas MINER no han sido sino una versión astur-leonesa del binomio PER-Subsidio agrario que se implementó en Extremadura y Andalucía. En ambos casos se trataba de apaciguar a los obreros, taparles la boca, a sabiendas de la importancia que las luchas de mineros y jornaleros habían tenido tiempo atrás en España (principalmente en los años de la República, pero también con posterioridad).

A través del subsidio agrario y del PER, los jornaleros extremeños y andaluces fueron relativamente contenidos mientras veían como el histórico latifundismo se perpetuaba en la España democrática; y a través de las ayudas a la minería, los mineros del norte se conformaron relativamente mientras contemplaban como el principal sector económico de las cuencas se desmantelaba de forma progresiva ante la exigencia y con la financiación de la Unión Europea.

No obstante, para que la estrategia funcionara era necesaria la concurrencia de un importante factor: la burbuja inmobiliaria, cuyo auge permitió mantener relativamente contenidas las cifras del desempleo en ambas regiones, proporcionando alternativas económicas a la economía minera, en un caso, y agraria, en otro.

Pero todo se ha venido abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria española que ha resultado de la crisis del capitalismo internacional. Al Gobierno del PP le ha tocado ahora ser el sepulturero de la minería del carbón en España y ha procedido a recortar bruscamente buena parte de los recursos que servían para financiar el desmantelamiento y la supuesta “reconversión” de la economía de las cuencas mineras asturianas, leonesas y turolenses. Los mineros, viendo la magnitud del ataque que contra ellos se desataba, se lanzaron a una larga huelga durante el verano del pasado año, recurriendo a las tradicionales formas de lucha del proletariado minero español. Y aunque hubo episodios de gran combatividad (que dieron lugar a otros de gran represión, como la ocupación de Ciñera de Gordón por la guardia civil en julio de 2012), de la batalla salieron finalmente derrotados.

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Se dice que la situación que se vive en las cuencas desde última huelga es hasta tal punto opresiva que muchos están alertando sobre la posibilidad de que se produzca en breve un estallido social. Pero no un estallido organizado por los viejos dirigentes sindicales, alguno de los cuales (como el histórico José Ángel Fernández Villa) han aprovechado, oportunamente, para jubilarse, sino un estallido de otro tipo, de otra magnitud, probablemente más virulento.

También en Extremadura y Andalucía se presiente un posible estallido, pues la situación es a todas luces insostenible. Las renovadas escaramuzas publicitarias de Sánchez Gordillo y Cañamero parecen informar también sobre la dimensión de la crisis, al tiempo que ponen de manifiesto, igualmente, la ineficiencia de sus formas de lucha (ocupaciones simbólicas de latifundios, para llamar la atención sobre la actualidad del histórico problema de la tierra).

En solidaridad con la lucha de los mineros asturianos, leoneses y turolenses ponemos hoy a disposición de los lectores de este blog la obra, escasamente conocida, de José Díaz Fernández Octubre rojo en Asturias, publicada en 1935.

Octubre rojo en Asturias

José Díaz Fernández nació en un pueblo de Salamanca en 1898 pero desde muy temprano se trasladó a Castropol, Asturias, y posteriormente a Oviedo. Fue un recocido autor literario y periodista. Fue elegido Diputado a Cortes por Asturias en representación del partido radical-socialista. Durante el bienio derechista se aparta de la política y se dedica totalmente al periodismo. Con motivo de la insurrección de Asturias en 1934 publica, bajo el seudónimo de José Canel, la novela Octubre rojo en Asturias, en la que intenta explicar las razones del fracaso del movimiento revolucionario. Entre las razones de este fracaso, destaca Díaz Fernández que “lo peor fue que desde el primer momento la sublevación estuvo descentralizada. En realidad cada región actuó por su cuenta, sin responder a una elemental unidad de acción”. (…)

Diez días después de haberse extinguido los focos revolucionarios en el resto de España, aun combatían los obreros asturianos. Dos cuerpos de ejército tuvieron que atacarlos por distintos sitios, además de las fuerzas que resistían el sitio de Oviedo. Para entrar en Asturias hubo que recurrir a las tropas coloniales de Marruecos, que iban en vanguardia y trataron a la capital como a una ciudad en guerra. Ya he dicho que allí es donde únicamente se hizo el frente obrero revolucionario. Esto, unido a lo abrupto del terreno hizo que allí surgiese una verdadera revolución, deficientemente organizada, esta es la verdad” (…)Asturias 1934

