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Compara y busca las diferencias. La “democracia” de la primera Restauración Borbónica en España (1890-1923)

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En  estos momentos en los que nos encontramos en España, cuando existe un cuestionamiento total y generalizado en casi todas las esferas de la sociedad respecto de nuestro sistema de representación política, puede resultar útil volver la vista hacia el sistema que existió en nuestro país en la etapa conocida como Restauración Borbónica y especialmente en sus etapas de madurez y luego de crisis profunda (1890-1923).

Igual que en la actualidad, el sistema político era la Monarquía parlamentaria e, igual que en la actualidad, en el poder se turnaban pacíficamente dos partidos igualmente representantes de la oligarquía que controla la economía del país. Cuando se desgastaba uno de los partidos era reemplazado por el otro, y así sucesivamente hasta que en 1917 el sistema que ideara el conservador Cánovas del Castillo entra en crisis profunda. Esta crisis se intenta resolver con el golpe de estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) pero al final desemboca en la proclamación de la segunda República (1931-1936) y en la guerra civil de 1936-1948.

Vamos a repasar a continuación algunas de las características de este sistema político, particularmente lo relativo al sistema electoral, lo que nos permitirá encontrar diferencias pero también importantes similitudes con la realidad política actual.

En 1890 se aprueba en España el sufragio universal masculino, durante el gobierno liberal de Sagasta. Atrás quedaban los años en que era necesario poseer un determinado nivel de renta para tener derecho al ejercicio de los derechos políticos. En los estados europeos más desarrollados, la progresiva ampliación del sufragio –en Gran Bretaña no fue instaurado el sufragio universal hasta la tardía fecha de 1918– suponía un signo de madurez política del régimen parlamentario burgués. Una parte cada vez mayor de la población comenzaba a jugar un papel político en el sistema liberal y los partidos políticos de la burguesía, para ganar las elecciones, debían atraerse el voto de los sectores populares que progresivamente iban adquiriendo el derecho de participación política.

Aunque, tanto en Gran Bretaña como en Francia, perduraron situaciones de patronazgo y clientelismo político –como se ha aludido reiteradamente–, la participación en el régimen liberal llegó a estar muy extendida socialmente. A cambio de la fidelidad de los obreros al sistema –sobre todo en el caso de Gran Bretaña– los partidos burgueses se veían obligados a hacerles toda una serie de concesiones en el ámbito político, laboral y en el de las condiciones materiales de existencia.

La burguesía seguía ejerciendo, sin duda, su dominación política sobre las clases trabajadoras, pero la fuerza de los obreros, en el último tercio del siglo XIX, aumentaba cada vez más en las elecciones, lo mismo en Gran Bretaña que en Francia, Alemania y otros países.

socialistas franceses

En Alemania fue donde se produjeron los mayores avances políticos del proletariado europeo después de La Comuna de París. Efectivamente, los obreros alemanes fueron los que mejor supieron utilizar políticamente el sufragio universal –introducido por Bismarck en 1866– para el fortalecimiento del partido socialista:

programa de erfurt

 

Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación dla burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones. Y se tomó parte en las elecciones a las dietas provinciales, a los organismos municipales, a los tribunales de artesanos, se le disputó a la burguesía cada puesto, en cuya provisión mezclaba su voz una parte suficiente del proletariado. Y así se dio el caso de que la burguesía y el Gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal que la actuación ilegal del partido obrero, más los éxitos electorales que los éxitos insurreccionales” (Engels, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850).

Y lo mismo sucedió en Francia, en Bélgica y en otros países:

El trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí [en Francia] como la tarea inmediata del partido. Los éxitos no se han hecho esperar. No sólo se han conquistado toda una serie de consejos municipales, sino que en las Cámaras hay 50 diputados socialistas, que han derribado ya tres ministerios y un presidente de la República”(Ibíd).

El contraste con la situación política de España era grande. En este país, el primer diputado socialista –Pablo Iglesias- fue elegido en la tardía fecha de 1910. Durante varios años continuó siendo el único diputado socialista del Congreso y la cifra no experimentó ningún gran ascenso con el tiempo, porque en 1923 el número de diputados socialistas no pasaba de siete. En Francia, por el contrario, los socialistas tenían 103 diputados en 1914.

minoria socialista

La minoría socialista en el Congreso en 1918; Saborit, Anguiano, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Julian Besteiro y Pablo Iglesias / FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

 

Los sistemas cambiaban de un país a otro. En Francia, el poder ejecutivo recaía en el Presidente de la República, que era elegido por un período de siete años por mayoría absoluta de votos en ambas cámaras reunidas en Asamblea Nacional. En Gran Bretaña, por el contrario, la corona había conservado el derecho a escoger al Gobierno, si bien, esta prerrogativa, en la práctica, se hallaba muy limitada por la necesidad de designar ministros que tuvieran la confianza de la Cámara de los comunes.

