Comprendiendo España

Inicio » Historia de España

Category Archives: Historia de España

Breve reflexión sobre la cuestión nacional (del libro Revolución Burguesa, semifeudalidad y colonialismo, 2014)


“Desde los primeros años de la Transición se puso de manifiesto que si los cuarenta años de dictadura fascista no habían acabado con la consigna del reparto de los latifundios, tampoco habían servido para que se olvidara la lucha por las libertades nacionales. Los dos problemas principales que habían estado en la base de la guerra nacional revolucionaria de 1936-1952 salían de nuevo a la luz. Si el problema de la tierra se intenta apaciguar con la instauración del sistema del PER/Subsidio agrario, la cuestión nacional se intentará reconducir por la vía del “café para todos”. Con esa fórmula se pretendía difuminar el problema de Euskadi, Catalunya, Galiza y Canarias reduciéndolo a una simple cuestión de organización territorial. El estallido de la actual crisis ha puesto de nuevo sobre la mesa la subsistencia de los dos históricos problemas, aunque el nacional ha adquirido una virulencia mucho mayor.

(más…)

Anuncios

REVOLUCIÓN BURGUESA, SEMIFEUDALIDAD Y COLONIALISMO. Raíces históricas del atraso y la crisis de España (nuevo libro)


[comprar libro]

[Un libro que no recomendaría Zuckerberg]

Introducción

Cuando estaba acabando la redacción de este libro tuvieron lugar las elecciones al Parlamento europeo del 25 de mayo de 2014. Si los resultados se pudieran extrapolar a las elecciones generales que tendrán lugar a finales de 2015 o enero de 2016, el bipartidismo se habría acabado España. Llevan algún tiempo anunciándolo, pero hasta ahora no acababa de manifestarse realmente. Por primera vez, la suma de votos de los dos grandes partidos turnantes no llega al 50% de los sufragios.

Poco antes de que las europeas se celebrasen, se escuchaban ya las primeras voces que apuntan a la posibilidad “teórica” de que pueda llegar a requerirse un gobierno de concentración entre el PP y el PSOE, si circunstancias excepcionales o de emergencia lo demandaran. Si los resultados de las europeas se trasladasen a las generales —lo que no tiene por qué suceder exactamente— ni siquiera esa coalición antinatura proporcionaría la mayoría necesaria para gobernar. Haría falta algún apoyo más.

En Barcelona llevan ya varios días de ardientes barricadas a pesar del fuerte dispositivo policial que pretendía impedirlo. Los jóvenes de la ciudad parecen querer hacer honor a la fama que un día Barcelona tuviera. Escribió Engels una vez que la capital catalana era “la ciudad fabril de España, cuya historia registra más luchas de barricadas que ninguna otra del mundo”. Y cuando Engels lo dijo ya habían tenido lugar tres grandes revoluciones en París (1789, 1830 y 1848). Si las luchas se siguieran reproduciendo en Catalunya podrían llegar a afectar al desarrollo del proceso soberanista, que parecía imparable. La burguesía catalana podría asustarse una vez más y aplazar sus planes independentistas. No sería la primera vez que lo hacen ante el pánico que provoca en ellos la sola posibilidad de la insurrección de las masas. Para reprimir al pueblo conviene tener cerca a la guardia civil y, si hiciera falta, también al ejército español. El alcalde de Barcelona parece consciente del problema y ha comenzado a recular. La hierba está demasiado seca.

Barcelona-okupas

Comparando la situación actual con otras de nuestra historia, podríamos encontrarnos en un momento cercano al que se vivió en torno a 1917. Fue el momento en que se vino abajo el bipartidismo implantado en 1876 con el sistema canovista. Luego vinieron seis años de gran conflictividad social, nacional y colonial (Annual), que dieron paso a una dictadura (1923), cuyo hundimiento llevó a la segunda República (1931) y a la guerra nacional revolucionaria (1936).

En 2015 ­habrá elecciones municipales, autonómicas y generales. Mala coincidencia. Si al final se confirma la crisis del bipartidismo de la que se habla —la duda no es si tal crisis se producirá sino cuándo—, la oligarquía podría encontrarse con grandes problemas para gobernar el país. En 1923, pocos meses antes de que el general Miguel Primo de Rivera diera el golpe de Estado en Barcelona, la composición del Parlamento español era la siguiente:

  • 120 demócratas; 55 romanonistas; 55 albistas; 25 reformistas; 10 gassetistas; 10 seguidores de Alcalá Zamora; 78 de Sánchez Guerra; 18 bugallalistas; 23 mauristas; 26 republicanos; 7 tradicionalistas; 28 regionalistas; 9 socialistas y los restantes, ciervistas, agrarios y otros.

La crisis política se hizo insostenible. El parlamentarismo español fue incapaz de resistirlo. Por eso, en la Transición se preocuparon bastante de diseñar un sistema que facilitara la alternancia pacífica entre los dos grandes partidos —el liberal (hoy PSOE) y el conservador (PP)— y conjurara el peligro de la fragmentación política. Porque sabían que España no la resiste. Si en medio de la profunda crisis económica en la que el país se encuentra, con seis millones de parados, el bipartidismo se hunde y da paso a una situación política excesivamente fragmentada que obligue a instaurar gobiernos de concentración, de aquí a unos pocos años podría ser necesario recurrir a un cambio radical del sistema político que permitiera la conservación del sistema de Estado. Cambiar todo para que todo siga igual. La abdicación del rey forma parte de todo este proceso y, a su vez, contribuirá, sin duda, a acelerarlo.

La situación se agrava considerablemente si a la crisis económica y política se le suma la agudización de la cuestión nacional. En 1922 se fundaron en Catalunya “Acciò Catalana” y Estat Català (hoy ERC), en oposición a la política de la Lliga (hoy CIU). Un año después se articula una Alianza de nacionalidades para aglutinar al nacionalismo de Catalunya, Euskadi y Galiza. Dos días después de la firma de la Triple Alianza nacionalista el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, daba el golpe de Estado que acababa con el Parlamentarismo restauracionista, iniciándose un período de siete años de dictadura. Hoy quizás no fuera tan fácil resolver el problema. La intervención del imperialismo extranjero podría complicarlo todo mucho más, contribuyendo a una balcanización que podría convenirles.

No es que un golpe militar tenga necesariamente que producirse, aunque tal y como están las cosas todo es posible, y de vez en cuando se escucha algún ruido de sables, siempre en relación con el problema catalán. Se piense o no en un golpe militar, es de suponer que las clases dominantes estarán barajando ya algún tipo de salida más o menos autoritaria, por si fuera necesario recurrir a ella cuando fracasen los gobiernos de concentración. Y quién sabe si ya estarán haciendo algunos experimentos. Ya sé que son muchos condicionales, pero a veces las cosas se lían de una forma increíble. Y a perro flaco todo son pulgas.

Por otra parte, las cosas en Europa no es que vayan en sentido contrario, precisamente. No en vano, en nuestra vecina y democrática Francia acaba de ganar las elecciones europeas un partido fascista y en 2017 podríamos tener un gobierno de ese tipo pegado a nuestra frontera. Puede que incluso antes, pues Marine Le Pen, tras su triunfo electoral, ha reclamado la disolución de la Asamblea y la convocatoria anticipada de elecciones legislativas.

Personalmente, no creo que un partido como el de Le Pen pueda arraigar fácilmente en España, aunque ya haya algún ejemplo de ese tipo en algunas localidades de Catalunya. El sentimiento de rechazo de los españoles al fascismo es demasiado grande, tras casi cuarenta años de criminal dictadura. Y un nuevo golpe militar podría provocar una revolución popular y otra guerra civil. Así que lo más probable es que el fascismo en España, para avanzar por la vía pacífica, venga disfrazado de progresismo.

Lenin explica que una situación revolucionaria se caracteriza por tres síntomas principales:

  1. “La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las «alturas», una crisis en la política de la clase dominante que abre una grieta por la que irrumpe el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no suele bastar que «los de abajo no quieran» sino que hace falta, además, que «los de arriba no puedan» seguir viviendo como hasta entonces.
  2. Una agravación, fuera de lo común, de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas.
  3. Una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempos de «paz» se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda la situación de crisis, como por los mismos «de arriba», a una acción histórica independiente”.

De estos tres síntomas, el segundo parece que es el que podemos ver más claramente. Durante la actual crisis económica los sufrimientos de las masas populares en España han aumentado muchísimo, llegando en bastantes ocasiones a la desesperación.

El primero de los síntomas aún no se había manifestado abiertamente, pero ya comentamos antes que en las próximas elecciones (2015) podrían comenzar a registrarse auténticos problemas para gobernar el país, si los resultados electorales siguieran la tendencia de las europeas del 2014. Por lo pronto, la crisis que ya venía sufriendo uno de los dos partidos del turno pacífico (el PSOE) se ha agudizado considerablemente tras el fracaso electoral, encontrándose ahora en la tesitura de tener que elegir a toda velocidad una nueva dirección y un nuevo candidato a las elecciones del próximo año. Aún no había acabado la anterior dirección de plantear la renuncia a continuar en sus cargos y ya estaban los barones socialistas tirándose los trastos a la cabeza. El proceso soberanista de Catalunya también está agudizando las contradicciones en el sistema político y más que las va a agudizar. Las clases dominantes, conscientes de lo peligrosa que es la situación, han optado por acelerar el recambio en la Jefatura del Estado pensando, probablemente­, que si las cosas están mal, mucho peor van a ponerse.

Y en cuanto al tercer síntoma de la situación revolucionaria, será la crisis política de la clase dominante la que abra las grietas por las que irrumpirá, más temprano que tarde, la creciente indignación de las masas populares, arrastrando “a la política hasta a las masas más atrasadas”. No es la movilización de las masas la que genera la situación revolucionaria sino al revés: el desarrollo de la situación revolucionaria es la que genera el ascenso de la lucha de las masas.