Los obreros de Asturias demostraron una capacidad combativa extraordinaria. ¿Por qué fueron ellos solos, entre los de toda España, los que lucharon con cierta cohesión y con auténtico arrojo revolucionario? Este es un tema de psicología proletaria muy interesante. El minero asturiano es un obrero que, reuniendo las características del trabajador industrial, posee también el empuje primitivo del montañés. En las Casas del Pueblo está en contacto con las ideas revolucionarias, que llegan a través de la lucha de clases, pero no es de todos modos el obrero urbano que disfruta de algunas ventajas de la civilización; vive en las aldeas de la montaña, en los suburbios de la cuenca minera, y allí conserva, al lado del odio al poderoso, la fiereza del montañés”.

Quizás las lecciones de la insurrección de 1934 sirvan, en alguna medida, para la época actual. Los mineros comentan que, entre las razones de la reciente derrota se encuentra la debilidad numérica: somos ya muchos menos de los que éramos hace varias décadas. Puede que en verdad sea esa una causa a tener en cuenta (aunque en 1934 eran muchos más y tampoco fueron suficientes). Pero entonces habrá que concluir resaltando la necesidad de que en las próximas luchas los trabajadores asturianos y leoneses no luchen solos y sean capaces de fundir la lucha de los mineros con las de otras regiones y sectores del pueblo español.

Y puestos a unir luchas, habrá que buscar los aliados, no tanto en los “obreros urbanos que disfrutan de algunas ventajas de la civilización”, sino en los que conserven, “al lado del odio al poderoso, la fiereza del montañés”. Quizás sea en esos jornaleros andaluces y extremeños de los que antes hablábamos donde los mineros asturianos y leoneses encuentren esos fieros compañeros de lucha que tanto están necesitando. El Gobierno, quizás temiendo tal confluencia, no se ha atrevido, de momento, a recortar los fondos del PER-PROFEA/ Subsidio-Renta agraria, como si intentara hacer, sin éxito, el Gobierno de Aznar en 2002. De hecho, para contener la situación en el campo del Sur, la Ministra de Empleo aceptó recientemente rebajar de 35 a 20 las peonadas necesarias para cobrar los seis meses del subsidio o renta agraria (426 euros al mes), en atención a los escasos jornales que se han ofertado este año por la mala cosecha de la aceituna. Sin embargo, la medida de gracia no ha conseguido rebajar demasiado la tensión que se vive en las áreas rurales y en las pequeñas agro-ciudades extremeñas y andaluzas, que podrían están a punto de estallar. Si en las próximas luchas se consigue una confluencia de los movimientos del Sur y del Norte, quizás los Victorino Alonso y los Cayetano de Alba tengan que abandonar un poco de su actual arrogancia.

[Acceder al libro completo en la sección de Lecturas]

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Interpretaciones historiográficas sobre la revolución burguesa en España


En la historiografía española se han sucedido o combinado (sin contar la nuestra) tres interpretaciones diferentes sobre la historia contemporánea de España:

  1. En la primera (predominante hasta los años sesenta), la revolución burguesa fracasa o no culmina totalmente sus tareas históricas (VILAR, TUÑÓN DE LARA).
  2. En la segunda (articulada a partir de los años setenta y pronto convertida en dominante), la revolución burguesa triunfa por la vía prusiana, desde arriba, dirigida por los antiguos señores y terratenientes feudales (FONTANA, SEBASTIÀ, CLAVERO);
  3. Y en la tercera (definida en los años ochenta a partir de la segunda), la burguesía toma el poder por la vía revolucionaria francesa, aunque sin tanta radicalidad como en aquélla, perjudicando en amplia medida a la antigua terratenencia, que sería la clase social parcialmente derrotada en la revolución (RUIZ TORRES).

 Entre los años setenta y ochenta, la segunda y tercera interpretación –una como variante de la otra– se convierten en hegemónicas. El momento en que la España feudal se convierte en la España capitalista queda fijado, así, en los años treinta y cuarenta del siglo XIX. Los elementos feudales o precapitalistas que, no obstante, siguen existiendo, se explicarán, o bien como simples pervivencias, más o menos anacrónicas, que “consiguieron traspasar el tamiz revolucionario y vieron prolongar su existencia más allá de la época que les era propia” (SEBASTIÀ y PIQUERAS) o, por el contrario, como elementos procedentes de la antigua sociedad que se insertan, de una u otra forma, en el nuevo modo de producción capitalista, contribuyendo activamente a su desarrollo (CLAVERO).