En otros países de la Europa occidental (Bélgica, Holanda) correspondía también al Rey la designación del Presidente, pero eran, en última instancia, las elecciones, las que decidían el rumbo del país.

Aunque los obreros fueron consiguiendo ciertas concesiones y mejoras a medida que crecían sus éxitos electorales –lo que sirvió para atrapar al movimiento obrero o, al menos, a una parte importante de sus dirigentes, en las redes del orden establecido–, el régimen parlamentario era el sistema político de la burguesía y era ella, pues, la principal beneficiaria. No obstante, la creciente importancia política adquirida por la clase obrera mediante la utilización del sufragio es, de por sí, prueba más que suficiente para inferir que el parlamentarismo, en los principales países de la Europa occidental, no era una simple farsa.

En España la situación era muy distinta. No defendemos aquí, evidentemente, la tesis de la excepcionalidad política española. Sistemas caciquiles como el de la Restauración encontraremos en la misma época, sin duda, en muchos países y, especialmente, en aquéllos en los que no culminó, durante el siglo XIX, la revolución burguesa, manteniéndose, por tanto, relaciones de producción semifeudales. Los encontraremos, por tanto, en las repúblicas latinoamericanas, en los países del este de Europae, incluso, en zonas especialmente atrasadas de países capitalistas como Italia. Luebbert afirma, no obstante, que “el atraso fue mucho más determinante en España que en Italia. Esto fue así, en parte, porque España era una sociedad menos moderna, con un sector industrial más pequeño y una mayor población de analfabetos; pero, además, la menor modernidad de España también resultó más determinante por el modo en que el equilibrio de fuerzas políticas acentuó la autoridad de los sectores menos modernos de la sociedad”. En el sur de Italia también pervivieron elementos similares a los del caciquismo hispano. Sin embargo –y a diferencia de lo que sucedió en España-, “el poder del Estado italiano estuvo en gran medida engranado con los intereses del norte, el sector más moderno de la sociedad”.

caudilhismo BRASIL ESCOLA

 

En el caso de Latinoamérica, no es difícil encontrar abundantes similitudes con el sistema caciquil español, por ejemplo, en el Brasil de los coroneles o en la política mexicana del Porfiriato e, incluso, de la etapa posterior a la revolución de 1910-1911.

En la Europa del Este, encontramos, también, regímenes parecidos al español en casos como el de la república polaca que se desarrolló entre 1919 y 1926. La Constitución liberal, de inspiración francesa, no impidió que el país cayera en la corrupción política generalizada, lo que sirvió al mariscal Pilsudski para justificar un golpe de Estado, en 1926, que contó con el apoyo de los socialistas polacos y que presenta evidentes similitudes con el que encabezara tres años antes Primo de Rivera en España (ROOS, H., Historia de la nación polaca, 1969).

Las diferencias que existían entre los regímenes políticos reales de todos estos países y la democracia-burguesa que se desarrollaba en los principales países capitalistas de Europa eran sustanciales. Coincidimos, pues, con Costa, cuando afirmaba que “no es la forma de gobierno en España la misma que impera en Europa, aunque un día lo haya pretendido la Gaceta”.

Ha afirmado el historiador del régimen Varela Ortega que el análisis de Costa sobre la Restauración –y lo mismo podría decir del que realizó Galdós en los mismos términos que el aragonés– “resultaría abusivo para la descripción general del funcionamiento del sistema, al punto de distorsionar la comprensión del proceso de democratización de la España contemporánea”. Sin embargo, la investigación que hemos realizado confirma muchas de las apreciaciones realizadas por ellos un siglo atrás y no refleja la existencia de proceso alguno de democratización política.

Para comenzar, trataremos de la falsedad de las elecciones, un tema del que, por otra parte, ya se ha hablado en España hasta la saciedad y en el que, por tanto, no es necesario extenderse demasiado. Conviene, sin embargo, aclarar que, en nuestra opinión, el análisis no debe centrarse tanto en el hecho de que hubiese corrupción –corrupción que, por otra parte, existía también en la Europa más liberal– sino en el hecho de que, en el caso español, el sufragio –aun siendo “universal”– no era más que “una comedia ridícula que sirve de retranca a la voluntad popular y obstrucciona la marcha del progreso (El Obrero, 1905). Coincide, pues, el órgano obrero con la opinión que expresa Costa cuando afirma que “eso de las elecciones y del parlamento son dos bromas infames contra el país, en que tengo el propósito de no colaborar, y que siento mucho no poder reprimir”.