En los últimos tiempos se han registrado algunas luchas importantes. La de la minería en el verano de 2012 fue una de las que más consiguió impactar en la conciencia del pueblo, removiendo al país entero.

mineros Ciñera

Recientemente (enero de 2014), en el barrio burgalés de Gamonal la movilización popular consiguió hacer retroceder a la oligarquía caciquil, que tuvo que abandonar un gran proyecto de especulación urbanística ante el peligro de que el ejemplo de lucha de todo un barrio se extendiera a otros lugares del país, lo que ya empezaba a suceder. En mayo de este año, las barricadas han vuelto a incendiar las calles de Barcelona. Igual que en Burgos, los jóvenes de Barcelona consiguen el apoyo popular. La prensa se alarma: “El método Gamonal se exporta a Barcelona.

Lenin aclara:

  • “ni la opresión de los de abajo ni la crisis de los de arriba basta para producir la revolución –lo único que producirán es la putrefacción del país— si el país dado carece de una clase revolucionaria capaz de transformar el estado pasivo de opresión en estado activo de cólera y de insurrección”.

Y para ello, la clase revolucionaria necesita un partido auténticamente revolucionario, un partido que consiga encontrar el camino para dirigir la lucha del pueblo hasta la toma del poder, derrocando el aparato del Estado de las actuales clases dominantes. Lo dijo Joaquín Costa: para que viva el pueblo es preciso que desaparezca la oligarquía imperante.

Este libro intenta ser una contribución a ese proceso. Porque la historia tiene mucho que aportar. Entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta se desarrolló en España una situación objetivamente revolucionaria como la que hoy se está desarrollando, con las evidentes particularidades que diferencian a una y otra época. Y en aquellos años, la historia, la ciencia histórica, se convirtió en fundamental objeto de estudio y de debate. Se discutía sobre el carácter que debía tener una revolución que se veía cada vez más cerca, en el contexto de una profunda crisis económica y política y en medio de un creciente ascenso de la lucha popular. Y para responder a las preguntas que se planteaban fue necesario volver la mirada hacia el pasado, al objeto de intentar comprender el proceso histórico del país en los últimos dos siglos. El debate científico estuvo, pues, mediatizado por el debate político. No podía ser de otra forma. La historia, para estar viva, tiene que ponerse al servicio de la lucha de clases.

En aquellos apasionantes debates se acabaron imponiendo las clases dominantes, que contaron con el decisivo apoyo que les proporcionó el revisionismo, en el que se inscribieron los más destacados historiadores del momento. Y durante los años ochenta, la situación revolucionaria remitió. Con la entrada del país en la CEE volvieron a registrarse elevadas cifras de crecimiento económico, el nuevo sistema de gobierno consigue finalmente consolidarse y las grandes luchas populares fueron poco a poco desapareciendo. Dejaron, eso sí, importantes lecciones para la historia (Reinosa, Bilbao, Riaño, etc.) que tendrán que ser estudiadas y discutidas en ésta época por los historiadores que se comprometan con la lucha de clases actual.

Los debates historiográficos se fueron cerraron, quedando nada más que controversias más o menos insignificantes, y la historia se fue muriendo.

Una vez cumplida —con indudable éxito— su tarea, la historiografía revisionista entra en crisis y es abandonada casi por completo. A las clases dominantes ya no les servía para nada. Y los que no se pasaron a las nuevas corrientes postmodernas que el imperialismo fue imponiendo quedaron como viejos símbolos de una época ya periclitada.

Durante los noventa, tras unos años de crisis, tiene lugar, a partir de 1996, otro ciclo expansivo, en el que se alcanzan nuevamente elevadas tasas de crecimiento económico. Son los años en los que se genera la famosa burbuja inmobiliaria, que se inflaba cada día más, en una escalada especulativa que no se había visto desde mediados del siglo XIX. Las grandes empresas monopolistas españolas, financiadas por el crédito abundante y barato que proporciona la banca europea, volvían a surcar — arrogantes— los mares en busca de países en crisis a los que colonizar. Se empieza a hablar de un nuevo “milagro económico español”, equiparable al que se había producido en los años del desarrollismo franquista.

Y la burbuja inmobiliaria generó la burbuja historiográfica, encumbrando a una serie de historiadores mediáticos que comienzan a redactar la nueva síntesis de la historia de España. A las clases dominantes de aquellos años les hacía falta una síntesis acorde con los tiempos exitosos que se vivían, para reforzar la imagen de un país que aspiraba a convertirse en la séptima potencia mundial por PIB; para reforzar lo que ahora llaman “la marca España”. Porque España iba bien. Y no es que fuera bien en aquel momento; es que siempre había ido bien, aunque una serie de pesimistas, frustrados y con complejo de inferioridad se hubiesen empeñado en no reconocerlo. Las campanas de todas las iglesias repicaron por la normalidad de la historia de España. Y comenzó la fiesta.

En 2008, en el contexto de la crisis del capitalismo internacional, estalla la burbuja inmobiliaria y queda a la vista de todo el mundo que lo que llamaban milagro no había sido más que un espejismo. La crisis es internacional, pero golpea en España con mucha mayor virulencia que en otros países, poniendo de manifiesto los graves problemas estructurales que arrastraba su frágil economía. El paro sube hasta los seis millones de personas; miles de familias son desahuciadas de sus viviendas. Se acabó la fiesta.

Ahora toca ajustar las cuentas con aquella historiografía; con la de los revisionistas de los años setenta y ochenta y con los liberales que vinieron después. Es necesario reabrir los debates que se cerraron en falso y volver a discutir sobre el carácter de España y sobre las claves del proceso histórico que ha llevado al país al actual hundimiento. Para ayudar a los que tienen que dirigir en el futuro inmediato las luchas del pueblo a encontrar el camino que en los años setenta no fue posible encontrar. Porque la historia tiene que volver a fundirse con la lucha de clases. Solo así podrá volver a la vida.

[Ver índice]

[comprar libro]

Circulo rojo


Estadísticas web

“Ve a España y diles a los españoles cuánto los apreciamos”. Presentación de “España, colonia yanqui”, de Felipe Muñoz Arconada (1951).


Ve a España y diles a los españoles cuánto los apreciamos”. “Que sepan lo mucho que les agradecemos su situación estratégica y el hecho de que nos acojan aquí”. Estas son las instrucciones que Barak Obama le dio a James Costos, antes de que partiera a hacerse cargo de la embajada de los Estados Unidos de América en España, en sustitución de Solomont, su antecesor en el cargo.

Costos venía ejerciendo hasta este momento la vicepresidencia de licencias y comercio minorista de la multinacional americana HBO, y no oculta que la ciberpiratería es uno de los temas en los que se va a centrar, ayudando al Gobierno de España a aplicar sus leyes… las leyes de España, se entiende: “Estoy deseando colaborar con el Gobierno de España para resolverlo. El problema no es tanto de leyes, que existen, como de falta de aplicación, de que no se imponen debidamente”.

EEUU y España

Pero este intervencionismo en la política de un país supuestamente soberano, con ser importante, no es la principal tarea que le ha sido encomendada al nuevo embajador: “Mi principal foco de atención en estos momentos es el terreno militar, por supuesto, la defensa y la seguridad. Y esto es algo que el presidente quiso que dejara muy claro a los españoles: que sepan lo mucho que les agradecemos su situación estratégica y el hecho de que nos acojan aquí”.

La llegada del nuevo embajador —cual modernísimo virrey imperial— coincide con el 60º aniversario del “Convenio defensivo, de mutua defensa y ayuda económica entre EEUU y España”. Firmado en 1953 por el dictador fascista Franco y el presidente Eisenhower, el acuerdo abrió las puertas a la presencia militar de los Estados Unidos de América en España. A cambio de un poco de ayuda económica, el acuerdo ponía un país hundido como España al servicio de los intereses militares de la que sería nueva superpotencia mundial, en sustitución de Alemania –derrotada en la guerra—y del Reino Unido y Francia, vencedoras de la guerra pero perdedoras de la postguerra.

Eisenhower y Franco

Han pasado 60 años y parece que estamos en el mismo punto. Desvanecidos los sueños imperiales que se generaron, sobre todo, a partir de los años noventa por el espejismo del “milagro económico español”, el Gobierno norteamericano acrecienta su penetración militar en el país. Se refuerza así el papel de España como plataforma de su agresiva “diplomacia” internacional, o sea, de las intervenciones militares —también llamadas guerras— con las que pretenden mantener una hegemonía mundial que le disputan pujantes competidores como China y Rusia.

Para ello la base naval de Rota recibirá en unos meses a los cuatro destructores norteamericanos que, equipados con el sistema Aegis antibalístico, vienen a integrarse en el conocido como Escudo antimisiles de la OTAN: “El momento más emocionante —explica el embajador— será la llegada de los cuatro destructores y me sentiré muy honrado de estar presente en la entrega”.

Además, la base de Morón de la Frontera acoge ya a una fuerza de intervención rápida de quinientos soldados norteamericanos y ocho aeronaves, preparadas para desplegarse rápidamente en cualquier país del norte de África en el que se demanden sus “servicios”.

Moron-USA

Igual que en los años cincuenta, los capitales extranjeros se abalanzan raudos sobre una hundida España para hacerse con un botín nada despreciable. Y entre esos capitales destacan los norteamericanos, igual que entonces[1]. El nuevo embajador no lo oculta: su siguiente prioridad, después de la militar, será la económica, haciendo de intermediario entre las empresas españolas y las multinacionales norteamericanas, al objeto —afirma Costos— de “colaborar” contra el paro: “También nosotros tenemos desempleo, así que entiendo lo que los parados sufren”. Sin embargo, no parecen preocuparle al nuevo embajador los miles de parados que está generando en las cuencas mineras de Asturias, León, Palencia y Aragón la importación masiva de carbón colombiano, extraído en condiciones semiserviles por multinacionales norteamericanas como Goldman Sachs, uno de los grandes bancos que detonaron la actual crisis económica mundial con sus hipotecas subprime.