Fusilamiento de torrijos

[Fusilamiento de Torrijos]

La victoria de las nuevas concepciones sobre el triunfo –por una u otra vía– de la revolución burguesa en España parecía segura. Para consolidarse, no obstante, necesitaba la concurrencia de una amplia serie de investigaciones que vinieran a proporcionar la prueba empírica de que la transformación capitalista del campo español durante el siglo XIX se podía constatar, era un hecho cierto.

Los pioneros en este campo fueron los economistas Juan Martínez Alier y José Manuel Naredo, a los que siguieron multitud de investigadores, tanto a nivel individual como integrados en los nuevos centros de investigaciones agrarias impulsados y financiados por las diversas instituciones académicas y financieras, como , por ejemplo,  la Fundación Juan March (Grupo de Estudios de Historia Rural, el Centre de Recerca d’História Rural, el Seminario de Historia Agraria, Grupo de Historia Agraria de Murcia, el Centre d’Estudis d’Història Rural, etc.). Varias revistas (Historia Agraria, Estudis d’Història Agrària, Agricultura y Sociedad, Noticiario de Historia Agraria, etc.) y toda una serie de congresos específicos (Congresos de Historia Agraria, de Geografía Rural, etc.) surgieron para difundir a lo largo y ancho de España los resultados de este rosario de investigaciones que, nadando a favor de la corriente, proliferaban por doquier.

Aunque normalmente se presentaban como investigaciones “puras”, desprovistas de objetivos externos a los propios del ámbito científico, la finalidad política de los primeros trabajos de Martínez Alier y de Naredo estaba perfectamente clara. Su función principal no era otra que la de combatir, desde posiciones “de izquierda”, a aquellas organizaciones –como el PCE– que seguían planteando la necesidad de una revolución democrática que acabase con las pervivencias feudales en el campo como etapa previa para la construcción del socialismo.

En la mayoría de estos agraristas destacaba, entre otros aspectos, una supeditación absoluta al dogma de la España capitalista. Cuando la investigación mostraba la existencia de un amplio número de jornaleros en el marco geográfico y cronológico elegido, esa era la prueba irrefutable de un proceso de proletarización campesina, claramente contextualizado en la revolución que habría tenido lugar en las relaciones de producción agrarias; cuando, por el contrario, era innegable la ausencia de tal proletarización y el predominio de relaciones como la aparcería, masovería, etc., se hablará –curiosa idea– de un capitalisme agraire sans proletarisation. Cuando la investigación detectaba la existencia de un proceso de redención de censos enfitéuticos, esa era la prueba del proceso de liquidación del sistema de propiedad feudal. Pero si, por el contrario, era evidente que los censos o foros prolongaban demasiado su existencia, se explicaba porque la agricultura de esa región se había insertado en el capitalismo por una vía lateral de la revolución burguesa (VILLARES PAZ). Cualquier cosa antes que admitir un capitalisme impossible (SAGUER HOM).

Lo que hasta entonces habían sido interpretadas –en la tradición del materialismo histórico– como atrasadas pervivencias feudales o precapitalistas (la aparcería, la explotación extensiva, el cultivo al tercio, la explotación ganadera tradicional de las dehesas andaluzas y extremeñas, etc.) era presentado ahora, en los trabajos de Martínez Alier, Naredo y sus seguidores, como óptimas estrategias capitalistas derivadas de la moderna mentalidad “rentabilista”, empresarial, de los grandes propietarios (NAREDO). El predominio de la aparcería en regiones como Cataluña, será explicado –casi podríamos decir, justificado–, no como una de las clásicas formas precapitalistas de extracción de la renta de la tierra por parte de los terratenientes semifeudales (pago en trabajo), sino como la forma óptima de explotación agraria capitalista, teniendo en cuenta el contexto agroecológico y las tecnologías disponibles (GARRABOU, PLANAS y SAGUER). O como explica Pérez Picazo, “no tiene mucho sentido calificar determinadas formas de explotación como la aparcería o la misma enfiteusis de «supervivencias preindustriales»; se trata, por el contrario, de bien pensadas opciones”, formas de respuesta perfectamente racionales a unos mercados incompletos e imperfectos.