Caciquismoelectoral-2

Existía en España, desde 1890, una de las leyes electorales más liberales de Europa, quizás porque, como dijo Ramos Oliveira, a ratos conviene dar al país la sensación de que hace grandes progresos; pero lo que de hecho imperaba era la absoluta inexistencia de elecciones, tal cual se entendían en los regímenes democrático-burgueses. Era del todo punto impensable que pudiera articularse movimiento político alguno de las clases populares para, a través de las elecciones, obtener influencia política a partir de la cual arrancar concesiones a las clases dominantes. Lo que sucedía por los mismos años en Francia, Alemania o Gran Bretaña –incluso sin existir sufragio universal– no era en España más que una quimera, una ilusión, un engaño.

Los resultados de las elecciones eran, en la mayoría de las ocasiones, conocidos exactamente con anterioridad a la celebración de los comicios. Dependían, en última instancia, de los pactos establecidos entre las banderías caciquiles de los pueblos. Una vez alcanzados estos pactos, los resultados no sorprendían a casi nadie.

La inexistencia de un auténtico sistema político participativo era continuamente planteada en la prensa de la época. Más que elecciones, lo que había en España era una especie de “chanchullo electoral”.

Y si en Alemania –mucho antes, incluso, de la proclamación en 1919 de la República de Weimar– el proletariado participaba masivamente en los procesos electorales, disputándole a la burguesía cada puesto en liza, aquí las elecciones pasaban sin pena ni gloria, ante el desinterés y el descreimiento generalizado. Como afirma Isabel Peñarrubia, “el caciquismo producía desmovilización política y escepticismo”.

Pero la inexistencia de auténticos procesos electorales al modo democrático-burgués, basados en la opinión del electorado expresada mediante el voto, no sólo era una característica de las localidades rurales más atrasadas. En las propias capitales provinciales, aunque el fraude tenía, sin duda, más limitaciones, tampoco tenían lugar verdaderas elecciones, con todo lo que éstas conllevaban. Pocos días antes de las elecciones, no era extraño que no se conocieran aún siquiera el nombre de los candidatos.

De hecho, el problema de la inexistencia de un verdadero sistema electoral de carácter democrático-burgués se agravaría aún más tras la proclamación, durante el Gobierno de Maura, de la ley electoral de agosto de 1907, que –a propuesta del republicano Azcárate–, introduce el célebre artículo 29. Según este artículo, cuando no existiese mayor número de candidatos que el de puestos a cubrirse, estos quedaban automáticamente proclamados, sin necesidad de que se celebrasen las elecciones. A partir de este momento, en muchas localidades se redujo significativamente el número de comicios que tuvieron lugar, lo que, por otra parte, no debió ser advertido por unos “electores” que se hallaban mayoritariamente al margen de los procesos electorales. Estos procesos no pueden, pues, ser vistos más que como una farsa, como una “comedia”.

El recurso a la proclamación de candidatos por la vía dispuesta en el artículo 29 de la Ley electoral de 1907 puede interpretarse valorando la trascendencia de los pactos que se articulaban entre las principales banderías caciquiles de cada lugar, lo que, evidentemente, era crucial. Sin embargo, no siempre la proclamación por el artículo 29 significaba ausencia de oposición. En algunas ocasiones lo que significaba era que se habían utilizado las típicas artimañas caciquiles para impedir al bando opositor presentar su candidatura en tiempo y forma.caciquismoelectoral

En cualquier caso, las elecciones –base principal de todo sistema político representativo– no eran sino una farsa, una “broma infame”. Citaba Costa en 1901 el discurso de un diputado en el Congreso: “Parece que el cuerpo electoral vota, decía Martos en 1885: parece que se hacen Diputaciones y Ayuntamientos, y que se eligen Cortes, y que se realizan en fin, todas las funciones de la vida constitucional; pero éstas no son sino meras apariencias: no es la opinión la que decide; no es el país el que vota, sois vosotros [los Ministros], que estáis detrás manejando los resortes de la máquina administrativa y electoral”.

