Comprendiendo España

“Ve a España y diles a los españoles cuánto los apreciamos”. Presentación de “España, colonia yanqui”, de Felipe Muñoz Arconada (1951).


Ve a España y diles a los españoles cuánto los apreciamos”. “Que sepan lo mucho que les agradecemos su situación estratégica y el hecho de que nos acojan aquí”. Estas son las instrucciones que Barak Obama le dio a James Costos, antes de que partiera a hacerse cargo de la embajada de los Estados Unidos de América en España, en sustitución de Solomont, su antecesor en el cargo.

Costos venía ejerciendo hasta este momento la vicepresidencia de licencias y comercio minorista de la multinacional americana HBO, y no oculta que la ciberpiratería es uno de los temas en los que se va a centrar, ayudando al Gobierno de España a aplicar sus leyes… las leyes de España, se entiende: “Estoy deseando colaborar con el Gobierno de España para resolverlo. El problema no es tanto de leyes, que existen, como de falta de aplicación, de que no se imponen debidamente”.

EEUU y España

Pero este intervencionismo en la política de un país supuestamente soberano, con ser importante, no es la principal tarea que le ha sido encomendada al nuevo embajador: “Mi principal foco de atención en estos momentos es el terreno militar, por supuesto, la defensa y la seguridad. Y esto es algo que el presidente quiso que dejara muy claro a los españoles: que sepan lo mucho que les agradecemos su situación estratégica y el hecho de que nos acojan aquí”.

La llegada del nuevo embajador —cual modernísimo virrey imperial— coincide con el 60º aniversario del “Convenio defensivo, de mutua defensa y ayuda económica entre EEUU y España”. Firmado en 1953 por el dictador fascista Franco y el presidente Eisenhower, el acuerdo abrió las puertas a la presencia militar de los Estados Unidos de América en España. A cambio de un poco de ayuda económica, el acuerdo ponía un país hundido como España al servicio de los intereses militares de la que sería nueva superpotencia mundial, en sustitución de Alemania –derrotada en la guerra—y del Reino Unido y Francia, vencedoras de la guerra pero perdedoras de la postguerra.

Eisenhower y Franco

Han pasado 60 años y parece que estamos en el mismo punto. Desvanecidos los sueños imperiales que se generaron, sobre todo, a partir de los años noventa por el espejismo del “milagro económico español”, el Gobierno norteamericano acrecienta su penetración militar en el país. Se refuerza así el papel de España como plataforma de su agresiva “diplomacia” internacional, o sea, de las intervenciones militares —también llamadas guerras— con las que pretenden mantener una hegemonía mundial que le disputan pujantes competidores como China y Rusia.

Para ello la base naval de Rota recibirá en unos meses a los cuatro destructores norteamericanos que, equipados con el sistema Aegis antibalístico, vienen a integrarse en el conocido como Escudo antimisiles de la OTAN: “El momento más emocionante —explica el embajador— será la llegada de los cuatro destructores y me sentiré muy honrado de estar presente en la entrega”.

Además, la base de Morón de la Frontera acoge ya a una fuerza de intervención rápida de quinientos soldados norteamericanos y ocho aeronaves, preparadas para desplegarse rápidamente en cualquier país del norte de África en el que se demanden sus “servicios”.

Moron-USA

Igual que en los años cincuenta, los capitales extranjeros se abalanzan raudos sobre una hundida España para hacerse con un botín nada despreciable. Y entre esos capitales destacan los norteamericanos, igual que entonces[1]. El nuevo embajador no lo oculta: su siguiente prioridad, después de la militar, será la económica, haciendo de intermediario entre las empresas españolas y las multinacionales norteamericanas, al objeto —afirma Costos— de “colaborar” contra el paro: “También nosotros tenemos desempleo, así que entiendo lo que los parados sufren”. Sin embargo, no parecen preocuparle al nuevo embajador los miles de parados que está generando en las cuencas mineras de Asturias, León, Palencia y Aragón la importación masiva de carbón colombiano, extraído en condiciones semiserviles por multinacionales norteamericanas como Goldman Sachs, uno de los grandes bancos que detonaron la actual crisis económica mundial con sus hipotecas subprime.

La política que James Costos ha venido a impulsar en nuestro país no se limita a reforzar su presencia militar en nuestro territorio —“para proteger los intereses españoles” en el norte de África—, ni a ampliar la penetración de las multinacionales americanas —para ayudarnos a acabar con el paro—, ni siquiera a colaborar con nuestro Gobierno para que en España se cumplan las leyes. También viene a culturizarnos. El embajador no lo oculta: tras la militar y la económica, su prioridad será la cultural (ElPaís.com, 24-09-2013).

En este contexto que nos encontramos, parece recobrar mucha actualidad una obra que publicó en México en 1951 Felipe M. Arconada, hermano del literato César Muñoz Arconada, alguna de cuyas obras están disponibles en este blog, en la sección de Lecturas. Felipe Muñoz Arconada fue periodista, miembro del Comité Central del PCE, Secretario General de la Juventud Socialista Unificada en Madrid y responsable de la misma en el Ejército del Ebro, durante la Guerra Civil. Tras la finalización de ésta, vivió exiliado en Francia, Santo Domingo, Cuba, México y Hungría. Falleció en Madrid en 2003, a los 91 años.

Felipe M. Arconada-2El libro que ahora reseñamos se titula “España colonia yanqui: penetración del imperialismo norteamericano en España y evolución actual de la situación económica del franquismo”. Cuando se escribió aún faltaban dos años para la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, aunque había un “largo trecho de camino ya recorrido por la senda desastrosa del semicolonialismo”. Presentamos extractadas a continuación las principales ideas que se exponen en el libro [para los que ahora no vayan a leerlo entero] , una obra que los que estén interesados pueden leer directamente en este blog, en la sección de Materiales para la historia.

Arconada contextualiza históricamente el sometimiento de la política y la economía españolas a los intereses del imperialismo norteamericano. Efectivamente, el hecho en sí de la dominación sobre la vieja metrópoli colonial no era novedoso más que por el país que ejercía ahora el control principal. Lo cierto es que desde el siglo XIX –para no remontarnos ahora hasta el Antiguo Régimen— la economía hispana fue puesta al servicio de los intereses de los capitales extranjeros:

“…a partir de la segunda mitad del siglo pasado, las empresas imperialistas británicas, franco-belgas, y, más tarde, alemanas, han disfrutado de posiciones de primera importancia en los sectores fundamentales de la economía nacional; el de que –por efecto de la propia debilidad del capitalismo nacional— los elementos que hoy forman la oligarquía financiera han crecido y se han desarrollado, en gran medida, a la sombra de los intereses extranjeros dominantes en España y estrechamente conectados a ellos, sirviéndoles de agentes y de intermediarios y adquiriendo una larga experiencia de “colaboración” con los truts internacionales”… (p. 13).

 Tras la finalización de la segunda guerra mundial, la semicolonialidad se mantuvo pero se produjo un recambio en la nacionalidad de los dominadores. Felipe M. Arconada sintetiza en diversos puntos la forma por la que este proceso se estaba llevan a cabo:

 “Desde el 7 de julio de 1949, se está procediendo a la «adjudicación» de las empresas alemanas «expropiadas» con arreglo al Convenio concertado con los «aliados». Esta «expropiación» se ha traducido, lisa y llanamente, en el traspaso a manos norteamericanas de los extensos intereses y empresas de primera importancia que los alemanes poseían en España desde hace bastantes años, incrementadas en proporciones muy considerables durante el período en que los hitlerianos actuaron como los verdaderos dueños y señores de la economía franquista”.