La política que James Costos ha venido a impulsar en nuestro país no se limita a reforzar su presencia militar en nuestro territorio —“para proteger los intereses españoles” en el norte de África—, ni a ampliar la penetración de las multinacionales americanas —para ayudarnos a acabar con el paro—, ni siquiera a colaborar con nuestro Gobierno para que en España se cumplan las leyes. También viene a culturizarnos. El embajador no lo oculta: tras la militar y la económica, su prioridad será la cultural (ElPaís.com, 24-09-2013).

En este contexto que nos encontramos, parece recobrar mucha actualidad una obra que publicó en México en 1951 Felipe M. Arconada, hermano del literato César Muñoz Arconada, alguna de cuyas obras están disponibles en este blog, en la sección de Lecturas. Felipe Muñoz Arconada fue periodista, miembro del Comité Central del PCE, Secretario General de la Juventud Socialista Unificada en Madrid y responsable de la misma en el Ejército del Ebro, durante la Guerra Civil. Tras la finalización de ésta, vivió exiliado en Francia, Santo Domingo, Cuba, México y Hungría. Falleció en Madrid en 2003, a los 91 años.

Felipe M. Arconada-2El libro que ahora reseñamos se titula “España colonia yanqui: penetración del imperialismo norteamericano en España y evolución actual de la situación económica del franquismo”. Cuando se escribió aún faltaban dos años para la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, aunque había un “largo trecho de camino ya recorrido por la senda desastrosa del semicolonialismo”. Presentamos extractadas a continuación las principales ideas que se exponen en el libro [para los que ahora no vayan a leerlo entero] , una obra que los que estén interesados pueden leer directamente en este blog, en la sección de Materiales para la historia.

Arconada contextualiza históricamente el sometimiento de la política y la economía españolas a los intereses del imperialismo norteamericano. Efectivamente, el hecho en sí de la dominación sobre la vieja metrópoli colonial no era novedoso más que por el país que ejercía ahora el control principal. Lo cierto es que desde el siglo XIX –para no remontarnos ahora hasta el Antiguo Régimen— la economía hispana fue puesta al servicio de los intereses de los capitales extranjeros:

“…a partir de la segunda mitad del siglo pasado, las empresas imperialistas británicas, franco-belgas, y, más tarde, alemanas, han disfrutado de posiciones de primera importancia en los sectores fundamentales de la economía nacional; el de que –por efecto de la propia debilidad del capitalismo nacional— los elementos que hoy forman la oligarquía financiera han crecido y se han desarrollado, en gran medida, a la sombra de los intereses extranjeros dominantes en España y estrechamente conectados a ellos, sirviéndoles de agentes y de intermediarios y adquiriendo una larga experiencia de “colaboración” con los truts internacionales”… (p. 13).

 Tras la finalización de la segunda guerra mundial, la semicolonialidad se mantuvo pero se produjo un recambio en la nacionalidad de los dominadores. Felipe M. Arconada sintetiza en diversos puntos la forma por la que este proceso se estaba llevan a cabo:

 “Desde el 7 de julio de 1949, se está procediendo a la «adjudicación» de las empresas alemanas «expropiadas» con arreglo al Convenio concertado con los «aliados». Esta «expropiación» se ha traducido, lisa y llanamente, en el traspaso a manos norteamericanas de los extensos intereses y empresas de primera importancia que los alemanes poseían en España desde hace bastantes años, incrementadas en proporciones muy considerables durante el período en que los hitlerianos actuaron como los verdaderos dueños y señores de la economía franquista”.

[…] Esta operación ha permitido a los yanquis consolidar sus posiciones en sectores donde ya poseían intereses importantes (sector eléctrico); apoderarse del control monopolista de sectores de primerísima importancia (industrias química, farmacéutica, del caucho); ampliar su penetración en sectores donde sus posiciones eran débiles o inexistentes en otro tiempo (minería, siderometalurgia, empresas agrícolas y forestales, alimenticias, coloniales, seguros, etc.); acusar su presencia, convertida en muy corto plazo en dominante, según demuestra la experiencia, en las más diversas ramas de la economía nacional” (p. 18-19).

 Por otro lado —señala Arconada— hay que destacar otra vía de penetración del imperialismo norteamericano sobre la economía española, una vía que pasa por control del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), un instituto que fue concebido con una clara vocación militar:

 “El Instituto Nacional de Industria, con sus 45 empresas y sus 5,000 millones de pesetas de inversiones, no sólo constituye un suculento manjar para el voraz apetito del imperialismo yanqui, sino que, gracias a su control de los recursos estratégicos y a su situación privilegiada en cuanto a la utilización de las materias primas y mano de obra, se convierte en un valioso instrumento para la realización de sus planes de guerra y expansionismo económico.

Por añadidura, el I.N.I. disfruta de toda suerte de beneficios fiscales: exención total de los derechos de aduanas; reducción del 50 por 100 de las contribuciones de usos y consumos, de utilidades, de emisión y negociación de valores mobiliarios, de derechos reales y de timbre; facultad de expropiación forzosa de terrenos y materiales necesarios para sus instalaciones, etc. De esta forma, los grandes trust imperialistas yanquis obtienen en la España de Franco una situación sólo comparable a las más negras formas de explotación colonial, y los capitalistas y empresarios nacionales se ven reducidos a condiciones de inferioridad tales que hacen ilusoria cualquier posibilidad de competir en el mercado con las empresas yanquis “(p. 26).

 “Otro instrumento creado por los nazis y que, en la etapa actual, está siendo utilizado al máximo por los norteamericanos, es el Consejo Ordenador de Minerales Estratégicos de Interés Militar —C.O.M.E.I.N.—. El Consejo depende del Ministerio de la Guerra, siendo su Presidente el Ministro, y se halla directamente intervenido por la Misión Militar Norteamericana. «Expertos» yanquis, entre los cuales figuran H. M. Thorne, A. J. Kraemer y Louis Dupret, han realizado una prospección completa, no sólo del territorio nacional, sino también de Marruecos y las Colonias del África. Huelga decir que los yanquis no se interesan solamente por los minerales estratégicos, aunque éstos figuren en primer plano, sino que su interés se extiende a todas las riquezas minerales del país” (p. 27).

 “Factor de no menor importancia en la aceleración de la penetración norteamericana, es la eliminación por el imperialismo yanqui de las posiciones que detentaban en la economía española otros grupos imperialistas, y en primer lugar, los británicos y franceses, lucha aguda que desempeña importante papel”: “cada paso adelante en España de los yanquis, es un retroceso de los ingleses” [Ibárruri]. “El acto más espectacular en este terreno es, sin duda alguna, el paso del control del mercurio de Almadén de manos inglesas a manos norteamericanas”. (pp. 27-28).

 Arconada señala también las tensiones que la penetración norteamericana sobre España estaba generando en los países que tradicionalmente venían ejerciendo el control de la economía del país:

 “Estos hechos ayudan a explicar las reticencias de los círculos dirigentes anglo-franceses ante los tratos directos yanqui-franquistas. Cuando Mr. Eden, en la Cámara de los Comunes, critica el pacto bilateral, no es posible olvidar que Eden es Consejero de la «Riotinto» y de la «European Pyrites Corporation».

 Otra de las vías de penetración norteamericana sobre la economía española que se mencionan en el libro de Arconada consiste en una suerte de deslocalización industrial:

“Las empresas norteamericanas encuentran provechoso el suministrar la materia prima y elaborar los productos en las fábricas de sus filiales en España, para después colocarlos en sus mercados, incluso los más distantes, porque a pesar de los recargos que implican el doble transporte, los seguros, las aduanas, etc., les resultan a la postre más baratos que los fabricados en sus propias factorías de los Estados Unidos” [esto pone de manifiesto “la indecible explotación y el miserable nivel de vida a que el franquismo ha reducido a la clase obrera”.]

Gracias a su monopolio de las materias primas en el mundo capitalista, los norteamericanos em­plean el mismo procedimiento para apoderarse del control, utilizar en su beneficio y apropiarse de la mayor parte de la plusvalía extraída a los obreros en ramas completas de la economía franquista. Así, refiriéndose a los bajos precios de los productos pa­ra la exportación, “El Economista” del 8 de septiembre de 1951, al poner de relieve la brutal explota­ción que sufre la clase obrera, decía que «…nuestro modesto nivel de vida y el precio-oro de nuestros jornales hacen el resto, permitiéndonos la exportación de estos produc­tos industriales».

El ejemplo más notable es el de la industria textil. Los tejidos elaborados en Cataluña con algodón norteamericano vendido a precios exorbitan­tes, les resultan a los yanquis, en Nueva York más baratos que los fabricados en sus propias empre­sas. La Asociación de Manufactureros Americanos de la Industria Algodonera acaba de proponer uti­lizar la industria textil española para la producción de tejidos que «después ellos utilizarán en los “paí­ses atrasados” para intercambiarlos por minerales estratégicos necesarios a su producción de guerra”. (p. 33-34).

“Estos esquemas equivalen a entregar en manos de los imperialistas sectores completos de la industria nacional, cuyos obreros pasan a ser obreros colonizados, sometidos al doble yugo de los capitalistas indígenas y extranjeros, sin que las empresas imperialistas necesiten molestarse siquiera previamente en invertir capitales, ni en levantar instalaciones, ya que las encuentran montadas y en funcionamiento” (p. 34).