Cualquier cosa que, en este terreno, la investigación revelase, era interpretado como una prueba más de la revolución capitalista en el agro hispano. De este modo, se intentaba demostrar empíricamente lo que venían planteando historiadores como Fontana sobre el triunfo de la revolución burguesa en España. Y, efectivamente, la victoria de esta tesis se consolidó en el ámbito académico, resultando prácticamente barrida la concepción que había venido defendiendo el fracaso de la revolución burguesa y la pervivencia de la semifeudalidad.

El PCE y la mayoría de las organizaciones que se situaban a su izquierda acabaron adoptando, también, el nuevo enfoque sobre la historia contemporánea de España, abandonando, no sólo la idea de la fase democrática –antifeudal– de la revolución, sino la idea misma de la revolución proletaria. Además, el éxito de esta operación supondría el aislamiento político e intelectual del movimiento jornalero en Andalucía. Entre 1975 y 1985 tendrían lugar las últimas movilizaciones importantes de la lucha por la tierra en el Sur de España. No obstante, en determinadas coyunturas como la de 2002-2003 y en este mismo año 2013 (tomas simbólicas de tierras dirigidas por el SOC de Sánchez Gordillo y Cañamero) las luchas jornaleras han vuelto a salir temporalmente a la palestra, poniéndose de manifiesto que el problema persiste.

En la segunda mitad de los ochenta la situación nacional e internacional cambia y este cambio tendrá repercusiones significativas en el panorama historiográfico mundial. En España, la Transición culmina con el triunfo de la vía reformista –casi podríamos decir, prusiana– y la mayor parte de la antigua oposición de izquierda va abandonando el discurso político revolucionario, lo que, paralelamente, conlleva también el abandono progresivo de la preocupación por la revolución burguesa. El tema se dará por definitivamente zanjado: la revolución burguesa en España culminó, por una u otra vía –ya no importa demasiado– entre 1834 y 1843. Y punto.

Por otra parte, una fuerte ofensiva conservadora a nivel internacional desde la segunda mitad de los años ochenta  permite al imperialismo y a las clases dominantes de los distintos estados irse desembarazando progresivamente de las categorías marxistas de interpretación histórica. Hasta ese momento, la historia del desarrollo capitalista en el mundo pasaba inevitablemente por la discusión sobre la revolución burguesa. Al margen de las diversas tergiversaciones llevadas a cabo por los intelectuales burgueses con respecto a este fundamental concepto del marxismo, en el trasfondo subyacía el profundo arraigo de este pensamiento historiográfico. De este modo, se entendía comúnmente que el acontecimiento fundamental en el paso del feudalismo al capitalismo era el de la revolución burguesa, cuyas tareas podían verse cumplidas por un camino revolucionario o por un camino reformista.

La nueva ofensiva conservadora –en la cual va a desempeñar un papel fundamental la ofensiva ideológica– se esforzará por rebatir la interpretación marxista del proceso histórico desde sus mismas bases. La transición del feudalismo al capitalismo será vista ahora, por el “nuevo” pensamiento postmoderno que difunde el imperialismo, como resultado de un proceso lento y complejo en el que las revoluciones no serán más que episodios excepcionales y, en ocasiones, incluso contraproducentes. De nuevo, las clases dominantes internacionales –reaccionarias por naturaleza– vuelven a enfrentarse al odiado pensamiento marxista. El encargo a sus intelectuales es claro: ¡recorred el mundo y llevad la buena nueva: el motor de la historia no es –y nunca ha sido– la lucha de clases!

Según la “nueva” concepción, revoluciones burguesas no han existido nunca y mucho menos aún revoluciones proletarias. Se apunta contra la propia Revolución Francesa –negando su carácter de revolución burguesa– pero a quien se quiere derribar es a las revoluciones comunistas, negándoles su carácter de revoluciones proletarias y convirtiéndolas en simples golpes de estado –magistrales, eso sí– de un pequeño grupo bolchevique. Revolución burguesa y revolución proletaria aparecen así, nuevamente, unidas intelectualmente por un hilo más o menos oculto, lo mismo que había sucedido años antes.