[…] Esta operación ha permitido a los yanquis consolidar sus posiciones en sectores donde ya poseían intereses importantes (sector eléctrico); apoderarse del control monopolista de sectores de primerísima importancia (industrias química, farmacéutica, del caucho); ampliar su penetración en sectores donde sus posiciones eran débiles o inexistentes en otro tiempo (minería, siderometalurgia, empresas agrícolas y forestales, alimenticias, coloniales, seguros, etc.); acusar su presencia, convertida en muy corto plazo en dominante, según demuestra la experiencia, en las más diversas ramas de la economía nacional” (p. 18-19).

 Por otro lado —señala Arconada— hay que destacar otra vía de penetración del imperialismo norteamericano sobre la economía española, una vía que pasa por control del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), un instituto que fue concebido con una clara vocación militar:

 “El Instituto Nacional de Industria, con sus 45 empresas y sus 5,000 millones de pesetas de inversiones, no sólo constituye un suculento manjar para el voraz apetito del imperialismo yanqui, sino que, gracias a su control de los recursos estratégicos y a su situación privilegiada en cuanto a la utilización de las materias primas y mano de obra, se convierte en un valioso instrumento para la realización de sus planes de guerra y expansionismo económico.

Por añadidura, el I.N.I. disfruta de toda suerte de beneficios fiscales: exención total de los derechos de aduanas; reducción del 50 por 100 de las contribuciones de usos y consumos, de utilidades, de emisión y negociación de valores mobiliarios, de derechos reales y de timbre; facultad de expropiación forzosa de terrenos y materiales necesarios para sus instalaciones, etc. De esta forma, los grandes trust imperialistas yanquis obtienen en la España de Franco una situación sólo comparable a las más negras formas de explotación colonial, y los capitalistas y empresarios nacionales se ven reducidos a condiciones de inferioridad tales que hacen ilusoria cualquier posibilidad de competir en el mercado con las empresas yanquis “(p. 26).

 “Otro instrumento creado por los nazis y que, en la etapa actual, está siendo utilizado al máximo por los norteamericanos, es el Consejo Ordenador de Minerales Estratégicos de Interés Militar —C.O.M.E.I.N.—. El Consejo depende del Ministerio de la Guerra, siendo su Presidente el Ministro, y se halla directamente intervenido por la Misión Militar Norteamericana. «Expertos» yanquis, entre los cuales figuran H. M. Thorne, A. J. Kraemer y Louis Dupret, han realizado una prospección completa, no sólo del territorio nacional, sino también de Marruecos y las Colonias del África. Huelga decir que los yanquis no se interesan solamente por los minerales estratégicos, aunque éstos figuren en primer plano, sino que su interés se extiende a todas las riquezas minerales del país” (p. 27).

 “Factor de no menor importancia en la aceleración de la penetración norteamericana, es la eliminación por el imperialismo yanqui de las posiciones que detentaban en la economía española otros grupos imperialistas, y en primer lugar, los británicos y franceses, lucha aguda que desempeña importante papel”: “cada paso adelante en España de los yanquis, es un retroceso de los ingleses” [Ibárruri]. “El acto más espectacular en este terreno es, sin duda alguna, el paso del control del mercurio de Almadén de manos inglesas a manos norteamericanas”. (pp. 27-28).

 Arconada señala también las tensiones que la penetración norteamericana sobre España estaba generando en los países que tradicionalmente venían ejerciendo el control de la economía del país:

 “Estos hechos ayudan a explicar las reticencias de los círculos dirigentes anglo-franceses ante los tratos directos yanqui-franquistas. Cuando Mr. Eden, en la Cámara de los Comunes, critica el pacto bilateral, no es posible olvidar que Eden es Consejero de la «Riotinto» y de la «European Pyrites Corporation».

 Otra de las vías de penetración norteamericana sobre la economía española que se mencionan en el libro de Arconada consiste en una suerte de deslocalización industrial:

“Las empresas norteamericanas encuentran provechoso el suministrar la materia prima y elaborar los productos en las fábricas de sus filiales en España, para después colocarlos en sus mercados, incluso los más distantes, porque a pesar de los recargos que implican el doble transporte, los seguros, las aduanas, etc., les resultan a la postre más baratos que los fabricados en sus propias factorías de los Estados Unidos” [esto pone de manifiesto “la indecible explotación y el miserable nivel de vida a que el franquismo ha reducido a la clase obrera”.]

Gracias a su monopolio de las materias primas en el mundo capitalista, los norteamericanos em­plean el mismo procedimiento para apoderarse del control, utilizar en su beneficio y apropiarse de la mayor parte de la plusvalía extraída a los obreros en ramas completas de la economía franquista. Así, refiriéndose a los bajos precios de los productos pa­ra la exportación, “El Economista” del 8 de septiembre de 1951, al poner de relieve la brutal explota­ción que sufre la clase obrera, decía que «…nuestro modesto nivel de vida y el precio-oro de nuestros jornales hacen el resto, permitiéndonos la exportación de estos produc­tos industriales».

El ejemplo más notable es el de la industria textil. Los tejidos elaborados en Cataluña con algodón norteamericano vendido a precios exorbitan­tes, les resultan a los yanquis, en Nueva York más baratos que los fabricados en sus propias empre­sas. La Asociación de Manufactureros Americanos de la Industria Algodonera acaba de proponer uti­lizar la industria textil española para la producción de tejidos que «después ellos utilizarán en los “paí­ses atrasados” para intercambiarlos por minerales estratégicos necesarios a su producción de guerra”. (p. 33-34).

“Estos esquemas equivalen a entregar en manos de los imperialistas sectores completos de la industria nacional, cuyos obreros pasan a ser obreros colonizados, sometidos al doble yugo de los capitalistas indígenas y extranjeros, sin que las empresas imperialistas necesiten molestarse siquiera previamente en invertir capitales, ni en levantar instalaciones, ya que las encuentran montadas y en funcionamiento” (p. 34).

 “Resulta imposible, en un resumen de esta naturaleza, enumerar siquiera la multitud de empresas montadas con participación de capitales yanquis o que se han conectado a ellos, durante este período. La invasión es total, y encontramos sus huellas absolutamente en todos los terrenos, desde la producción, elaboración y exportación de aceite y aceitunas, hasta la radiodifusión y la prensa, pasando por la industria hotelera, la construcción o las inversiones inmobiliarias. El patrón es en todas partes el mismo: alianza de la oligarquía financiera, concentración, eliminación de concurrentes españoles y explotación inaudita de la clase obrera” (p. 35).

 “Los yanquis multiplican también sus acuerdos de cesión de patentes, diseños y marcas. Los españoles deben saber que en estos casos, incluso aunque no medien capital ni inversiones norteamericanas, cuando compran los objetos más diversos, desde un motor a una bombilla o un tubo de pasta dentrífica, el 10, el 20, el 30 por 100 de su dinero va a parar directamente a los bolsillos de los imperialistas” (p. 37).

 “No son estas las únicas palancas que los norteamericanos utilizan para colonizar a España. La precedente enumeración no agota, ni mucho menos, los métodos empleados por los imperialistas yanquis para la acelerada transformación de España en una semicolonia” (p. 37).

 “Este es el panorama que hoy ofrece España, entregada a la voracidad insaciable de los imperialistas. Mediante la combinación de estos diversos métodos y formas de penetración, los imperialistas yanquis poseen, como vemos, el control de los sectores fundamentales de la economía nacional; tienen en sus manos los resortes-clave que les permiten, con la criminal complicidad de los gobernantes franquistas, influir de modo decisivo en la evolución económica en el sentido que más convenga a sus intereses, el cual no puede ser ni es otro que la utilización de todos los recursos de España en la preparación de la guerra y la rápida transformación del país en un apéndice colonial del imperio yanqui.

Las consecuencias de este desarrollo determinan todos los problemas económicos que se presentan en España, e influyen directamente en la vida y en los intereses de todos los españoles…” (p. 42-43).