 “Resulta imposible, en un resumen de esta naturaleza, enumerar siquiera la multitud de empresas montadas con participación de capitales yanquis o que se han conectado a ellos, durante este período. La invasión es total, y encontramos sus huellas absolutamente en todos los terrenos, desde la producción, elaboración y exportación de aceite y aceitunas, hasta la radiodifusión y la prensa, pasando por la industria hotelera, la construcción o las inversiones inmobiliarias. El patrón es en todas partes el mismo: alianza de la oligarquía financiera, concentración, eliminación de concurrentes españoles y explotación inaudita de la clase obrera” (p. 35).

 “Los yanquis multiplican también sus acuerdos de cesión de patentes, diseños y marcas. Los españoles deben saber que en estos casos, incluso aunque no medien capital ni inversiones norteamericanas, cuando compran los objetos más diversos, desde un motor a una bombilla o un tubo de pasta dentrífica, el 10, el 20, el 30 por 100 de su dinero va a parar directamente a los bolsillos de los imperialistas” (p. 37).

 “No son estas las únicas palancas que los norteamericanos utilizan para colonizar a España. La precedente enumeración no agota, ni mucho menos, los métodos empleados por los imperialistas yanquis para la acelerada transformación de España en una semicolonia” (p. 37).

 “Este es el panorama que hoy ofrece España, entregada a la voracidad insaciable de los imperialistas. Mediante la combinación de estos diversos métodos y formas de penetración, los imperialistas yanquis poseen, como vemos, el control de los sectores fundamentales de la economía nacional; tienen en sus manos los resortes-clave que les permiten, con la criminal complicidad de los gobernantes franquistas, influir de modo decisivo en la evolución económica en el sentido que más convenga a sus intereses, el cual no puede ser ni es otro que la utilización de todos los recursos de España en la preparación de la guerra y la rápida transformación del país en un apéndice colonial del imperio yanqui.

Las consecuencias de este desarrollo determinan todos los problemas económicos que se presentan en España, e influyen directamente en la vida y en los intereses de todos los españoles…” (p. 42-43).

 Partiendo del problema del sometimiento semicolonial de la economía y la política española a los intereses del imperialismo norteamericano, Felipe M. Arconada hace una crítica de toda la política económica de la dictadura franquista y de la oligarquía que la sustenta:

 De este modo, se critica la política franquista de “consagrar a la preparación de la guerra una suma de recursos y de medios financieros que está fuera de toda proporción con las posibilidades del país”. Para ello se analizan las partidas consignadas a tal fin en los presupuestos generales del Estado; a raíz de esto se comentan las consecuencias negativas de tal política en la vida del pueblo (aumento de la inflación, recarga sobre las espaldas del pueblo de la carga impositiva, etc.) mientras que “las contribuciones que afectan de modo más directo a la oligarquía financiera-terrateniente, son las más reducidas y las que experimentan aumentos más tenues. Toda la propiedad rústica y urbana de España paga menos de la tercera parte de lo que se ingresa por usos y consumos. La contribución industrial representa apenas una octava parte. Pero, lo más escandaloso es la contribución sobre la renta, la contribución de los millonarios”. (p. 54-55).

 “El régimen franquista, que ve reducida la única esperanza de prolongar su existencia a la presencia de los norteamericanos en España y al desencadenamiento de la guerra, presta a estos planes toda su colaboración y con la ayuda de la oligarquía financiera y en beneficio de ella, orienta más y más toda la economía del país hacia la preparación de la guerra; consagra a estos fines en proporción cada vez mayor, todos los recursos materiales y humanos disponibles y arroja sobre la economía nacional una carga insoportable que precipita su hundimiento y su crisis, sumiendo al pueblo en una miseria sin fondo, arruinando a millares y millares de pequeños industriales y comerciantes y lesionando gravemente hasta los intereses materiales de capitalistas que hasta hace poco disfrutaban, dentro del marco del régimen, de una situación de verdadero privilegio”. (p. 61-62).

 La denuncia que Arconada hace de la actuación de la oligarquía financiera española en el contexto de crisis económica y pobreza generalizada en que se debate el país a mediados del pasado siglo podría extrapolarse casi en su totalidad a la realidad que se vive hoy en día:

 “La oligarquía financiera, como las aves carniceras que se alimentan de la carroña, prepara y se fortalece mientras más aguda es la crisis económica, mientras más gentes se ven arrastradas al hundimiento y a la quiebra. Cuanto más acuciante es la necesidad de crédito que siente un empresario, más onerosas son las condiciones que le impone la gran Banca. Las 472,164 letras de cambio, por 4.071,4 millones de pesetas, protestadas en 1950 por falta de pago, representan otros tantos tropiezos y dificultades, y en muchos casos, la ruina completa de milla­res y millares de modestos industriales y comercian­tes. Para la gran Banca, por el contrarío, constitu­yen un “método normal” de incrementar sus benefi­cios con los intereses de mora, renovación o protes­to, y en muchas ocasiones, la oportunidad de que­darse con negocios y empresas a precios irrisorios, en los innumerables juicios ejecutivos incoados por ella.

En la prensa financiera, en las revistas de las Cá­maras económicas y organismos oficiales, en las in­formaciones de Bolsa, en los discursos de los falangistas, se habla continuamente, de la escasez de di­nero, de la carencia de capitales. Estas afirmaciones se repiten con machacona insistencia por los propios capitostes de la oligarquía financiera, en sus infor­mes y memorias. Se trata de la más burda de las mixtificaciones, de una campaña trapacera montada en todas sus piezas y sostenida arteramente para tratar de ahogar la indignación y la protesta de los trabajadores. Para ellos sí que no hay dinero; ellos sí se mueren de hambre, con sus 16 pesetas de jornal medio, cuando logran trabajo. Esa campaña falaz tiende a engañar al empresario a quien se niega un crédito de unos miles de pesetas, mientras se abren créditos sin tasa y por cientos de millones a las grandes empresas; el comerciante modesto, cuya tienda va quedando desierta, por falta de poder ad­quisitivo de su clientela y vive bajo la continua ame­naza de los vencimientos de pagos; al capitalista in­dependiente, que ve con zozobra cómo su empresa queda rezagada y envejece, falta de capitales, mien­tras las filiales de los monopolios yanquis y de los grandes Bancos se modernizan y le desalojan del mercado, por la competencia.

El dinero abunda, pero está en manos de la oli­garquía financiera. Lo hemos visto desfilar hacia sus cajas fuertes por cientos de millones de pesetas, producto de la sobreexplotación de la clase obrera, llevada con una brutalidad y una intensidad como jamás se había conocido en la historia de nuestro país. Ese dinero acaparado según hemos visto por la, gran Banca, se lo llevan los imperialistas yanquis, se gasta sin tasa, en la preparación de la guerra o desaparece en las fauces insaciables de la oligarquía financiera.

Para todo lo demás, no hay dinero. No lo hay para atender a las más apremiantes necesidades del país, ni para llevar agua a las tierras sedientas, ni para dotar de techo a los cientos de miles de espa­ñoles que viven en cuevas, ni para poner coto a los estragos de la tuberculosis y otras enfermedades que son hoy, bajo el franquismo, como una plaga bíblica, ni para abrir escuelas con destino a los dos millones y medio de niños que carecen de ellas.

“No hay dinero”. Menos aún lo hay para pagar a los obreros un salario que les permita vivir medio decentemente, haciendo frente al alza constante de la vida, de los productos de primera necesidad; para reducir la carga abrumadora de las contribuciones e impuestos que pesan sobre los pequeños industriales y comerciantes; para ofrecer créditos baratos y a lar­go plazo a los empresarios modestos y a los campe­sinos pobres.

Tal es, en sus rasgos más generales, el poder omnímodo, el peso aplastante de la oligarquía finan­ciera en nuestro país. Y así, vemos perfilarse, una vez más, la criminal trilogía responsable de la ruina y el desastre de España; el imperialismo yanqui, la oligarquía financiera y el instrumento político de ambos, la camarilla gobernante de vendepatrias y estraperlistas franco-falangistas” (p. 73-76)

Como han podido comprobar en los extensos extractos que aquí hemos seleccionado, la obra de Felipe M. Arconada España colonia yanqui está de actualidad. Igual que cuando él la escribió, la economía del país se encuentra hundida. La semicolonialidad, que viene desarrollándose en mayor o menor medida desde el siglo XIX —en paralelo a una contrapuesta dimensión imperialista actualmente en crisis—, se acentúa día a día hasta el punto de que la soberanía nacional se encuentra hoy seriamente en entredicho.

Rajoy-Merkel

Efectivamente, la política del Gobierno de España se dicta y supervisa por los organismos internacionales que tienen en su mano la supervivencia (mediante instrumentos como el rescate financiero de la banca española) o el colapso total de su economía. El Gobierno del PP se ve obligado a aceptar el incremento de la presencia militar norteamericana en el suelo nacional y a respaldar, militar o políticamente, cuantas operaciones de agresión imperialista lleve a cabo del Gobierno de los Estados Unidos en el Norte de África, Oriente Medio o donde sea que éstas se produzcan (Siria, Libia, etc.).

Paralelamente, los recursos naturales (minerales), infinidad de propiedades rústicas y urbanas y muchas empresas –incluido oficinas bancarias- se están vendiendo a precio de saldo, para beneficio de los fondos buitre, la mayoría norteamericanos (Apollo Management International, Cerberus, Centerbridge, etc.), que se están poniendo las botas:

“Su estrategia se basa en comprar activos a precios muy rebajados, mantenerse en el capital periodos de tiempo de entre cinco y siete años, y desinvertir con enormes ganancias”. “Cada día estos fondos invierten en alguna parte del mundo, preferentemente en países que atraviesan dificultades. En los momentos de crisis importantes, hay dos sectores que despiertan interés: el financiero y el inmobiliario, explica un alto directivo bancario español”. (ElPeriódicodearagón.com, 11-09-2013).