Cómo identificar a los terratenientes (en las investigaciones sobre la cuestión agraria)


Los investigadores que se encuentran estudiando el tema de la propiedad agraria en un determinado territorio, suelen encontrarse con un problema. No existe acuerdo con respecto a los valores de referencia para la definición de la pequeña, la mediana y la gran propiedad. Por lo tanto, a veces resulta complicado establecer comparaciones entre la estructura de la propiedad de la tierra de unos y otros espacios, puesto que los criterios que se han utilizado para conceptualizar los diferentes niveles ­­­—normalmente tres­— difieren entre unos trabajos y otros.

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En España ha desempeñado un papel importante la definición del geógrafo López Ontiveros, que entiende “por mediana propiedad aquella propiedad agraria susceptible de asegurar el mantenimiento de una familia campesina, y grande y pequeña aquellas cuyas dimensiones sean superiores o inferiores respectivamente a la mediana”.

Partiendo de este criterio básico se han utilizado diferentes métodos para determinar los valores concretos que marcarían, en cada ámbito, los límites entre los tres clásicos niveles: líquido imponible, superficie, combinación de ambos factores, etc.

Algunos investigadores, especialmente geógrafos, aprovechando la llegada del Catastro y, en general, el significativo progreso de la estadística desde los años 50 y pretendiendo perfilar mejor la definición de los diferentes niveles, optaron por hacerlo según los diferentes cultivos y la existencia o no de regadío, partiendo, por lo tanto, de la tierra y no de los hombres, de las fincas y no de sus propietarios. Creemos que es un sistema poco operativo que ignora que lo principal en las ciencias sociales es caracterizar la formación social.

En muchos lugares de España, era frecuente que un gran propietario, un multifundista, tuviese un gran número de parcelas en todos los pisos bioclimáticos, dedicadas a los más diversos aprovechamientos: unas de regadío y otras de secano; unas con productos de regadío de primera calidad y otras con productos de secano de tercera; unas labradas y otras no labradas; unas buenas y otras malas. Todas jugaban un papel en las relaciones de dominación y explotación características de la sociedad semifeudal y no se pueden analizar por separado.

Discrepo, por tanto, del criterio de los investigadores que han considerado la cifra de 5 ha., o incluso menos, el límite inferior de la gran propiedad, basándose en los abultados beneficios económicos que esta superficie de tierra podía proporcionar en algunos lugares. Esta conceptualización de la gran propiedad, centrada en los ingresos, encuentra basamento en definiciones como la de López Ontiveros, según la cual, la gran propiedad es aquella que proporciona más de lo necesario para la subsistencia de la familia campesina.

En nuestra investigación hemos considerado que el grupo de los propietarios de hasta 2 hectáreas corresponde a la categoría de pequeños propietarios o campesinos pobres. En la conceptualización tradicionalmente admitida se trata de aquellos campesinos cuyas tierras no les permiten subsistir de manera independiente, sin tener que trabajar habitualmente para los grandes y medianos propietarios.

Los contribuyentes que tienen más de 2 ha. y menos de 50 ha. habría que incluirlos en la categoría de medianos propietarios, en la que, no obstante, hemos realizado una subdivisión, separando la capa inferior (2-10 ha.) de la capa superior (10-50 ha.). Los medianos propietarios de la capa inferior serían aquellos cuyas tierras les garantizaban la reproducción económica de la unidad familiar con unos niveles mínimamente aceptables para la época. Los de la capa superior superaban, con mayor o menor amplitud, este mínimo nivel. Podían recurrir con frecuencia a la contratación de jornaleros en determinadas épocas o para determinadas labores e, incluso, era habitual que reprodujeran las formas semifeudales de explotación del campesinado que caracterizaban a los grandes propietarios, de tal forma que tenían bastantes elementos de conexión con ellos.

Por último, a los contribuyentes que poseen más de 50 ha. los hemos considerados como grandes propietarios. Consideramos que, a escala municipal, la posesión de una superficie de tierra superior a las 50 ha. suponía, en muchos lugares, un grado muy elevado de control por parte de estos propietarios de los principales recursos productivos de la comunidad. Este control les proporcionaba un significativo dominio económico, social y político sobre un campesinado pobre que quedaba, de este modo, sujeto a una verdadera dependencia semiservil con respecto a ellos.