 Partiendo del problema del sometimiento semicolonial de la economía y la política española a los intereses del imperialismo norteamericano, Felipe M. Arconada hace una crítica de toda la política económica de la dictadura franquista y de la oligarquía que la sustenta:

 De este modo, se critica la política franquista de “consagrar a la preparación de la guerra una suma de recursos y de medios financieros que está fuera de toda proporción con las posibilidades del país”. Para ello se analizan las partidas consignadas a tal fin en los presupuestos generales del Estado; a raíz de esto se comentan las consecuencias negativas de tal política en la vida del pueblo (aumento de la inflación, recarga sobre las espaldas del pueblo de la carga impositiva, etc.) mientras que “las contribuciones que afectan de modo más directo a la oligarquía financiera-terrateniente, son las más reducidas y las que experimentan aumentos más tenues. Toda la propiedad rústica y urbana de España paga menos de la tercera parte de lo que se ingresa por usos y consumos. La contribución industrial representa apenas una octava parte. Pero, lo más escandaloso es la contribución sobre la renta, la contribución de los millonarios”. (p. 54-55).

 “El régimen franquista, que ve reducida la única esperanza de prolongar su existencia a la presencia de los norteamericanos en España y al desencadenamiento de la guerra, presta a estos planes toda su colaboración y con la ayuda de la oligarquía financiera y en beneficio de ella, orienta más y más toda la economía del país hacia la preparación de la guerra; consagra a estos fines en proporción cada vez mayor, todos los recursos materiales y humanos disponibles y arroja sobre la economía nacional una carga insoportable que precipita su hundimiento y su crisis, sumiendo al pueblo en una miseria sin fondo, arruinando a millares y millares de pequeños industriales y comerciantes y lesionando gravemente hasta los intereses materiales de capitalistas que hasta hace poco disfrutaban, dentro del marco del régimen, de una situación de verdadero privilegio”. (p. 61-62).

 La denuncia que Arconada hace de la actuación de la oligarquía financiera española en el contexto de crisis económica y pobreza generalizada en que se debate el país a mediados del pasado siglo podría extrapolarse casi en su totalidad a la realidad que se vive hoy en día:

 “La oligarquía financiera, como las aves carniceras que se alimentan de la carroña, prepara y se fortalece mientras más aguda es la crisis económica, mientras más gentes se ven arrastradas al hundimiento y a la quiebra. Cuanto más acuciante es la necesidad de crédito que siente un empresario, más onerosas son las condiciones que le impone la gran Banca. Las 472,164 letras de cambio, por 4.071,4 millones de pesetas, protestadas en 1950 por falta de pago, representan otros tantos tropiezos y dificultades, y en muchos casos, la ruina completa de milla­res y millares de modestos industriales y comercian­tes. Para la gran Banca, por el contrarío, constitu­yen un “método normal” de incrementar sus benefi­cios con los intereses de mora, renovación o protes­to, y en muchas ocasiones, la oportunidad de que­darse con negocios y empresas a precios irrisorios, en los innumerables juicios ejecutivos incoados por ella.

En la prensa financiera, en las revistas de las Cá­maras económicas y organismos oficiales, en las in­formaciones de Bolsa, en los discursos de los falangistas, se habla continuamente, de la escasez de di­nero, de la carencia de capitales. Estas afirmaciones se repiten con machacona insistencia por los propios capitostes de la oligarquía financiera, en sus infor­mes y memorias. Se trata de la más burda de las mixtificaciones, de una campaña trapacera montada en todas sus piezas y sostenida arteramente para tratar de ahogar la indignación y la protesta de los trabajadores. Para ellos sí que no hay dinero; ellos sí se mueren de hambre, con sus 16 pesetas de jornal medio, cuando logran trabajo. Esa campaña falaz tiende a engañar al empresario a quien se niega un crédito de unos miles de pesetas, mientras se abren créditos sin tasa y por cientos de millones a las grandes empresas; el comerciante modesto, cuya tienda va quedando desierta, por falta de poder ad­quisitivo de su clientela y vive bajo la continua ame­naza de los vencimientos de pagos; al capitalista in­dependiente, que ve con zozobra cómo su empresa queda rezagada y envejece, falta de capitales, mien­tras las filiales de los monopolios yanquis y de los grandes Bancos se modernizan y le desalojan del mercado, por la competencia.

El dinero abunda, pero está en manos de la oli­garquía financiera. Lo hemos visto desfilar hacia sus cajas fuertes por cientos de millones de pesetas, producto de la sobreexplotación de la clase obrera, llevada con una brutalidad y una intensidad como jamás se había conocido en la historia de nuestro país. Ese dinero acaparado según hemos visto por la, gran Banca, se lo llevan los imperialistas yanquis, se gasta sin tasa, en la preparación de la guerra o desaparece en las fauces insaciables de la oligarquía financiera.

Para todo lo demás, no hay dinero. No lo hay para atender a las más apremiantes necesidades del país, ni para llevar agua a las tierras sedientas, ni para dotar de techo a los cientos de miles de espa­ñoles que viven en cuevas, ni para poner coto a los estragos de la tuberculosis y otras enfermedades que son hoy, bajo el franquismo, como una plaga bíblica, ni para abrir escuelas con destino a los dos millones y medio de niños que carecen de ellas.

“No hay dinero”. Menos aún lo hay para pagar a los obreros un salario que les permita vivir medio decentemente, haciendo frente al alza constante de la vida, de los productos de primera necesidad; para reducir la carga abrumadora de las contribuciones e impuestos que pesan sobre los pequeños industriales y comerciantes; para ofrecer créditos baratos y a lar­go plazo a los empresarios modestos y a los campe­sinos pobres.

Tal es, en sus rasgos más generales, el poder omnímodo, el peso aplastante de la oligarquía finan­ciera en nuestro país. Y así, vemos perfilarse, una vez más, la criminal trilogía responsable de la ruina y el desastre de España; el imperialismo yanqui, la oligarquía financiera y el instrumento político de ambos, la camarilla gobernante de vendepatrias y estraperlistas franco-falangistas” (p. 73-76)

Como han podido comprobar en los extensos extractos que aquí hemos seleccionado, la obra de Felipe M. Arconada España colonia yanqui está de actualidad. Igual que cuando él la escribió, la economía del país se encuentra hundida. La semicolonialidad, que viene desarrollándose en mayor o menor medida desde el siglo XIX —en paralelo a una contrapuesta dimensión imperialista actualmente en crisis—, se acentúa día a día hasta el punto de que la soberanía nacional se encuentra hoy seriamente en entredicho.

Rajoy-Merkel

Efectivamente, la política del Gobierno de España se dicta y supervisa por los organismos internacionales que tienen en su mano la supervivencia (mediante instrumentos como el rescate financiero de la banca española) o el colapso total de su economía. El Gobierno del PP se ve obligado a aceptar el incremento de la presencia militar norteamericana en el suelo nacional y a respaldar, militar o políticamente, cuantas operaciones de agresión imperialista lleve a cabo del Gobierno de los Estados Unidos en el Norte de África, Oriente Medio o donde sea que éstas se produzcan (Siria, Libia, etc.).

Paralelamente, los recursos naturales (minerales), infinidad de propiedades rústicas y urbanas y muchas empresas –incluido oficinas bancarias- se están vendiendo a precio de saldo, para beneficio de los fondos buitre, la mayoría norteamericanos (Apollo Management International, Cerberus, Centerbridge, etc.), que se están poniendo las botas:

“Su estrategia se basa en comprar activos a precios muy rebajados, mantenerse en el capital periodos de tiempo de entre cinco y siete años, y desinvertir con enormes ganancias”. “Cada día estos fondos invierten en alguna parte del mundo, preferentemente en países que atraviesan dificultades. En los momentos de crisis importantes, hay dos sectores que despiertan interés: el financiero y el inmobiliario, explica un alto directivo bancario español”. (ElPeriódicodearagón.com, 11-09-2013).