Fondos buitre

 Algunas de las grandes empresas españolas ya han acabado total o parcialmente en manos de capital extranjero. La Compañía Española de Petróleos (CEPSA) es, desde 2011, propiedad de International Petroleum Investment Company (IPIC), constituida por el Gobierno del Emirato de Abu Dhabi. ENDESA ­-principal compañía eléctrica de España y principal multinacional energética de Latinoamérica- ha pasado a manos italianas, desde que en febrero de 2009 la eléctrica ENEL se hizo con el 92,06% de sus acciones. En cuanto a la otra gran petrolera española, REPSOL, aunque supuestamente sigue siendo española, lo cierto es que el 51% de sus acciones están ya en manos de capital extranjero: el 42% pertenece a diversos fondos de inversión extranjeros y el 9,49% a la multinacional mexicana PEMEX.

logo_endesa_enel

Visto globalmente, el capital extranjero era ya dueño, en 2009, del 40% de las empresas españolas que cotizan en bolsa, 7,5 puntos por encima de nivel de 2006. Y seguramente la cosa no acabará aquí. La caída en bolsa desde 2008 de la mayoría de las grandes empresas del Ibex 35 ha dado lugar a que tengan un valor inferior al de su patrimonio neto. Esto las hace especialmente interesantes para posibles OPAs de multinacionales o fondos de inversión extranjeros. En esta situación se encontrarían el 54% de los valores del Ibex, entre las que se contarían –según un estudio de Expansión– empresas de la talla de Telefónica, BSCH, BBVA, Caixabank, Iberdrola y Repsol. Según el Director general de Renta 4, “de materializarse la toma de control por parte de empresas extranjeras de nuestras principales compañías, se produciría un desplazamiento de los centros de decisión fuera de nuestras fronteras”, lo que reforzaría aún más la tendencia semicolonial de nuestra economía. Hasta aquí ha descendido, por ahora, el país que pretendió erigirse en potencia mundial sobre sus endebles pies de barro.

[Leer España colonia yanqui]


[1] La inversión de los Estados Unidos de América en España durante los años sesenta suponía entre un 40 y un 60% de toda la inversión extranjera en España. Con la entrada de España en la Unión Europea, este porcentaje se redujo, aunque las multinacionales norteamericanas continuaron desempeñando un papel muy destacado en la economía española, incrementándose sus inversiones en la segunda mitad de los años noventa. (Adoración Álvaro, Nuria Puig y Rafael Castro, “Las empresas multinacionales extranjeras en España, Inqualitas.net).

Compara y busca las diferencias. La “democracia” de la primera Restauración Borbónica en España (1890-1923)


corruota-democracia

En  estos momentos en los que nos encontramos en España, cuando existe un cuestionamiento total y generalizado en casi todas las esferas de la sociedad respecto de nuestro sistema de representación política, puede resultar útil volver la vista hacia el sistema que existió en nuestro país en la etapa conocida como Restauración Borbónica y especialmente en sus etapas de madurez y luego de crisis profunda (1890-1923).

Igual que en la actualidad, el sistema político era la Monarquía parlamentaria e, igual que en la actualidad, en el poder se turnaban pacíficamente dos partidos igualmente representantes de la oligarquía que controla la economía del país. Cuando se desgastaba uno de los partidos era reemplazado por el otro, y así sucesivamente hasta que en 1917 el sistema que ideara el conservador Cánovas del Castillo entra en crisis profunda. Esta crisis se intenta resolver con el golpe de estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) pero al final desemboca en la proclamación de la segunda República (1931-1936) y en la guerra civil de 1936-1948.

Vamos a repasar a continuación algunas de las características de este sistema político, particularmente lo relativo al sistema electoral, lo que nos permitirá encontrar diferencias pero también importantes similitudes con la realidad política actual.

En 1890 se aprueba en España el sufragio universal masculino, durante el gobierno liberal de Sagasta. Atrás quedaban los años en que era necesario poseer un determinado nivel de renta para tener derecho al ejercicio de los derechos políticos. En los estados europeos más desarrollados, la progresiva ampliación del sufragio –en Gran Bretaña no fue instaurado el sufragio universal hasta la tardía fecha de 1918– suponía un signo de madurez política del régimen parlamentario burgués. Una parte cada vez mayor de la población comenzaba a jugar un papel político en el sistema liberal y los partidos políticos de la burguesía, para ganar las elecciones, debían atraerse el voto de los sectores populares que progresivamente iban adquiriendo el derecho de participación política.

Aunque, tanto en Gran Bretaña como en Francia, perduraron situaciones de patronazgo y clientelismo político –como se ha aludido reiteradamente–, la participación en el régimen liberal llegó a estar muy extendida socialmente. A cambio de la fidelidad de los obreros al sistema –sobre todo en el caso de Gran Bretaña– los partidos burgueses se veían obligados a hacerles toda una serie de concesiones en el ámbito político, laboral y en el de las condiciones materiales de existencia.

La burguesía seguía ejerciendo, sin duda, su dominación política sobre las clases trabajadoras, pero la fuerza de los obreros, en el último tercio del siglo XIX, aumentaba cada vez más en las elecciones, lo mismo en Gran Bretaña que en Francia, Alemania y otros países.

socialistas franceses

En Alemania fue donde se produjeron los mayores avances políticos del proletariado europeo después de La Comuna de París. Efectivamente, los obreros alemanes fueron los que mejor supieron utilizar políticamente el sufragio universal –introducido por Bismarck en 1866– para el fortalecimiento del partido socialista:

programa de erfurt

 

Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación dla burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones. Y se tomó parte en las elecciones a las dietas provinciales, a los organismos municipales, a los tribunales de artesanos, se le disputó a la burguesía cada puesto, en cuya provisión mezclaba su voz una parte suficiente del proletariado. Y así se dio el caso de que la burguesía y el Gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal que la actuación ilegal del partido obrero, más los éxitos electorales que los éxitos insurreccionales” (Engels, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850).

Y lo mismo sucedió en Francia, en Bélgica y en otros países:

El trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí [en Francia] como la tarea inmediata del partido. Los éxitos no se han hecho esperar. No sólo se han conquistado toda una serie de consejos municipales, sino que en las Cámaras hay 50 diputados socialistas, que han derribado ya tres ministerios y un presidente de la República”(Ibíd).

El contraste con la situación política de España era grande. En este país, el primer diputado socialista –Pablo Iglesias- fue elegido en la tardía fecha de 1910. Durante varios años continuó siendo el único diputado socialista del Congreso y la cifra no experimentó ningún gran ascenso con el tiempo, porque en 1923 el número de diputados socialistas no pasaba de siete. En Francia, por el contrario, los socialistas tenían 103 diputados en 1914.

minoria socialista

La minoría socialista en el Congreso en 1918; Saborit, Anguiano, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Julian Besteiro y Pablo Iglesias / FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

 

Los sistemas cambiaban de un país a otro. En Francia, el poder ejecutivo recaía en el Presidente de la República, que era elegido por un período de siete años por mayoría absoluta de votos en ambas cámaras reunidas en Asamblea Nacional. En Gran Bretaña, por el contrario, la corona había conservado el derecho a escoger al Gobierno, si bien, esta prerrogativa, en la práctica, se hallaba muy limitada por la necesidad de designar ministros que tuvieran la confianza de la Cámara de los comunes.

En otros países de la Europa occidental (Bélgica, Holanda) correspondía también al Rey la designación del Presidente, pero eran, en última instancia, las elecciones, las que decidían el rumbo del país.

Aunque los obreros fueron consiguiendo ciertas concesiones y mejoras a medida que crecían sus éxitos electorales –lo que sirvió para atrapar al movimiento obrero o, al menos, a una parte importante de sus dirigentes, en las redes del orden establecido–, el régimen parlamentario era el sistema político de la burguesía y era ella, pues, la principal beneficiaria. No obstante, la creciente importancia política adquirida por la clase obrera mediante la utilización del sufragio es, de por sí, prueba más que suficiente para inferir que el parlamentarismo, en los principales países de la Europa occidental, no era una simple farsa.

En España la situación era muy distinta. No defendemos aquí, evidentemente, la tesis de la excepcionalidad política española. Sistemas caciquiles como el de la Restauración encontraremos en la misma época, sin duda, en muchos países y, especialmente, en aquéllos en los que no culminó, durante el siglo XIX, la revolución burguesa, manteniéndose, por tanto, relaciones de producción semifeudales. Los encontraremos, por tanto, en las repúblicas latinoamericanas, en los países del este de Europae, incluso, en zonas especialmente atrasadas de países capitalistas como Italia. Luebbert afirma, no obstante, que “el atraso fue mucho más determinante en España que en Italia. Esto fue así, en parte, porque España era una sociedad menos moderna, con un sector industrial más pequeño y una mayor población de analfabetos; pero, además, la menor modernidad de España también resultó más determinante por el modo en que el equilibrio de fuerzas políticas acentuó la autoridad de los sectores menos modernos de la sociedad”. En el sur de Italia también pervivieron elementos similares a los del caciquismo hispano. Sin embargo –y a diferencia de lo que sucedió en España-, “el poder del Estado italiano estuvo en gran medida engranado con los intereses del norte, el sector más moderno de la sociedad”.

caudilhismo BRASIL ESCOLA

 

En el caso de Latinoamérica, no es difícil encontrar abundantes similitudes con el sistema caciquil español, por ejemplo, en el Brasil de los coroneles o en la política mexicana del Porfiriato e, incluso, de la etapa posterior a la revolución de 1910-1911.

En la Europa del Este, encontramos, también, regímenes parecidos al español en casos como el de la república polaca que se desarrolló entre 1919 y 1926. La Constitución liberal, de inspiración francesa, no impidió que el país cayera en la corrupción política generalizada, lo que sirvió al mariscal Pilsudski para justificar un golpe de Estado, en 1926, que contó con el apoyo de los socialistas polacos y que presenta evidentes similitudes con el que encabezara tres años antes Primo de Rivera en España (ROOS, H., Historia de la nación polaca, 1969).