No serían, por lo tanto, la riqueza ni la productividad de sus fincas, los principales elementos a la hora de definir la esencia de la condición del gran propietario. La riqueza era, obviamente, un elemento importante –los grandes propietarios eran ricos– y las tierras más productivas de una localidad determinada se hallaban, casi siempre, en sus manos. Pero lo que definía, en esencia, a los verdaderos terratenientes era la monopolización de los principales recursos productivos –la tierra y el agua–, que les permitía subyugar, en todos los sentidos, a la mayoría de los habitantes de la comunidad rural en la que ejercían su señorío.

Por lo tanto, para la delimitación de los niveles inferiores de la gran propiedad ­—que en ningún caso pueden ser, por lo tanto, de 5 ha., por muchos ingresos que esta superficie en regadío pudiera proporcionar— es fundcampo andaluzamental tener en cuenta el marco geográfico en el que se ubica la propiedad. Una misma cantidad absoluta de tierra en manos de una familia terrateniente proporcionará más poder social y político, de modo genérico, cuanto más reducido sea el espacio geográfico en el que se inserta, cuanto menos terreno quede disponible para repartir entre los demás propietarios. En este sentido, es importante tener en cuenta la variedad geográfica de España y las distintas magnitudes territoriales de sus provincias. No representarán lo mismo 100 ha., por ejemplo, en la provincia de Córdoba, (donde la superficie media por municipio alcanza los 182,9 km² y donde los municipios de mayor extensión superan los 500 km²) , o en la de Albacete (donde la superficie media llega a 172,7 km²), que en la Isla de Tenerife (62,2 km²), en la provincia de Gerona (25,04 km² ) o en la de Vizcaya (22,8 km²).

 [Esta explicación está extraída del capítulo 3 de mi tesis doctoral, a la que puede accederse en este blog]

“Yo cuando veo olivares, ya sé dónde le duele al pueblo”: Tierra de olivos, de Antonio Ferres, 1964 (Córdoba, Jaén, Granada)


La rebusca entre la literatura que se quedó olvidada en el campo nos ha llevado en esta ocasión a una obra del madrileño Antonio Ferres: Tierra de olivos. Se publicó en 1964 y no se volvió a reeditar hasta 2004, cuando el género del realismo crítico o realismo social al que se adscribió en su momento había caído en desgracia hacía ya mucho tiempo.

No podía ser de otra forma; la obra de Ferres describe una Andalucía –en aquellos años en que los intelectuales españoles sentían la necesidad de salir de Madrid y acercarse al Sur— que no casaba bien con la imagen de la España modernizada que se construyó desde los años setenta al calor de un crecimiento basado en el turismo y la especulación inmobiliaria. Pero –cosas del destino- todo aquel crecimiento se vino abajo y resulta que al “descubrir” hoy esta obra casi 50 años después de su publicación, la encontramos actual y vigente, salvando las distancias entre una época y otra. Porque muchas cosas han cambiado, pero hay muchas cosas que, lamentablemente, se mantienen.

Tierra de olivos

Construye, Ferres, el relato en forma de crónica de un supuesto viaje —en la que se intercalan recuerdos de otros viajes anteriores— de un viajante de comercio, andaluz afincado desde niño en Madrid, que recorre, de pueblo en pueblo, una zona que se extiende desde Lucena (Córdoba) hasta Baeza (Jaén), pasando por Rute, Loja, Algarinejo, Priego de Córdoba, Alcaudete, Castro del Río, Cabra, Montilla, Montoro, Andújar, Bailén y Linares. Aunque el viajante y el viaje son de ficción, las descripciones que el autor introduce reflejan un conocimiento de primera mano de la región que describe. ¿Dónde se encuentran hoy esos intelectuales dispuestos a recorrer los pueblos de España para descubrir, no los placeres de su gastronomía, sino los sufrimientos y las luchas del pueblo? Se buscan.

El conocimiento de primera mano permite a Ferres a señalar —lo más claramente que la censura franquista podía permitir— el principal problema de Andalucía en un marco temporal sólo señalado indirectamente por un suceso: el asesinato del congoleño Patrice Lumumba (1961). Y el principal problema no es otro que el latifundismo. Un latifundismo que condena a buena parte de la rica Andalucía al monocultivo del olivar; que condena al paro durante la mayor parte del año a la población jornalera; al paro y a la emigración:

  •      “Aquí no hay ná que hacer. Ná más que olivos y olivos”.

….

  •       “Aquí el señorío se cree que lo arregla tó con dar cuatro peonás pa la cosecha. ¡Cómo quié usté que compren los jornaleros!