Fondos buitre

 Algunas de las grandes empresas españolas ya han acabado total o parcialmente en manos de capital extranjero. La Compañía Española de Petróleos (CEPSA) es, desde 2011, propiedad de International Petroleum Investment Company (IPIC), constituida por el Gobierno del Emirato de Abu Dhabi. ENDESA ­-principal compañía eléctrica de España y principal multinacional energética de Latinoamérica- ha pasado a manos italianas, desde que en febrero de 2009 la eléctrica ENEL se hizo con el 92,06% de sus acciones. En cuanto a la otra gran petrolera española, REPSOL, aunque supuestamente sigue siendo española, lo cierto es que el 51% de sus acciones están ya en manos de capital extranjero: el 42% pertenece a diversos fondos de inversión extranjeros y el 9,49% a la multinacional mexicana PEMEX.

logo_endesa_enel

Visto globalmente, el capital extranjero era ya dueño, en 2009, del 40% de las empresas españolas que cotizan en bolsa, 7,5 puntos por encima de nivel de 2006. Y seguramente la cosa no acabará aquí. La caída en bolsa desde 2008 de la mayoría de las grandes empresas del Ibex 35 ha dado lugar a que tengan un valor inferior al de su patrimonio neto. Esto las hace especialmente interesantes para posibles OPAs de multinacionales o fondos de inversión extranjeros. En esta situación se encontrarían el 54% de los valores del Ibex, entre las que se contarían –según un estudio de Expansión– empresas de la talla de Telefónica, BSCH, BBVA, Caixabank, Iberdrola y Repsol. Según el Director general de Renta 4, “de materializarse la toma de control por parte de empresas extranjeras de nuestras principales compañías, se produciría un desplazamiento de los centros de decisión fuera de nuestras fronteras”, lo que reforzaría aún más la tendencia semicolonial de nuestra economía. Hasta aquí ha descendido, por ahora, el país que pretendió erigirse en potencia mundial sobre sus endebles pies de barro.

[Leer España colonia yanqui]


[1] La inversión de los Estados Unidos de América en España durante los años sesenta suponía entre un 40 y un 60% de toda la inversión extranjera en España. Con la entrada de España en la Unión Europea, este porcentaje se redujo, aunque las multinacionales norteamericanas continuaron desempeñando un papel muy destacado en la economía española, incrementándose sus inversiones en la segunda mitad de los años noventa. (Adoración Álvaro, Nuria Puig y Rafael Castro, “Las empresas multinacionales extranjeras en España, Inqualitas.net).

Oportunidad de negocio: país hundido vende subsuelo


Los organismos internacionales que dictan la política económica del Gobierno de España han decidido que se acabe de una vez por todas con la minería del carbón y que las centrales eléctricas del país se abastezcan de carbón importado. De hecho ya lo venían haciendo en un 60%, pero esta cifra se elevará hasta el 100% cuando al final del próximo año las subvenciones y primas que se han venido concediendo a mineras y eléctricas desaparezcan, como exige la Unión Europea; si grandes luchas sociales no lo impiden, claro.

Poco les importa a las autoridades europeas el hundimiento de comarcas enteras en León, Asturias, Palencia y Teruel. Que se las arregle como pueda el Gobierno de España con sus mineros, pero que no ceda. Lo que no sea rentable sin subvenciones que se cierre. Y punto.

U189267

Era un fin largamente anunciado y, en verdad, ha venido ejecutándose de forma progresiva durante años con la inestimable ayuda de los conocidos como Fondos Miner. A veces las cosas es mejor hacerlas así, de forma progresiva y tirando de billetera. Pero por muy progresiva que se hagan las cosas, siempre llegará el momento de dar la puntilla. Y parece que ese momento ha llegado, porque se acabó el dinero para más progresividades. Es ahora y punto. Por eso, para los mineros y el conjunto de habitantes de las cuencas, es la lucha final. Y de nada van servir –previsiblemente- rebajas de sueldos o/y aumentos de jornadas como las que han aceptado recientemente los mineros de UMINSA, que intentan resistir como pueden el feroz ataque que contra ellos ha lanzado el cacique minero Victorino Alonso, en un momento en que la derrota de la huelgona del pasado año los ha dejado indefensos, a los pies de los caballos.

Lo que está claro es que la minería española del carbón ya no interesa. Sin embargo, nuestro subsuelo alberga otras riquezas que sí están suscitando mucho interés, particularmente de los capitales extranjeros que pugnan por el control de los recursos del planeta. El aumento del precio de los minerales y metales preciosos en los mercados internacionales ha disparado el interés de las grandes corporaciones mineras por la apropiación de unos recursos cuya extracción anteriormente no resultaba muy rentable pero que a los precios actuales puede reportarles sustanciosos beneficios. El precio del cobre, por ejemplo, asciende actualmente a unos 8.500 dólares la tonelada, casi ocho veces más que hace 10 años. Y –como si fuera un país más del Tercer Mundo­­- estas grandes corporaciones, mayormente canadienses y australianas, han puesto sus ojos ­-y sus garras- sobre la maltrecha España.

Aunque su interés por las riquezas de nuestro subsuelo es anterior a la crisis­, lo cierto es que la situación les es ahora especialmente favorable. El hundimiento de la economía del país tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha generado una situación en la que autoridades nacionales, regionales y locales suspiran por la llegada de cualquier tipo de inversión que suponga generar alguna actividad económica, aliviando el déficit de las arcas públicas vía impuestos y creando puestos de trabajo en una economía que ya no es capaz de generarlos de otra forma.

De este modo, los canadienses de la Pacific Strategic Minerals se disponen a explotar el tantalio (ingrediente del coltán que necesitan los microprocesadores) en una aldea de Ourense (Penouta, en el municipio de Viana do Bolo).

Los también canadienses de Río Narcea Gold Mines (propiedad de Lunding Mining Corporation) andan buscando por todo Badajoz nuevos yacimientos con que engrosar las ganancias que obtienen en la mina de níquel de Monesterio, que podría agotarse en poco tiempo; y además andan tras el oro de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), donde pretenden extraer 34 toneladas empleando más de 5.000 tn. de cianuro y solubilizando más de 8.000 tn. de arsénico. De momento, el rechazo popular que se ha generado -el pasado mes de junio tuvo lugar una multitudinaria manifestación bajo el lema “Galicia no es una mina. Defiende la tierra, defiende la vida”- y una serie de problemas técnicos y económicos , han frenado el proyecto de los canadienses.

Monesterio-mina

Tras el oro que se almacena en el subsuelo en Badajoz (La Codosera y Alburquerque) y en Asturias está el empresario de origen ruso Cary Pinkowsky, al frente de la canadiense Asturgold, con sede en Vancouver. En la mina romana de oro de Salave, (en el concejo de Tapia de Casariego, Asturias) estaría –según ellos- “el yacimiento aurífero más grande sin explotar de Europa occidental y será un referente mundial en gestión medioambiental y desarrollo tecnológico”. La explotación aurífera de Asturgold se sumaría a las que la canadiense Orvana Minerals se encuentra ya desarrollando en los concejos asturianos de Miranda y Salas. Por cada tonelada de tierra que se extrae del cielo abierto de Miranda (El Valle-Boinás) los canadienses obtienen sólo 6 gramos de oro, pero al día consiguen reunir 6,5 kg. del precioso metal, que semanalmente representan 2 millones de euros en el mercado mundial.

Por su parte, sus compatriotas de First Quantum, dueños de Cobre Las Cruces, S. A., pretenden obtener de la mina a cielo abierto que en 2009 comenzaron a explotar en los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, un millón de toneladas de cobre. En los cuatro años que llevan en esta explotación han sido procesados tres de sus directivos por presuntos daños contra el medio ambiente y se les han impuesto ya 206.966 euros en sanciones por 23 infracciones urbanísticas. Poca cosa.

