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Cómo identificar a los terratenientes (en las investigaciones sobre la cuestión agraria)

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Los investigadores que se encuentran estudiando el tema de la propiedad agraria en un determinado territorio, suelen encontrarse con un problema. No existe acuerdo con respecto a los valores de referencia para la definición de la pequeña, la mediana y la gran propiedad. Por lo tanto, a veces resulta complicado establecer comparaciones entre la estructura de la propiedad de la tierra de unos y otros espacios, puesto que los criterios que se han utilizado para conceptualizar los diferentes niveles ­­­—normalmente tres­— difieren entre unos trabajos y otros.

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En España ha desempeñado un papel importante la definición del geógrafo López Ontiveros, que entiende “por mediana propiedad aquella propiedad agraria susceptible de asegurar el mantenimiento de una familia campesina, y grande y pequeña aquellas cuyas dimensiones sean superiores o inferiores respectivamente a la mediana”.

Partiendo de este criterio básico se han utilizado diferentes métodos para determinar los valores concretos que marcarían, en cada ámbito, los límites entre los tres clásicos niveles: líquido imponible, superficie, combinación de ambos factores, etc.

Algunos investigadores, especialmente geógrafos, aprovechando la llegada del Catastro y, en general, el significativo progreso de la estadística desde los años 50 y pretendiendo perfilar mejor la definición de los diferentes niveles, optaron por hacerlo según los diferentes cultivos y la existencia o no de regadío, partiendo, por lo tanto, de la tierra y no de los hombres, de las fincas y no de sus propietarios. Creemos que es un sistema poco operativo que ignora que lo principal en las ciencias sociales es caracterizar la formación social.

En muchos lugares de España, era frecuente que un gran propietario, un multifundista, tuviese un gran número de parcelas en todos los pisos bioclimáticos, dedicadas a los más diversos aprovechamientos: unas de regadío y otras de secano; unas con productos de regadío de primera calidad y otras con productos de secano de tercera; unas labradas y otras no labradas; unas buenas y otras malas. Todas jugaban un papel en las relaciones de dominación y explotación características de la sociedad semifeudal y no se pueden analizar por separado.

Discrepo, por tanto, del criterio de los investigadores que han considerado la cifra de 5 ha., o incluso menos, el límite inferior de la gran propiedad, basándose en los abultados beneficios económicos que esta superficie de tierra podía proporcionar en algunos lugares. Esta conceptualización de la gran propiedad, centrada en los ingresos, encuentra basamento en definiciones como la de López Ontiveros, según la cual, la gran propiedad es aquella que proporciona más de lo necesario para la subsistencia de la familia campesina.

En nuestra investigación hemos considerado que el grupo de los propietarios de hasta 2 hectáreas corresponde a la categoría de pequeños propietarios o campesinos pobres. En la conceptualización tradicionalmente admitida se trata de aquellos campesinos cuyas tierras no les permiten subsistir de manera independiente, sin tener que trabajar habitualmente para los grandes y medianos propietarios.

Los contribuyentes que tienen más de 2 ha. y menos de 50 ha. habría que incluirlos en la categoría de medianos propietarios, en la que, no obstante, hemos realizado una subdivisión, separando la capa inferior (2-10 ha.) de la capa superior (10-50 ha.). Los medianos propietarios de la capa inferior serían aquellos cuyas tierras les garantizaban la reproducción económica de la unidad familiar con unos niveles mínimamente aceptables para la época. Los de la capa superior superaban, con mayor o menor amplitud, este mínimo nivel. Podían recurrir con frecuencia a la contratación de jornaleros en determinadas épocas o para determinadas labores e, incluso, era habitual que reprodujeran las formas semifeudales de explotación del campesinado que caracterizaban a los grandes propietarios, de tal forma que tenían bastantes elementos de conexión con ellos.

Por último, a los contribuyentes que poseen más de 50 ha. los hemos considerados como grandes propietarios. Consideramos que, a escala municipal, la posesión de una superficie de tierra superior a las 50 ha. suponía, en muchos lugares, un grado muy elevado de control por parte de estos propietarios de los principales recursos productivos de la comunidad. Este control les proporcionaba un significativo dominio económico, social y político sobre un campesinado pobre que quedaba, de este modo, sujeto a una verdadera dependencia semiservil con respecto a ellos.

No serían, por lo tanto, la riqueza ni la productividad de sus fincas, los principales elementos a la hora de definir la esencia de la condición del gran propietario. La riqueza era, obviamente, un elemento importante –los grandes propietarios eran ricos– y las tierras más productivas de una localidad determinada se hallaban, casi siempre, en sus manos. Pero lo que definía, en esencia, a los verdaderos terratenientes era la monopolización de los principales recursos productivos –la tierra y el agua–, que les permitía subyugar, en todos los sentidos, a la mayoría de los habitantes de la comunidad rural en la que ejercían su señorío.

Por lo tanto, para la delimitación de los niveles inferiores de la gran propiedad ­—que en ningún caso pueden ser, por lo tanto, de 5 ha., por muchos ingresos que esta superficie en regadío pudiera proporcionar— es fundcampo andaluzamental tener en cuenta el marco geográfico en el que se ubica la propiedad. Una misma cantidad absoluta de tierra en manos de una familia terrateniente proporcionará más poder social y político, de modo genérico, cuanto más reducido sea el espacio geográfico en el que se inserta, cuanto menos terreno quede disponible para repartir entre los demás propietarios. En este sentido, es importante tener en cuenta la variedad geográfica de España y las distintas magnitudes territoriales de sus provincias. No representarán lo mismo 100 ha., por ejemplo, en la provincia de Córdoba, (donde la superficie media por municipio alcanza los 182,9 km² y donde los municipios de mayor extensión superan los 500 km²) , o en la de Albacete (donde la superficie media llega a 172,7 km²), que en la Isla de Tenerife (62,2 km²), en la provincia de Gerona (25,04 km² ) o en la de Vizcaya (22,8 km²).

 [Esta explicación está extraída del capítulo 3 de mi tesis doctoral, a la que puede accederse en este blog]

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