  •       “Si en toavía hubiera trabajo tó el año…”

  • “Casi la mitad de la gente se ha ido por ahí a ganarse la vida, a Barcelona, a Madrid, a Bilbao o al extranjero— dice otro que es patilargo y va espatarrado, escupiendo en el suelo.
  • ¿Son fincas muy grandes? Miles y miles de hectáreas.
  •  “Es la tierra que da más aceite de oliva del mundo, y una de las peor repartidas, todo está en unas pocas manos— me dice  Sánchez.”

Los jornaleros andaluces seguían siendo contratados en la plaza del pueblo, como en el siglo XIX:

  • “Para chasco bueno —dice don Mariano—, el que me llevé yo la primera vez que caí por una de estas plazas de Andalucía y vi a los grupos de hombres que estaban esperando a que los contrataran para trabajar. Me creí que era una manifestación”.

Y seguían soñando —como siempre— con la tierra, con el “reparto”:

  • “Por estos lugares todo el mundo anda tan ansioso de un trozo de campo, que la lanzá es cosa de pura imaginación; «soñaba el ciego que veía y eran las ganas que tenía»

  •   Tenían que darles tierra a los hombres sin trabajo en toda esta Andalucía.
  • Si hubiera industria…”

olivares

 La falta de actividad económica derivada del monocultivo del olivar condenaba a los pueblos a la desalentadora atonía:

  • Me dijo el hombre que en el pueblo apenas había negocio, debido a que con el tiempo lluvioso salieron pocos hombres a trabajar el campo durante el invierno y habían ganado pocos jornales. Era la historia de siempre.

… Y a los jornaleros a emigrar:

  • Mejor que en nuestro pueblo, donde sea ha de estar mejor”

  •    “A un servidor le da igual dónde caiga. El caso es trabajar y que te paguen un buen jornal— dice el mozo que va mirando por la ventanilla”.
  • No se crea que somos culos de mal asiento, lo que pasa es que hasta pa el currelo hay que irse de España. Casi toa Andalucía es igual”.
  • Por tó junto me voy. Uno no quiere ser rico, pero quiere vivir como persona. Aquí no hay más que olivos. ¿Sabe usté de árbol que diga más lo fastidiao que está un pueblo? Cuando no vea usté más que olivos alrededor…”
  • “Yo, cuando veo olivares, ya sé dónde le duele al pueblo”.

 Y pregunta, en un momento, el viajante a un jornalero que se disponía a abandonar su pueblo:

  • Si se van todos ustedes, ¿quién va a recoger la cosecha?

–          No sé. Que la cojan los ricos.

 Mientras escribo esta pequeña presentación a Tierra de olivos, veo en la televisión la noticia de que los jornaleros del SOC-SAT acaban de ocupar -simbólicamente- nuevas fincas en las provincias de Sevilla y Jaén. La cifra de paro en el primer trimestre del 2013 es —según la EPA—del 36,87%. Y la zafra del olivo ha sido este año tan mala que muchos no pueden llegar ni a las 35 peonadas que se exigen para cobrar el subsidio agrario; un subsidio que se implantó (el binonio subsidio o renta agraria-PER, ahora PROFEA) para que los ricos no tuvieran que coger ellos mismos las cosechas (por la emigración masiva los jornaleros) y para que los jornaleros se estuvieran tranquilos sin tomar las tierras; muchos de ellos, por lo visto, no llegan siquiera a reunir las 20 peonadas que se exigen este año, en atención a la especial situación que se vive en los pueblos andaluces (el Gobierno del PP tuvo que bajar a 20 la cifra mínima de peonadas necesarias para cobrar durante seis meses el subsidio o renta agraria, como una forma de disminuir un poco la tensión que se está acumulando en el Sur de España). En las décadas anteriores a la crisis, cuando el auge de lo inmobiliario, muchos jornaleros abandonaron la actividad agraria para pasar a negocios relacionados con la construcción. En pueblos como Espera (sierra de Cádiz), fueron muchos los que se dedicaron al pulimentado de suelos (de naves industriales, aparcamientos, etc.); en Guadiana del Caudillo (Vegas Bajas, Badajoz) en lo que especializaron fue en los prefabricados de pladur (placas de yeso laminadas); y lo mismo en tantos y tantos lugares. Hoy son pocas las empresas de este tipo que subsisten en los pueblos y los trabajadores expulsados de la actividad intentan encontrar de nuevo trabajo en el campo, como jornaleros que siguen siendo en el fondo. Pero el campo -por el sistema de producción latifundista (olivar y cereal) y por la mecanización de muchos regadíos (tomates, arroz, etc.)- sólo puede absorber unos pocos de ellos. Las cifras de paro, que ni siquiera en los años de bonanza dejaron de ser altas, se disparan (el paro en Espera llega en 2012 al 58%). La situación se hace cada vez mas crítica en regiones como Andalucía y Extremadura: Tierra de olivos. “Yo cuando veo olivares, ya se dónde le duele al pueblo”.