También tiene su sede en este país -en Toronto- la empresa Iberian Minerals Corp., que desde 2007 explota, a través de su filial MATSA, el cobre de la Mina de Aguas Teñidas, en Almonáster La Real (Huelva), con el que complementa las toneladas de ese mineral que extrae de la mina peruana Condestable. Además, su director ya ha expresado el interés de la empresa canadiense por participar en el concurso internacional que ha anunciado recientemente la Junta de Andalucía para reabrir la explotación del cobre, cinc y plomo que aún queda en la mina sevillana de Aznalcóllar, cerrada prematuramente en 1998. La rotura de una balsa de residuos extremadamente contaminantes provocó ese año una de las catástrofes ambientales más importantes de España. La Junta de Andalucía todavía intenta pasar la factura de los 90 millones de euros que costó la limpieza del vertido a la multinacional sueca BOLIDEN, que desde 1987 explotaba el yacimiento, pero hasta ahora todas las vías han resultado infructuosas y a estas alturas parece que los suecos van a seguir haciéndose los suecos y no tienen ninguna intención de aflojar la pasta.

La  última de las mineras canadienses a las que haremos mención es Petaquilla Minerals, Ltd., que hace unos pocos meses ha iniciado los trabajos para comenzar la extracción de los minerales que aún alberga la antigua mina de Lomero-Poyatos, en los municipios onubenses de El Cerro de Andévalo y Cortegana.

Como vemos, las multinacionales canadienses han demostrado tener un elevado interés por las riquezas de nuestro subsuelo. Pero no son las únicas que están rebuscando en él para extraer todo lo que se pueda luego vender y revender en el mercado internacional. También las multinacionales australianas han venido hasta España, en sus mismísimas antípodas, en busca del cobre y los demás metales (sobre todo cinc y plomo) que  dejaron en la faja pirítica de Huelva los romanos y siglos después los británicos y los franceses. Para ello, EMED Mining ­-empresa matriz de EMED Tartessus , participada por capitales británicos, canadienses, suizos, australianos y estadounidenses- se ha aliado con Goldman Sachs International (los mismos que nos inundan con el carbón barato que están extrayendo en brutales condiciones laborales de sus minas de Colombia) y con Yanggu Xiangguang Copper. La multinacional china es una de las empresas de fundición, refinamiento y tratamiento de cobre más grandes del mundo, y participa en la financiación de la explotación a cambio de reservarse el 30% del cobre que se obtenga en la comarca de Minas de Riotinto. Por lo visto, España tiene lo que China necesita para continuar desarrollando su industria; y está dispuesta a ofrecérselo a cambio de puestos de trabajo y un poco de movimiento que animen en alguna medida la decreciente economía hispana.

También australiana es la empresa Berkeley Resources Ltd., que con las marcas Berkeley Minera España S.A o Minera del Río Alagón lleva algún tiempo interesándose por el uranio que alberga nuestro subsuelo en las zonas de Cáceres, Guadalajara y, sobre todo, en Salamanca (Saelices el Chico, Alameda de Gardón, Retortillo, Villavieja de Yeltes), rivalizando con los canadienses de Mawson Resources, que también andan interesados en nuestro uranio, sobre todo en Extremadura. No obstante, algunos dudan de que realmente estas empresas lleguen algún día a extraer uranio español, pudiendo tratarse sólo de movimiento especulativos para incrementar el valor de sus acciones en bolsa.

Uranio

Los que llevan varios años investigando las posibilidades de nuestro subsuelo son los irlandeses de Ormonde Mining Plc., que, a través de su filial Saloro, parecen dispuestos a comenzar pronto la extracción del wolframio o tungsteno de la mina salmantina de Barruecopardo. El famoso wolframio con el que el gobierno de Franco pagó la ayuda alemana en la guerra civil sirve ahora para ayudar a levantar la maltrecha economía irlandesa.

Por su parte, el cloruro potásico y cloruro sódico que desde 1912 se extrae de las minas catalanas de la comarca del Bages, ha pasado en 1998 a propiedad de la Israel Chemicals Limited (ICL), que la explota a través de su filial Iberpotash, la empresa minera más grande de Cataluña. Más del 70% del potasio que Iberpotash extrae de sus minas catalanas se exporta a países de Asia, Norte de África, Europa y el Sur de América, principalmente, por ser un fertilizante básico de la agricultura moderna.

Como vemos, el interés de las grandes multinacionales mineras por los recursos de nuestro subsuelo se ha ido acrecentando a medida que los precios iban ascendiendo en los mercados internacionales. Pero el fenómeno no es, ni mucho menos, novedoso. De hecho, la historia de la minería española desde el siglo XIX es la historia de la penetración de los capitales extranjeros, principalmente británicos, franceses y alemanes, que se aprovecharon del atraso del capitalismo en España para utilizarla como una de sus bases de aprovisionamiento de materias primas para su industria y como un mercado para colocar sus productos manufacturados.

Sirva como ejemplo la propia mina sevillana de Aznalcóllar, cuya reapertura promueve ahora la Junta de Andalucía. Entre 1876 y 1942 fue explotada por la Seville Sulphur de Glasgow. Entre ese año y 1952 lo hizo la francesa Société Minière et Métallurgique de Peñarroya. En 1960 pasó a Andaluza de Piritas, S.A., una empresa del grupo español Banco Central, hasta que en 1987 vuelve a manos del capital extranjero, al ser vendida a la multinacional minera sueca BOLIDEN, de triste recuerdo.

En otra entrada de este blog reproducimos la interesante descripción que hacía en 1910 el valenciano Manuel Ciges Aparicio -por boca de uno de los personajes de su libro Los vencidos-, de la situación social y política que se vivía en enclaves cuasicoloniales como los que la empresa británica Riotinto Company Limited  tenía en la provincia de Huelva:

  • “Yo, que he vivido en Riotinto y he trabajado en él, sé lo que dentro de él pasa. Allí no hay más ley ni más autoridad que la de los ingleses, y todos los que representan algo están comprados, y no hay nadie que se atreva a cumplir sus deberes, sino lo que les manda el jefe principal de la mina, amo y señor de más de 30.000 habitantes”.
  • “El que protesta contra la Compañía tiene que salir con su familia, hasta sus más lejanos parientes, de la vasta región donde los ingleses ejercen despótico imperio. Así no hay clase independiente en Riotinto: los pocos individuos que vivían con las pingües rentas de sus casas y que por no ejercer cargo de la Compañía pudieran parecer autónomos, no lo eran en realidad más que los otros, pues si ellos no, algún allegado era trabajador, capataz, contratista o empleado, y la venganza que en ellos se realiza, se alcanzaría también a sus deudos… “
  • “Estos ingleses son así. Nos tratan como a seres inferiores y nuestras vidas poco les importan. Están acostumbrados a matar hombres en las horribles contraminas, y no van a sentir escrúpulos por algunos muertos más o menos”.

El año de los tiros

[El año de los tiros, Minas de Riotinto, 1888]

  • “No hay función política con su alternante juego de partidos que resulte tan ridícula como ésta de aquí. Que suban los liberales o que manden los conservadores, alcalde de Riotinto es el empleado que designa la Compañía para recibir instrucciones del director. Hoy es su contador. Los concejales, empleados son. El juez —un juez donde todos los días hay muertes o graves accidentes del trabajo— obra e instrumento suyo es. El minero que no vote al diputado que la Compañía propone al Gobierno para su encasillamiento, pierde el trabajo y ha de huir. ..
  • “Los alcaldes de Real orden son secretarios del director, y sólo pueden hacer lo que él les ordene. Fácil es suponer lo que les ordenará tratándose de una gran región minera donde cotidianamente se vulneran las leyes y tantas cosas reprobables hay que solapar. El director ordena lo que ha de hacer el Ayuntamiento e inspira hasta los bandos públicos”.