Efectivamente, en muchos lugares de España no era el país el que votaba; “votaban” los caciques, que eran las piezas principales de esa “máquina administrativa y electoral” de la que habla Martos. Y los miles de votos que aparecían en las actas eran, en realidad, los votos del caciquismo.

En las elecciones, unas veces se imponía el pacto y en otras había “lucha”, pero cuando había lucha los que se enfrentaban eran, no los votantes, sino las banderías caciquiles opuestas, que, a veces, eran capaces de generar un clima de gran tensión y violencia. Cuando no había lucha era, o bien porque se había conseguido el acuerdo entre las banderías caciquiles o, simplemente, porque el dominio socioeconómico de alguna familia terrateniente era tan grande que no podía existir más que un solo bando político.

Aunque es una cuestión en la que habría que profundizar más, creo que se puede establecer una relación directa entre la estructura de la propiedad de la tierra y la lucha política en los diferentes municipios. En aquellos lugares en los que la concentración de la propiedad de la tierra era importante y la hegemonía de un linaje terrateniente era muy grande existían menos posibilidades para que tuvieran lugar encarnizados enfrentamientos políticos. En las localidades con menor concentración agraria, existía, por el contrario, más espacio para que se articularan banderías caciquiles enfrentadas, enfrentamientos que, en ocasiones, podían llegar a desarrollarse con un elevado nivel de violencia.

En otros lugares –en los que la política era más tranquila– ganaba sistemáticamente las elecciones el partido que estaba en ese momento en el Gobierno, y esto no se debía a las presiones insoportables ejercidas por el Gobernador civil de turno, sino a que algunos alcaldes sostenían “el principio de ser conveniente para aquel pueblo y su Ayuntamiento, dar siempre mayoría de votos al Gobierno que mande; si son liberales como al presente a éstos; cuando vengan los conservadores les dará mayoría y lo mismo si acaso subiesen al poder los carlistas o republicanos”.

En aquellos pueblos en que los alcaldes no eran tan “dóciles” ante los planes gubernamentcaciques de Españaales era necesario, muchas veces, que el Gobernador civil recurriese, antes de que se celebrasen las elecciones a Cortes, a la destitución de las Corporaciones díscolas, sustituyéndolas por otras adictas en calidad de interinas. De esta forma se preparaba el terreno, en nuestro sistema parlamentario a la inversa, para la obtención de la mayoría parlamentaria ansiada por el nuevo gobierno de turno. “Tan difícil era alzar una monarquía constitucional y un Estado fundado en la soberanía nacional sobre la injusta y quebrada estructura de la sociedad española, que los gobernantes no podían pararse en ninguna suerte de consideraciones éticas” (Ramos Oliveira).

Es cierto que el desinterés por el “chanchullo electoral” era grande y que no se generaban colas de votantes a las puertas de los colegios. Pero también es cierto que, en algunas ocasiones, había quien, en algún pueblo, pretendía ejercer su derecho al voto, lo que podía resultar muy dificultoso si no se formaba parte de la bandería caciquil hegemónica en ese momento.

Sin embargo, cuando llegaba la hora del escrutinio –y aunque no hubiese entrado casi nadie en los colegios, bien por el desinterés generalizado o porque estos estuviesen en ignorado paradero– siempre aparecía una nutrida “participación”; participación que en ocasiones rebasaba con mucho el número de electores correspondientes a cada distrito. Desviaciones y corruptelas había también, sin duda, en los países más liberales de Europa –como argumenta la historiografía actualmente dominante en nuestro país–, pero aquí, “eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla” (COSTA).

No parece necesario que insistamos más sobre lo que, en esencia, está ya perfectamente claro. Las elecciones en nuestro país no eran sino una especie de “barniz de civilización” (COSTA) con que los caciques semifeudales intentaban presentar una imagen más acorde a los tiempos, adaptando las formas políticas liberales vigentes en la Europa capitalista a las arcaicas estructuras económicas y sociales de España. El resultado de tal adaptación no fue otro que el régimen caciquil, caracterizado –en lo que al sufragio se refiere– por el falseamiento electoral más absoluto. Pocas aportaciones relevantes se pueden hacer respecto de un tema que ha sido ya suficientemente tratado por la historiografía de nuestro país.

Sin embargo, la afirmación que hace un sector importante de la actual historiografía española de que el sistema político español era “perfectamente equiparable a sus homólogos europeos” (Mercedes Cabrera) nos ha obligado a detenernos, siquiera brevemente, para recordar de qué “régimen parlamentario” estamos hablando en realidad.

¿Te animas a comentar qué diferencias y similitudes encuentras con la realidad actual de España?

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