Las diferencias que existían entre los regímenes políticos reales de todos estos países y la democracia-burguesa que se desarrollaba en los principales países capitalistas de Europa eran sustanciales. Coincidimos, pues, con Costa, cuando afirmaba que “no es la forma de gobierno en España la misma que impera en Europa, aunque un día lo haya pretendido la Gaceta”.

Ha afirmado el historiador del régimen Varela Ortega que el análisis de Costa sobre la Restauración –y lo mismo podría decir del que realizó Galdós en los mismos términos que el aragonés– “resultaría abusivo para la descripción general del funcionamiento del sistema, al punto de distorsionar la comprensión del proceso de democratización de la España contemporánea”. Sin embargo, la investigación que hemos realizado confirma muchas de las apreciaciones realizadas por ellos un siglo atrás y no refleja la existencia de proceso alguno de democratización política.

Para comenzar, trataremos de la falsedad de las elecciones, un tema del que, por otra parte, ya se ha hablado en España hasta la saciedad y en el que, por tanto, no es necesario extenderse demasiado. Conviene, sin embargo, aclarar que, en nuestra opinión, el análisis no debe centrarse tanto en el hecho de que hubiese corrupción –corrupción que, por otra parte, existía también en la Europa más liberal– sino en el hecho de que, en el caso español, el sufragio –aun siendo “universal”– no era más que “una comedia ridícula que sirve de retranca a la voluntad popular y obstrucciona la marcha del progreso (El Obrero, 1905). Coincide, pues, el órgano obrero con la opinión que expresa Costa cuando afirma que “eso de las elecciones y del parlamento son dos bromas infames contra el país, en que tengo el propósito de no colaborar, y que siento mucho no poder reprimir”.

Caciquismoelectoral-2

Existía en España, desde 1890, una de las leyes electorales más liberales de Europa, quizás porque, como dijo Ramos Oliveira, a ratos conviene dar al país la sensación de que hace grandes progresos; pero lo que de hecho imperaba era la absoluta inexistencia de elecciones, tal cual se entendían en los regímenes democrático-burgueses. Era del todo punto impensable que pudiera articularse movimiento político alguno de las clases populares para, a través de las elecciones, obtener influencia política a partir de la cual arrancar concesiones a las clases dominantes. Lo que sucedía por los mismos años en Francia, Alemania o Gran Bretaña –incluso sin existir sufragio universal– no era en España más que una quimera, una ilusión, un engaño.

Los resultados de las elecciones eran, en la mayoría de las ocasiones, conocidos exactamente con anterioridad a la celebración de los comicios. Dependían, en última instancia, de los pactos establecidos entre las banderías caciquiles de los pueblos. Una vez alcanzados estos pactos, los resultados no sorprendían a casi nadie.

La inexistencia de un auténtico sistema político participativo era continuamente planteada en la prensa de la época. Más que elecciones, lo que había en España era una especie de “chanchullo electoral”.

Y si en Alemania –mucho antes, incluso, de la proclamación en 1919 de la República de Weimar– el proletariado participaba masivamente en los procesos electorales, disputándole a la burguesía cada puesto en liza, aquí las elecciones pasaban sin pena ni gloria, ante el desinterés y el descreimiento generalizado. Como afirma Isabel Peñarrubia, “el caciquismo producía desmovilización política y escepticismo”.

Pero la inexistencia de auténticos procesos electorales al modo democrático-burgués, basados en la opinión del electorado expresada mediante el voto, no sólo era una característica de las localidades rurales más atrasadas. En las propias capitales provinciales, aunque el fraude tenía, sin duda, más limitaciones, tampoco tenían lugar verdaderas elecciones, con todo lo que éstas conllevaban. Pocos días antes de las elecciones, no era extraño que no se conocieran aún siquiera el nombre de los candidatos.

De hecho, el problema de la inexistencia de un verdadero sistema electoral de carácter democrático-burgués se agravaría aún más tras la proclamación, durante el Gobierno de Maura, de la ley electoral de agosto de 1907, que –a propuesta del republicano Azcárate–, introduce el célebre artículo 29. Según este artículo, cuando no existiese mayor número de candidatos que el de puestos a cubrirse, estos quedaban automáticamente proclamados, sin necesidad de que se celebrasen las elecciones. A partir de este momento, en muchas localidades se redujo significativamente el número de comicios que tuvieron lugar, lo que, por otra parte, no debió ser advertido por unos “electores” que se hallaban mayoritariamente al margen de los procesos electorales. Estos procesos no pueden, pues, ser vistos más que como una farsa, como una “comedia”.

El recurso a la proclamación de candidatos por la vía dispuesta en el artículo 29 de la Ley electoral de 1907 puede interpretarse valorando la trascendencia de los pactos que se articulaban entre las principales banderías caciquiles de cada lugar, lo que, evidentemente, era crucial. Sin embargo, no siempre la proclamación por el artículo 29 significaba ausencia de oposición. En algunas ocasiones lo que significaba era que se habían utilizado las típicas artimañas caciquiles para impedir al bando opositor presentar su candidatura en tiempo y forma.caciquismoelectoral

En cualquier caso, las elecciones –base principal de todo sistema político representativo– no eran sino una farsa, una “broma infame”. Citaba Costa en 1901 el discurso de un diputado en el Congreso: “Parece que el cuerpo electoral vota, decía Martos en 1885: parece que se hacen Diputaciones y Ayuntamientos, y que se eligen Cortes, y que se realizan en fin, todas las funciones de la vida constitucional; pero éstas no son sino meras apariencias: no es la opinión la que decide; no es el país el que vota, sois vosotros [los Ministros], que estáis detrás manejando los resortes de la máquina administrativa y electoral”.

Efectivamente, en muchos lugares de España no era el país el que votaba; “votaban” los caciques, que eran las piezas principales de esa “máquina administrativa y electoral” de la que habla Martos. Y los miles de votos que aparecían en las actas eran, en realidad, los votos del caciquismo.

En las elecciones, unas veces se imponía el pacto y en otras había “lucha”, pero cuando había lucha los que se enfrentaban eran, no los votantes, sino las banderías caciquiles opuestas, que, a veces, eran capaces de generar un clima de gran tensión y violencia. Cuando no había lucha era, o bien porque se había conseguido el acuerdo entre las banderías caciquiles o, simplemente, porque el dominio socioeconómico de alguna familia terrateniente era tan grande que no podía existir más que un solo bando político.

Aunque es una cuestión en la que habría que profundizar más, creo que se puede establecer una relación directa entre la estructura de la propiedad de la tierra y la lucha política en los diferentes municipios. En aquellos lugares en los que la concentración de la propiedad de la tierra era importante y la hegemonía de un linaje terrateniente era muy grande existían menos posibilidades para que tuvieran lugar encarnizados enfrentamientos políticos. En las localidades con menor concentración agraria, existía, por el contrario, más espacio para que se articularan banderías caciquiles enfrentadas, enfrentamientos que, en ocasiones, podían llegar a desarrollarse con un elevado nivel de violencia.

En otros lugares –en los que la política era más tranquila– ganaba sistemáticamente las elecciones el partido que estaba en ese momento en el Gobierno, y esto no se debía a las presiones insoportables ejercidas por el Gobernador civil de turno, sino a que algunos alcaldes sostenían “el principio de ser conveniente para aquel pueblo y su Ayuntamiento, dar siempre mayoría de votos al Gobierno que mande; si son liberales como al presente a éstos; cuando vengan los conservadores les dará mayoría y lo mismo si acaso subiesen al poder los carlistas o republicanos”.

En aquellos pueblos en que los alcaldes no eran tan “dóciles” ante los planes gubernamentcaciques de Españaales era necesario, muchas veces, que el Gobernador civil recurriese, antes de que se celebrasen las elecciones a Cortes, a la destitución de las Corporaciones díscolas, sustituyéndolas por otras adictas en calidad de interinas. De esta forma se preparaba el terreno, en nuestro sistema parlamentario a la inversa, para la obtención de la mayoría parlamentaria ansiada por el nuevo gobierno de turno. “Tan difícil era alzar una monarquía constitucional y un Estado fundado en la soberanía nacional sobre la injusta y quebrada estructura de la sociedad española, que los gobernantes no podían pararse en ninguna suerte de consideraciones éticas” (Ramos Oliveira).

Es cierto que el desinterés por el “chanchullo electoral” era grande y que no se generaban colas de votantes a las puertas de los colegios. Pero también es cierto que, en algunas ocasiones, había quien, en algún pueblo, pretendía ejercer su derecho al voto, lo que podía resultar muy dificultoso si no se formaba parte de la bandería caciquil hegemónica en ese momento.

Sin embargo, cuando llegaba la hora del escrutinio –y aunque no hubiese entrado casi nadie en los colegios, bien por el desinterés generalizado o porque estos estuviesen en ignorado paradero– siempre aparecía una nutrida “participación”; participación que en ocasiones rebasaba con mucho el número de electores correspondientes a cada distrito. Desviaciones y corruptelas había también, sin duda, en los países más liberales de Europa –como argumenta la historiografía actualmente dominante en nuestro país–, pero aquí, “eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla” (COSTA).

No parece necesario que insistamos más sobre lo que, en esencia, está ya perfectamente claro. Las elecciones en nuestro país no eran sino una especie de “barniz de civilización” (COSTA) con que los caciques semifeudales intentaban presentar una imagen más acorde a los tiempos, adaptando las formas políticas liberales vigentes en la Europa capitalista a las arcaicas estructuras económicas y sociales de España. El resultado de tal adaptación no fue otro que el régimen caciquil, caracterizado –en lo que al sufragio se refiere– por el falseamiento electoral más absoluto. Pocas aportaciones relevantes se pueden hacer respecto de un tema que ha sido ya suficientemente tratado por la historiografía de nuestro país.