Muelle de riotinto

La debilidad histórica de la burguesía española dio lugar, en el siglo XIX, a una revolución burguesa inconclusa que permitió la subsistencia de la semifeudalidad. Llegada la época histórica del imperialismo, era inevitable que las burguesías de los países avanzados de Europa pugnaran por apropiarse de sus recursos naturales para alimentar una pujante industria que, a su vez, necesitaba mercados para poder expandirse.

Muchos años después, con el crecimiento económico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, pudieron desarrollarse una serie de grandes empresas españolas (REPSOL, Telefónica, grandes bancos, etc.)  que, en el último tercio del siglo, se lanzaron a una expansión imperialista, principalmente por los países semifeudales y semicoloniales de América Latina.

Pero al día de hoy, cuando los sueños imperiales se están desvaneciendo ante la crisis económica, resulta que no contamos en España con un empresariado dotado del capital, la tecnología y la cultura empresarial necesaria para explotar la riqueza que aún conserva el subsuelo de su propio país, con la excepción del carbón que explota directamente el Estado (HUNOSA) o que se  concentra en manos de un empresario de métodos caciquiles como el leonés Victorino Alonso, incapaz de subsistir sin la inyección regular de cuantiosas subvenciones públicas.

De tal forma que la disyuntiva que parece presentarse en España, en un momento de crisis profunda, es dejar los recursos sin explotar o, por el contrario, entregarlos a las multinacionales extranjeras que se encuentran a la caza y captura de minerales que ofertar en los mercados internacionales y que poseen la tecnología y el capital necesario para abordar eficientemente la explotación de estos recursos.

El panorama es, ciertamente, complicado. Muchos de los proyectos que se pretende poner en marcha tienen un coste medioambiental muy elevado, lo que ha generado el rechazo de una parte de los habitantes de las zonas en las que ubicarán las explotaciones. No en todas partes, pero sí en muchas. No en sitios como Minas de Riotinto o Nerva, poblaciones que prácticamente no se conciben al margen de la actividad minera y donde parece que existe unanimidad en el apoyo a la reapertura de la explotación, existiendo plataformas de desempleados y vecinos de la zona que presionan a la Junta de Andalucía para que elimine los obstáculos que han impedido el inicio de los trabajos. Pero sí en Galicia y Asturias, por ejemplo, donde aumenta día a día la tensión. Por un lado están los que se oponen a unos proyectos que conllevan, frecuentemente, un gran problema medioambiental y que, al fin y al cabo, tampoco sirven para sustentar un auténtico desarrollo económico para las comarcas en las que se van a poner en marcha. Por otro lado están los que tienen la esperanza legítima de conseguir el ansiado puesto de trabajo que ­­-tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria- ningún otro sector puede ofrecerles ni a corto ni a medio plazo. En el concejo asturiano de Tapia de Casariego, por ejemplo, las dos posturas se articulan en torno a las plataformas “Oro No” y “Trabajo ya, mina sí”, aumentando de este modo la tensión que ya se vivía en los pueblos y ciudades de España en una situación social a todas luces insostenible.

MIna noMina si

Lo cierto es que resulta complicado posicionarse. Por una parte, sobran razones para oponerse a unos proyectos que no pretenden sino saquear en beneficio del capital extranjero los limitados recursos naturales de nuestro país.  El impacto en el medio suele ser grande y, además, pueden dar lugar en cualquier momento a otro desastre como el de Aznalcóllar, cuyo coste al final recayó sobre las arcas públicas mientras la multinacional causante del problema desaparecía sin asumir su responsabilidad. Si la economía española actual no es capaz de aprovechar sus recursos minerales de forma que contribuyan a un desarrollo económico verdadero, sustentando una industrialización orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad española, casi parece mejor que se queden bajo tierra (como puede pasar con nuestras reservas de carbón, si no lo impide el estallido de fuertes movilizaciones sociales que desborden las tradicionales formas de lucha de la minería española). Ya vendrán tiempos mejores. Pero esta postura es insostenible con el enorme desempleo que se registra actualmente en buena parte del país.

En la cuenca minera onubense, por ejemplo, se habla de municipios con más del 50% de la población realmente en paro. Se trata, sin duda, de un auténtico drama para miles y miles de familias de la clase trabajadora. Por tanto, es necesario que la oposición a los proyectos de las multinacionales se acompañe de la lucha por una alternativa económica para los pueblos y comarcas de las diveras cuencas mineras. Esta alternativa no puede estar únicamente sustentada en el mantenimiento de un sector primario de carácter tradicional, puesto que este sector se ha mostrado incapaz de absorber los grandes excedentes de mano de obra que se registran en la actualidad. Hay que incluir también la reivindicación de una verdardera y sostenible industrialización que genere empleo y desarrollo económico y social. En muchas zonas del sur de España, dicha industrialización debe ir unida a una verdadera reforma agraria que acabe de una vez por todas con la lacra del latifundismo, que, junto a la falta de industrias, es la causa principal del paro en esas regiones.

Es lógico y normal que mucha gente se oponga a que las multinaciones extranjeras esquilmen nuestros recursos minerales para especular con ellos en los mercados internacionales alimentando así una burbuja que acabará hundiendo más a la economía mundial y a la española. Pero esta oposición debe ir unida a la exigencia de que se pongan en marcha proyectos económicos, principalmente industriales, que generen empleo de calidad y sean capaces de aprovechar nuestros recursos minerales y materias primas en el marco de un nuevo modelo económico plenamente orientado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y en esa lucha podemos y debemos unirnos todos.

Manifestacion-linares

 La minería metálica y la minería del carbón presentan -en este punto- una diferencia significativa, puesto que la segunda, siendo ­también contaminante y contando, por tanto, con defensores y detractores, no forma parte de un modelo económico semicolonial de saqueo de los recursos naturales del país. Por el contrario, el carbón español está directamente integrado en la economía española, a la que sirve a través del abastecimiento energético de la industria eléctrica. El carbón español se extrae en España y se quema en España para producir electricidad para la sociedad española. Ciertamente, estas centrales pueden abastecerse de carbón más barato en el mercado mundial por diversas circunstancias, entre las que no pueden olvidarse –aunque no sean las únicas razones- las diferentes condiciones existentes entre unos y otros países en cuanto a salario, seguridad y derechos (recordar Marikana, Sudáfrica, 2012: 44 mineros asesinados). Cuando a finales del próximo año se acaben las primas y subvenciones al carbón español, las centrales eléctricas pasarán a abastecerse casi totalmente de carbón importado como el que está trayendo Goldman Sachs de Colombia: un carbón manchado de sangre. Seguirá el problema de la contaminación de las térmicas pero desaparecerá esa integración que venía existiendo entre minería del carbón e industria eléctrica, una integración que no interesa ni a los gobernantes españoles ni a las autoridades de la Unión Europea ni a las propias centrales, sobre todo desde el año 2009 en que la eléctrica italiana Enel se hizo con la mayoría del capital de ENDESA.

mineros-mequineza

[El carbón que extrae en Mequinenza (Zaragoza) Carbonífera del Ebro se quemaba en la central térmica de Escucha (Teruel) , pero los italianos de Enel cerraron la central en 2012 y además se niegan a quemar este carbón en su central de Andorra]

La terquedad local y provincial del caciquismo (Castilla y León)


Por debajo de las formas democrático-burguesas que se instauran tras el fin de la dictadura fascista, continúa latiendo en España el viejo caciquismo semifeudal, adaptado a los nuevos escenarios que se han ido definiendo en cada momento. Un caciquismo que podemos rastrear, no sólo en la corrupción desenfrenada sino también en la tremenda “terquedad local y provincial” que, en la esfera política, subsistía en las décadas finales del siglo XX y continúa subsistiendo en la primera década del siglo XXI. Una “terquedad” política que se explica históricamente por el fracaso del proceso de centralización económica que, como enseñan Marx y Engels, correspondía a la burguesía impulsar en los siglos anteriores.