 [La obra está accesible en este blog, en la sección de Lecturas]

paro andalucia

Cómo definir el caciquismo


Muchas páginas se han escrito sobre el caciquismo y, sin embargo, es difícil encontrar una definición que resulte operativa a la hora de explicar la subsistencia actual del fenómeno. Yo mismo escribí en mi tesis doctoral 1.300 páginas sobre el tema y en ellas no se encuentra ni una sola definición clara sobre el objeto principal de mi estudio. ¡Qué despiste!

Posteriormente, en 2009, me vi obligado a elaborar una especie de definición, cuando el editor de la revista de ciencias sociales Aposta me lo puso como requisito para publicarme un artículo que había escrito sobre el caciquismo en la España actual. La verdad es que se lo agradezco, porque si no me lo hubiese “exigido” creo que nunca me hubiese puesto a la labor.

La cosa no era fácil; la definición debía servir para referirse al caciquismo clásico (el de la España de la Restauración, básicamente agraria), pero también para aplicarla a la España actual, una España en la que las actividades agrarias fueron pasando a un segundo plano (desde los años sesenta), siendo progresivamente reemplazadas (en unos lugares más rápido y en otros más lentamente) por una economía que giraba en torno al negocio inmobiliario.

Si no se podía articular una definición así de amplia no podíamos seguir utilizando el concepto Caciquismo para explicar la naturaleza actual del sistema político español. Y sin embargo, la fuerte subsistencia del caciquismo se nos colaba todos los días por la ventana y podíamos sentirla claramente. Era imposible no verla. Había, pues, que abrirle la puerta del entendimiento, había que aceptar su presencia, su existencia. Pero para aprehenderla, para llegar a entenderla, hacía falta elaborar una conceptualización que recogiera, de forma sintética, los rasgos esenciales del fenómeno caciquil. Todo lo que existe puede definirse.

Baltar

Rajoy y Fraga aplauden a Baltar en unos de sus improvisados conciertos. | Efe

Puesto a la tarea, y tras discutir el tema con otros colegas, he acabado pensando que el caciquismo es todo un sistema de organización social y política articulado verticalmente desde el ámbito local hasta el nacional, que se desarrolla históricamente en aquellos países en los que no se produjo o no culminó la revolución burguesa durante el siglo XIX y, por tanto, subsistió la semifeudalidad a nivel económico, social, político y cultural.

El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. El caciquismo se encuentra en la base de su poder y es la expresión política del dominio económico de unas oligarquías lideradas por los grandes propietarios del suelo, ya sea rústico (actividades agrarias) o urbano (actividades inmobiliarias).

No está representado sólo por los caciques propiamente dichos, sino que comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios y agentes, que conforman estrechas redes mediante las cuales los sistemas de autoridad estatal se engarzan con los  sistemas de autoridad social que se desarrollan en la base de las comunidades. Estas redes complejas, capaces de bordear la legalidad, tienden a controlar las instituciones y las formas de organización política, social, cultural y, en general, todos los aspectos relevantes de las comunidades, rurales o urbanas.

El caciquismo surgirá históricamente vinculado a sistemas políticos parlamentarios (monarquías o repúblicas), lastrando el desarrollo de las instituciones liberales. En aquellos países en los que la crisis del sistema parlamentario llevó a la instauración, en un determinado momento, de regímenes dictatoriales de carácter fascista, el caciquismo tenderá a subsistir, amoldándose a las nuevas estructuras de dominación política e impregnando las nuevas formas estatales de todos los elementos estructurales que son consustanciales al sistema caciquil.

[Esta definición está incluida en el artículo “El caciquismo en la España reciente. El caso de Castilla y León”, publicado en la revista Aposta, nº 43, octubre-noviembre-diciembre de 2009]