Sin embargo, la afirmación que hace un sector importante de la actual historiografía española de que el sistema político español era “perfectamente equiparable a sus homólogos europeos” (Mercedes Cabrera) nos ha obligado a detenernos, siquiera brevemente, para recordar de qué “régimen parlamentario” estamos hablando en realidad.

¿Te animas a comentar qué diferencias y similitudes encuentras con la realidad actual de España?

Benito Pérez Galdós denuncia el caciquismo en España


Muy interesante esta dura crítica que publicó Galdós contra el sistema político de la España de la Restauración. Sorprende su vigencia, más de un siglo después de que fuera escrita. En todo ese tiempo España ha cambiado mucho, ciertamente, pero, según vemos, muchas cosas siguen siendo esencialmente iguales:

Galdós

[…] “Al propio tiempo, nuestro enfermo [se refiere a España] reconoce con tristeza la esterilidad de sus esfuerzos durante todo el pasado siglo para darse un régimen político liberal a la europea. Lo más triste es que ha tardado algunos años en descubrir que el mecanismo que nos rige es un aparato de formas admirables, pero que no funciona; todas sus ruedas y palancas, todos sus engranajes y transmisiones son figurados, como las lindas máquinas pintadas que sirven para el estudio. Forman nuestro régimen político las más seductoras abstracciones. Examinados desde fuera, nuestros Códigos y todo el papelorio de leyes y reglamentos para su aplicación parecerán, sin duda, un perfecto organismo que regula la existencia del pueblo más feliz del mundo. Mirado por dentro, se ve que todo es cartón embadurnado al temple, en algunos trozos con singular maestría; pero ya va envejeciendo notoriamente la pintura, y se clarea de tal modo el artificio, que no hay ojos bastante inexpertos para ilusionarse con él.

Ya nadie ve una base fundamental de la vida política en el principio de la representación del pueblo, porque el sufragio es un donoso engaño al alcance de los observadores menos perspicaces. Las elecciones se hacen sin interés, con escasa y fría lucha; la emisión del voto no apasiona ni enorgullece a los ciudadanos; éstos han podido observar el esmero de los Gobiernos para componer las Cámaras, dando el conveniente número de puestos a las oposiciones y contrapesándolas con abrumadoras mayorías. Resulta que la representación del país está, con unos y otros partidos, en manos de un grupo de profesionales políticos, que ejercen, alternadamente, con secreto pacto y concordia, una solapada tiranía sobre las provincias y regiones. La Justicia y la Administración, sometidas al manejo político y sin medios de proceder con independencia, completan esta oligarquía lamentable, igualmente dura antes y después de las revoluciones que tronaron contra el antiguo régimen. Nuestros políticos agitaron la existencia nacional en el pasado siglo sin fundar nada sólido, y todo lo hecho en nombre de la democracia contra el Gobierno personal, resultó de la misma hechura interna que lo que se quería destruir. Se variaban las apariencias y el nombre de las cosas; pero el alma permanecía la misma

Llegado el momento de abrir bien los ojos y de ver en toda su desnudez y fealdad el error cometido, ¿puede un país ser indefinidamente testigo y víctima callada del mal que padece sin ponerle remedio? Imposible. Los hombres de más saber político reconocen que así no se puede seguir, y forcejean dentro de la red que ellos mismos han tejido, y que les entorpece para toda obra grande de reforma. Pero ninguno se decide a romperla con arte, destruyendo siquiera alguna malla por donde sacar un dedo, después una mano, y llegar por sucesivas rupturas de hilos a la libertad de esta desgraciada nación, esclava de lo que aquí llamamos caciquismo, tristísima repetición de los tiempos feudales y de las demasías de unos cuantos señores, árbitros de los derechos y de los intereses de los ciudadanos

(Benito Pérez Galdós, “La España de Hoy”, 1901).

La enfiteusis en la España semifeudal


Los censos enfitéuticos, foros, rabassas, etc., son, evidentemente, una institución de naturaleza claramente feudal que sesegadoras utilizaron de modo generalizado durante el Antiguo Régimen en todas las provincias españolas. En la primera mitad del siglo XIX, la revolución burguesa se encuentra con el problema enfitéutico y le da una solución limitada y parcial: no fueron abolidos y únicamente fueron declarados redimibles los que habían pasado a manos del Estado a raíz de la desamortización. La posibilidad de redimir los censos enfitéuticos que habían pertenecido a los conventos e instituciones suprimidas abrió la puerta, efectivamente, a un proceso amplio de redenciones, sobre todo tras la desamortización de Madoz. Sin embargo, fueron muchos los censatarios de escasos recursos que no acudieron a redimir los tributos que gravaban sus fincas. Algunos continuaron pagándolos mientras que otros optaron por eludir los pagos, hasta que en las últimas décadas del siglo, una vez derrotada la última de las revoluciones burguesas y restaurada la monarquía, el Estado inicia una nueva ofensiva censualista reclamando de nuevo el pago de las rentas.

Una de las mejores especialistas españolas en el tema, Rosa Congost, no tenía reparos en admitir en 1999, lo poco que sabemos sobre el fin de las relaciones enfitéuticas, y señalaba que ha sido precisamente la identificación entre los adjetivos feudal y enfitéutico lo que ha condicionado la escasa atención historiográfica prestada al tema del fin de los censos. Entre los historiadores de la Edad Contemporánea está extendida la idea de que la legislación liberal va a suponer el fin de los derechos de propiedad de origen feudal, «segurament perquè pensar que van continuar existint equival, en l’argot dels historiadors, a reconéixer restes de feudalisme difícilment compatibles amb el procés d’industrialització de la Catalunya del segle XIX». Para la autora catalana, pocas veces encontraremos un ejemplo tan claro en el que un tópico historiográfico –la revolució liberal va abolir les prestacions de carácter feudal– haya sustituido a un tema de investigación histórica, ofreciendo una imagen simplificada de la historia y tiñendo de institucionalismo la interpretación de la historia social. Lo cierto es que la subsistencia de foros, censos enfitéuticos, rabassas y tributos feudales de diversa índole era de tal magnitud que en 1873 el legislador republicano declaraba:

«Una ley de la Convención declaró libre como las personas el territorio nacional; Inglaterra ha borrado ya de su Constitución agrícola los últimos vestigios del feudalismo; Alemania hace ya tiempo que emancipó a sus colonos, y Rusia emancipa a sus siervos. Los inmortales fundadores de nuestra libertad política iniciaron gloriosamente en nuestra España este movimiento regenerador cuando borraron para siempre los dictados de señor y vasallo, y decretaron la desamortización civil y eclesiástica, y abolieron la vinculación y el diezmo; pero mucho falta que hacer todavía; es necesario romper esta servidumbre en que vive una gran parte del territorio en nuestro país».

 

O sea, que en España faltaba todavía mucho por hacer, en 1873, para acabar con el feudalismo. Y el moderado intento de la primera República para liquidarlo –«se declaran redimibles todas las pensiones y rentas que afectan a la propiedad inmueble, conocidas con los nombres de foros, subforos, censos frumentarios o rentas en saco, derechuras, rabassa morta, y cualesquiera otras de la misma naturaleza»–  se verá prematuramente abortado. En febrero de 1874 un decreto del Gobierno golpista deja en suspenso la ley de 20 de agosto de 1873 y todos los expedientes y juicios a que hubiera dado lugar su ejecución por considerarse injusta para la parte censualista, para los propietarios del dominio directo. Años después, en 1889, la aprobación del nuevo Código Civil de la Restauración consagra y legitima la enfiteusis, considerándola una de las formas de contratación posibles en el ámbito rural. Pero el censo enfitéutico seguía siendo, por supuesto, una pervivencia feudal. Es cierto que en 1889 se declara su redimibilidad general, pero se hizo desde una óptica tan favorable al censualista y con tales particularidades que el Tribunal Supremo llegará a afirmar que, de hecho, el censo enfitéutico seguía siendo irredimible. Además, el nuevo Código Civil mejora la posición de los censualistas a la hora de desahuciar a los censatarios, lo que dar lugar a una renovada ofensiva contra estos en la que, respaldados como estaban por los tribunales, los propietarios del dominio directo exigirían el pago de unas rentas feudales que, en muchos casos, hacía décadas que los censatarios habían dejado de pagar.

rabassaires

Lo que está claro es que los censos enfitéuticos pervivieron hasta bien avanzado el siglo XX. Es erróneo, por tanto, afirmar sin más que fueron redimidos o se extinguieron por caducidad a lo largo del siglo XIX. Es cierto que hubo, efectivamente, redenciones y seguramente también hubo muchos que no se cobraban por una u otra causa y que al final se extinguieron. Sin embargo, también es cierto que al llegar el siglo XX el problema de la pervivencia de los censos era un problema real, un problema derivado de las limitaciones que caracterizaron en España al proceso de liquidación, parcial, del viejo sistema de propiedad feudal. ¿Hasta cuándo subsistieron? En el caso de Cataluña, es muy conocida la significación que tuvo la Unió de Rabassaires durante la República y la guerra civil. El triunfo en esta guerra del bando favorable a los terratenientes daría lugar a que esta pervivencia feudal se prolongara durante los años de la dictadura y llegara hasta la democracia. En el caso de los foros, hasta hace poco se pensaba que habían sido liquidados por el decreto de redención general de foros dictado en 1926 por el gobierno del general Primo de Rivera. Sin embargo, durante la República seguían siendo un problema. Además, un caso que recientemente ha saltado a los medios de comunicación de todo el país obliga a replantearnos de nuevo el problema.