Alfredo Hernández Sánchez, Catedrático de Sociología de la Universidad de Valladolid, explica en un interesante trabajo cómo en el territorio de la actual Castilla y León no se generó durante el siglo XIX una verdadera burguesía. Todo lo contrario, la clase dirigente se caracterizaba porque “eran dueños de la tierra, propietarios agrícolas, y no estaba bien visto, socialmente, el ejercicio de la actividad empresarial”. De esta forma en la región “no surgieron personas nuevas que hicieran innovaciones en la estructura social castellano-leonesa, ya fuera en el campo industrial, en el intelectual, en lo económico, en lo artístico, etc.” (…) “Es decir, no existía una mentalidad de tipo capitalista. Se seguía con los valores sociales del rentismo” (…) “El comportamiento de los castellano-leoneses estaba regido por el peso de la tradición” (Alfredo Hernández, 2004).

Frustrado el proceso de centralización económica que sólo la burguesía podía encabezar, las clases dominantes, y particularmente los grandes propietarios de la tierra (rústica y urbana), se atrincheran en una multitud de pequeños territorios, a modo de “feudos”, desde los que defenderán políticamente sus atrasados intereses, bien agrupándose en todo tipo de partidos o coaliciones de ámbito local, provincial o regional, bien conformando facciones o banderías caciquiles en los partidos de ámbito nacional, que los necesitan como lo que son: conseguidores de votos en todo tipo de comicios. En el caso de Castilla y León, el peso de los intereses rurales en la política local es especialmente relevante. El 57,7% del total de alcaldes y concejales entre 1979 y 1987 procedían del sector agrícola, siendo el porcentaje más alto de España, seguido por el de Aragón, 57,6%, La Rioja, 50,5% y Navarra, 40,1% (Joan Botella, 1992: 155).

La fragmentación inherente a la política caciquil siempre ha sido una manifestación de la persistencia semifeudal. Dicha persistencia impide o dificulta el desarrollo de intereses comunes basados en una división nacional —o, cuando menos, regional— del trabajo y en una multiplicación del tráfico interior entre los territorios de las provincias.  Para Hernández Sánchez, “en Castilla no han existido las sinergias colectivas que generen una conciencia como pueblo, como comunidad. Por lo tanto, no somos una nacionalidad. Por lo menos, desde el punto de vista sociológico. Más bien, seríamos un ‘sumatorio’ de nueve provincias”.

Al no haberse desarrollado históricamente en el territorio de Castilla La Vieja y de León una auténtica “comunidad de vida económica”, un sólido vínculo económico interno —por la inexistencia de una pujante burguesía— no se ha generado tampoco una verdadera psicología o cultura común y no existe, por tanto, una conciencia regional castellano-leonesa en que sustentar el artificio que es la Comunidad Autónoma. Frente a dicho artificio, sectores descontentos de las oligarquías caciquiles han venido buscando una “auténtica” identidad con la que justificar históricamente un cambio en el modelo autonómico para que éste se ajuste mejor a sus intereses económicos y políticos. Y algunos de ellos han pretendido encontrar la quintaesencia castellana y leonesa en los viejos reinos medievales de Castilla y de León; unos reinos que, realmente, nunca fueron otra cosa que agrupaciones de feudos casi autónomos en manos de grandes propietarios de la nobleza.

Creemos que para comprender históricamente la pervivencia del caciquismo en la España reciente es conveniente estudiar su etapa más clásica, cuando el fenómeno se presentaba en su estado más puro y de forma más nítida, sin grandes subterfugios. Comprendiendo la naturaleza de la política durante la primera restauración borbónica resulta más fácil comprender luego la subsistencia de esa política durante la segunda.

Fruto de ese razonamiento es la tesis doctoral que hemos defendido en abril de 2008 en la Universidad de La Laguna. En algunos trabajos posteriores he defendido que algunos de los más característicos rasgos estructurales de la vieja política caciquil de la primera restauración borbónica, que pude identificar en mi tesis doctoral, siguen plenamente vigentes en la segunda. No ha caducado en España, por lo tanto, la consigna que se gritara en Gijón en 1900: ¡Abajo el caciquismo, viva el pueblo!. Ese grito significadecir les a todos los que gobiernan y a los que aspiran a gobernar, que la libertad es una palabra vana, llena de viento, mientras subsista el caciquismo; es sintetizar en una fórmula sencilla las aspiraciones nacionales; es oponer política a política y sistema a sistema; es establecer como principio y axioma que para que viva el pueblo, es preciso que desaparezca la oligarquía imperante’” (Joaquín Costa).

[Extraído de mi artículo “El caciquismo en la España reciente: el caso de Castilla y León, Aposta, nº 43, 2009]

Compara y busca las diferencias. La “democracia” de la primera Restauración Borbónica en España (1890-1923)


corruota-democracia

En  estos momentos en los que nos encontramos en España, cuando existe un cuestionamiento total y generalizado en casi todas las esferas de la sociedad respecto de nuestro sistema de representación política, puede resultar útil volver la vista hacia el sistema que existió en nuestro país en la etapa conocida como Restauración Borbónica y especialmente en sus etapas de madurez y luego de crisis profunda (1890-1923).

Igual que en la actualidad, el sistema político era la Monarquía parlamentaria e, igual que en la actualidad, en el poder se turnaban pacíficamente dos partidos igualmente representantes de la oligarquía que controla la economía del país. Cuando se desgastaba uno de los partidos era reemplazado por el otro, y así sucesivamente hasta que en 1917 el sistema que ideara el conservador Cánovas del Castillo entra en crisis profunda. Esta crisis se intenta resolver con el golpe de estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) pero al final desemboca en la proclamación de la segunda República (1931-1936) y en la guerra civil de 1936-1948.

Vamos a repasar a continuación algunas de las características de este sistema político, particularmente lo relativo al sistema electoral, lo que nos permitirá encontrar diferencias pero también importantes similitudes con la realidad política actual.

En 1890 se aprueba en España el sufragio universal masculino, durante el gobierno liberal de Sagasta. Atrás quedaban los años en que era necesario poseer un determinado nivel de renta para tener derecho al ejercicio de los derechos políticos. En los estados europeos más desarrollados, la progresiva ampliación del sufragio –en Gran Bretaña no fue instaurado el sufragio universal hasta la tardía fecha de 1918– suponía un signo de madurez política del régimen parlamentario burgués. Una parte cada vez mayor de la población comenzaba a jugar un papel político en el sistema liberal y los partidos políticos de la burguesía, para ganar las elecciones, debían atraerse el voto de los sectores populares que progresivamente iban adquiriendo el derecho de participación política.

Aunque, tanto en Gran Bretaña como en Francia, perduraron situaciones de patronazgo y clientelismo político –como se ha aludido reiteradamente–, la participación en el régimen liberal llegó a estar muy extendida socialmente. A cambio de la fidelidad de los obreros al sistema –sobre todo en el caso de Gran Bretaña– los partidos burgueses se veían obligados a hacerles toda una serie de concesiones en el ámbito político, laboral y en el de las condiciones materiales de existencia.

La burguesía seguía ejerciendo, sin duda, su dominación política sobre las clases trabajadoras, pero la fuerza de los obreros, en el último tercio del siglo XIX, aumentaba cada vez más en las elecciones, lo mismo en Gran Bretaña que en Francia, Alemania y otros países.

socialistas franceses

En Alemania fue donde se produjeron los mayores avances políticos del proletariado europeo después de La Comuna de París. Efectivamente, los obreros alemanes fueron los que mejor supieron utilizar políticamente el sufragio universal –introducido por Bismarck en 1866– para el fortalecimiento del partido socialista:

programa de erfurt

 

Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación dla burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones. Y se tomó parte en las elecciones a las dietas provinciales, a los organismos municipales, a los tribunales de artesanos, se le disputó a la burguesía cada puesto, en cuya provisión mezclaba su voz una parte suficiente del proletariado. Y así se dio el caso de que la burguesía y el Gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal que la actuación ilegal del partido obrero, más los éxitos electorales que los éxitos insurreccionales” (Engels, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850).