[Extraído del artículo “La revolución democrática y la línea política del PCE en los años treinta: cuatro décadas después… qué siga el debate”, disponible en este blog]

Interpretaciones historiográficas sobre la revolución burguesa en España


En la historiografía española se han sucedido o combinado (sin contar la nuestra) tres interpretaciones diferentes sobre la historia contemporánea de España:

  1. En la primera (predominante hasta los años sesenta), la revolución burguesa fracasa o no culmina totalmente sus tareas históricas (VILAR, TUÑÓN DE LARA).
  2. En la segunda (articulada a partir de los años setenta y pronto convertida en dominante), la revolución burguesa triunfa por la vía prusiana, desde arriba, dirigida por los antiguos señores y terratenientes feudales (FONTANA, SEBASTIÀ, CLAVERO);
  3. Y en la tercera (definida en los años ochenta a partir de la segunda), la burguesía toma el poder por la vía revolucionaria francesa, aunque sin tanta radicalidad como en aquélla, perjudicando en amplia medida a la antigua terratenencia, que sería la clase social parcialmente derrotada en la revolución (RUIZ TORRES).

 Entre los años setenta y ochenta, la segunda y tercera interpretación –una como variante de la otra– se convierten en hegemónicas. El momento en que la España feudal se convierte en la España capitalista queda fijado, así, en los años treinta y cuarenta del siglo XIX. Los elementos feudales o precapitalistas que, no obstante, siguen existiendo, se explicarán, o bien como simples pervivencias, más o menos anacrónicas, que “consiguieron traspasar el tamiz revolucionario y vieron prolongar su existencia más allá de la época que les era propia” (SEBASTIÀ y PIQUERAS) o, por el contrario, como elementos procedentes de la antigua sociedad que se insertan, de una u otra forma, en el nuevo modo de producción capitalista, contribuyendo activamente a su desarrollo (CLAVERO).

Fusilamiento de torrijos

[Fusilamiento de Torrijos]

La victoria de las nuevas concepciones sobre el triunfo –por una u otra vía– de la revolución burguesa en España parecía segura. Para consolidarse, no obstante, necesitaba la concurrencia de una amplia serie de investigaciones que vinieran a proporcionar la prueba empírica de que la transformación capitalista del campo español durante el siglo XIX se podía constatar, era un hecho cierto.

Los pioneros en este campo fueron los economistas Juan Martínez Alier y José Manuel Naredo, a los que siguieron multitud de investigadores, tanto a nivel individual como integrados en los nuevos centros de investigaciones agrarias impulsados y financiados por las diversas instituciones académicas y financieras, como , por ejemplo,  la Fundación Juan March (Grupo de Estudios de Historia Rural, el Centre de Recerca d’História Rural, el Seminario de Historia Agraria, Grupo de Historia Agraria de Murcia, el Centre d’Estudis d’Història Rural, etc.). Varias revistas (Historia Agraria, Estudis d’Història Agrària, Agricultura y Sociedad, Noticiario de Historia Agraria, etc.) y toda una serie de congresos específicos (Congresos de Historia Agraria, de Geografía Rural, etc.) surgieron para difundir a lo largo y ancho de España los resultados de este rosario de investigaciones que, nadando a favor de la corriente, proliferaban por doquier.

Aunque normalmente se presentaban como investigaciones “puras”, desprovistas de objetivos externos a los propios del ámbito científico, la finalidad política de los primeros trabajos de Martínez Alier y de Naredo estaba perfectamente clara. Su función principal no era otra que la de combatir, desde posiciones “de izquierda”, a aquellas organizaciones –como el PCE– que seguían planteando la necesidad de una revolución democrática que acabase con las pervivencias feudales en el campo como etapa previa para la construcción del socialismo.

En la mayoría de estos agraristas destacaba, entre otros aspectos, una supeditación absoluta al dogma de la España capitalista. Cuando la investigación mostraba la existencia de un amplio número de jornaleros en el marco geográfico y cronológico elegido, esa era la prueba irrefutable de un proceso de proletarización campesina, claramente contextualizado en la revolución que habría tenido lugar en las relaciones de producción agrarias; cuando, por el contrario, era innegable la ausencia de tal proletarización y el predominio de relaciones como la aparcería, masovería, etc., se hablará –curiosa idea– de un capitalisme agraire sans proletarisation. Cuando la investigación detectaba la existencia de un proceso de redención de censos enfitéuticos, esa era la prueba del proceso de liquidación del sistema de propiedad feudal. Pero si, por el contrario, era evidente que los censos o foros prolongaban demasiado su existencia, se explicaba porque la agricultura de esa región se había insertado en el capitalismo por una vía lateral de la revolución burguesa (VILLARES PAZ). Cualquier cosa antes que admitir un capitalisme impossible (SAGUER HOM).

Lo que hasta entonces habían sido interpretadas –en la tradición del materialismo histórico– como atrasadas pervivencias feudales o precapitalistas (la aparcería, la explotación extensiva, el cultivo al tercio, la explotación ganadera tradicional de las dehesas andaluzas y extremeñas, etc.) era presentado ahora, en los trabajos de Martínez Alier, Naredo y sus seguidores, como óptimas estrategias capitalistas derivadas de la moderna mentalidad “rentabilista”, empresarial, de los grandes propietarios (NAREDO). El predominio de la aparcería en regiones como Cataluña, será explicado –casi podríamos decir, justificado–, no como una de las clásicas formas precapitalistas de extracción de la renta de la tierra por parte de los terratenientes semifeudales (pago en trabajo), sino como la forma óptima de explotación agraria capitalista, teniendo en cuenta el contexto agroecológico y las tecnologías disponibles (GARRABOU, PLANAS y SAGUER). O como explica Pérez Picazo, “no tiene mucho sentido calificar determinadas formas de explotación como la aparcería o la misma enfiteusis de «supervivencias preindustriales»; se trata, por el contrario, de bien pensadas opciones”, formas de respuesta perfectamente racionales a unos mercados incompletos e imperfectos.

Cualquier cosa que, en este terreno, la investigación revelase, era interpretado como una prueba más de la revolución capitalista en el agro hispano. De este modo, se intentaba demostrar empíricamente lo que venían planteando historiadores como Fontana sobre el triunfo de la revolución burguesa en España. Y, efectivamente, la victoria de esta tesis se consolidó en el ámbito académico, resultando prácticamente barrida la concepción que había venido defendiendo el fracaso de la revolución burguesa y la pervivencia de la semifeudalidad.

El PCE y la mayoría de las organizaciones que se situaban a su izquierda acabaron adoptando, también, el nuevo enfoque sobre la historia contemporánea de España, abandonando, no sólo la idea de la fase democrática –antifeudal– de la revolución, sino la idea misma de la revolución proletaria. Además, el éxito de esta operación supondría el aislamiento político e intelectual del movimiento jornalero en Andalucía. Entre 1975 y 1985 tendrían lugar las últimas movilizaciones importantes de la lucha por la tierra en el Sur de España. No obstante, en determinadas coyunturas como la de 2002-2003 y en este mismo año 2013 (tomas simbólicas de tierras dirigidas por el SOC de Sánchez Gordillo y Cañamero) las luchas jornaleras han vuelto a salir temporalmente a la palestra, poniéndose de manifiesto que el problema persiste.

En la segunda mitad de los ochenta la situación nacional e internacional cambia y este cambio tendrá repercusiones significativas en el panorama historiográfico mundial. En España, la Transición culmina con el triunfo de la vía reformista –casi podríamos decir, prusiana– y la mayor parte de la antigua oposición de izquierda va abandonando el discurso político revolucionario, lo que, paralelamente, conlleva también el abandono progresivo de la preocupación por la revolución burguesa. El tema se dará por definitivamente zanjado: la revolución burguesa en España culminó, por una u otra vía –ya no importa demasiado– entre 1834 y 1843. Y punto.

Por otra parte, una fuerte ofensiva conservadora a nivel internacional desde la segunda mitad de los años ochenta  permite al imperialismo y a las clases dominantes de los distintos estados irse desembarazando progresivamente de las categorías marxistas de interpretación histórica. Hasta ese momento, la historia del desarrollo capitalista en el mundo pasaba inevitablemente por la discusión sobre la revolución burguesa. Al margen de las diversas tergiversaciones llevadas a cabo por los intelectuales burgueses con respecto a este fundamental concepto del marxismo, en el trasfondo subyacía el profundo arraigo de este pensamiento historiográfico. De este modo, se entendía comúnmente que el acontecimiento fundamental en el paso del feudalismo al capitalismo era el de la revolución burguesa, cuyas tareas podían verse cumplidas por un camino revolucionario o por un camino reformista.

La nueva ofensiva conservadora –en la cual va a desempeñar un papel fundamental la ofensiva ideológica– se esforzará por rebatir la interpretación marxista del proceso histórico desde sus mismas bases. La transición del feudalismo al capitalismo será vista ahora, por el “nuevo” pensamiento postmoderno que difunde el imperialismo, como resultado de un proceso lento y complejo en el que las revoluciones no serán más que episodios excepcionales y, en ocasiones, incluso contraproducentes. De nuevo, las clases dominantes internacionales –reaccionarias por naturaleza– vuelven a enfrentarse al odiado pensamiento marxista. El encargo a sus intelectuales es claro: ¡recorred el mundo y llevad la buena nueva: el motor de la historia no es –y nunca ha sido– la lucha de clases!

Según la “nueva” concepción, revoluciones burguesas no han existido nunca y mucho menos aún revoluciones proletarias. Se apunta contra la propia Revolución Francesa –negando su carácter de revolución burguesa– pero a quien se quiere derribar es a las revoluciones comunistas, negándoles su carácter de revoluciones proletarias y convirtiéndolas en simples golpes de estado –magistrales, eso sí– de un pequeño grupo bolchevique. Revolución burguesa y revolución proletaria aparecen así, nuevamente, unidas intelectualmente por un hilo más o menos oculto, lo mismo que había sucedido años antes.