Y lo mismo sucedió en Francia, en Bélgica y en otros países:

El trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí [en Francia] como la tarea inmediata del partido. Los éxitos no se han hecho esperar. No sólo se han conquistado toda una serie de consejos municipales, sino que en las Cámaras hay 50 diputados socialistas, que han derribado ya tres ministerios y un presidente de la República”(Ibíd).

El contraste con la situación política de España era grande. En este país, el primer diputado socialista –Pablo Iglesias- fue elegido en la tardía fecha de 1910. Durante varios años continuó siendo el único diputado socialista del Congreso y la cifra no experimentó ningún gran ascenso con el tiempo, porque en 1923 el número de diputados socialistas no pasaba de siete. En Francia, por el contrario, los socialistas tenían 103 diputados en 1914.

minoria socialista

La minoría socialista en el Congreso en 1918; Saborit, Anguiano, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Julian Besteiro y Pablo Iglesias / FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

 

Los sistemas cambiaban de un país a otro. En Francia, el poder ejecutivo recaía en el Presidente de la República, que era elegido por un período de siete años por mayoría absoluta de votos en ambas cámaras reunidas en Asamblea Nacional. En Gran Bretaña, por el contrario, la corona había conservado el derecho a escoger al Gobierno, si bien, esta prerrogativa, en la práctica, se hallaba muy limitada por la necesidad de designar ministros que tuvieran la confianza de la Cámara de los comunes.

En otros países de la Europa occidental (Bélgica, Holanda) correspondía también al Rey la designación del Presidente, pero eran, en última instancia, las elecciones, las que decidían el rumbo del país.

Aunque los obreros fueron consiguiendo ciertas concesiones y mejoras a medida que crecían sus éxitos electorales –lo que sirvió para atrapar al movimiento obrero o, al menos, a una parte importante de sus dirigentes, en las redes del orden establecido–, el régimen parlamentario era el sistema político de la burguesía y era ella, pues, la principal beneficiaria. No obstante, la creciente importancia política adquirida por la clase obrera mediante la utilización del sufragio es, de por sí, prueba más que suficiente para inferir que el parlamentarismo, en los principales países de la Europa occidental, no era una simple farsa.

En España la situación era muy distinta. No defendemos aquí, evidentemente, la tesis de la excepcionalidad política española. Sistemas caciquiles como el de la Restauración encontraremos en la misma época, sin duda, en muchos países y, especialmente, en aquéllos en los que no culminó, durante el siglo XIX, la revolución burguesa, manteniéndose, por tanto, relaciones de producción semifeudales. Los encontraremos, por tanto, en las repúblicas latinoamericanas, en los países del este de Europae, incluso, en zonas especialmente atrasadas de países capitalistas como Italia. Luebbert afirma, no obstante, que “el atraso fue mucho más determinante en España que en Italia. Esto fue así, en parte, porque España era una sociedad menos moderna, con un sector industrial más pequeño y una mayor población de analfabetos; pero, además, la menor modernidad de España también resultó más determinante por el modo en que el equilibrio de fuerzas políticas acentuó la autoridad de los sectores menos modernos de la sociedad”. En el sur de Italia también pervivieron elementos similares a los del caciquismo hispano. Sin embargo –y a diferencia de lo que sucedió en España-, “el poder del Estado italiano estuvo en gran medida engranado con los intereses del norte, el sector más moderno de la sociedad”.

caudilhismo BRASIL ESCOLA

 

En el caso de Latinoamérica, no es difícil encontrar abundantes similitudes con el sistema caciquil español, por ejemplo, en el Brasil de los coroneles o en la política mexicana del Porfiriato e, incluso, de la etapa posterior a la revolución de 1910-1911.

En la Europa del Este, encontramos, también, regímenes parecidos al español en casos como el de la república polaca que se desarrolló entre 1919 y 1926. La Constitución liberal, de inspiración francesa, no impidió que el país cayera en la corrupción política generalizada, lo que sirvió al mariscal Pilsudski para justificar un golpe de Estado, en 1926, que contó con el apoyo de los socialistas polacos y que presenta evidentes similitudes con el que encabezara tres años antes Primo de Rivera en España (ROOS, H., Historia de la nación polaca, 1969).

Las diferencias que existían entre los regímenes políticos reales de todos estos países y la democracia-burguesa que se desarrollaba en los principales países capitalistas de Europa eran sustanciales. Coincidimos, pues, con Costa, cuando afirmaba que “no es la forma de gobierno en España la misma que impera en Europa, aunque un día lo haya pretendido la Gaceta”.

Ha afirmado el historiador del régimen Varela Ortega que el análisis de Costa sobre la Restauración –y lo mismo podría decir del que realizó Galdós en los mismos términos que el aragonés– “resultaría abusivo para la descripción general del funcionamiento del sistema, al punto de distorsionar la comprensión del proceso de democratización de la España contemporánea”. Sin embargo, la investigación que hemos realizado confirma muchas de las apreciaciones realizadas por ellos un siglo atrás y no refleja la existencia de proceso alguno de democratización política.

Para comenzar, trataremos de la falsedad de las elecciones, un tema del que, por otra parte, ya se ha hablado en España hasta la saciedad y en el que, por tanto, no es necesario extenderse demasiado. Conviene, sin embargo, aclarar que, en nuestra opinión, el análisis no debe centrarse tanto en el hecho de que hubiese corrupción –corrupción que, por otra parte, existía también en la Europa más liberal– sino en el hecho de que, en el caso español, el sufragio –aun siendo “universal”– no era más que “una comedia ridícula que sirve de retranca a la voluntad popular y obstrucciona la marcha del progreso (El Obrero, 1905). Coincide, pues, el órgano obrero con la opinión que expresa Costa cuando afirma que “eso de las elecciones y del parlamento son dos bromas infames contra el país, en que tengo el propósito de no colaborar, y que siento mucho no poder reprimir”.

Caciquismoelectoral-2

Existía en España, desde 1890, una de las leyes electorales más liberales de Europa, quizás porque, como dijo Ramos Oliveira, a ratos conviene dar al país la sensación de que hace grandes progresos; pero lo que de hecho imperaba era la absoluta inexistencia de elecciones, tal cual se entendían en los regímenes democrático-burgueses. Era del todo punto impensable que pudiera articularse movimiento político alguno de las clases populares para, a través de las elecciones, obtener influencia política a partir de la cual arrancar concesiones a las clases dominantes. Lo que sucedía por los mismos años en Francia, Alemania o Gran Bretaña –incluso sin existir sufragio universal– no era en España más que una quimera, una ilusión, un engaño.

Los resultados de las elecciones eran, en la mayoría de las ocasiones, conocidos exactamente con anterioridad a la celebración de los comicios. Dependían, en última instancia, de los pactos establecidos entre las banderías caciquiles de los pueblos. Una vez alcanzados estos pactos, los resultados no sorprendían a casi nadie.

La inexistencia de un auténtico sistema político participativo era continuamente planteada en la prensa de la época. Más que elecciones, lo que había en España era una especie de “chanchullo electoral”.

Y si en Alemania –mucho antes, incluso, de la proclamación en 1919 de la República de Weimar– el proletariado participaba masivamente en los procesos electorales, disputándole a la burguesía cada puesto en liza, aquí las elecciones pasaban sin pena ni gloria, ante el desinterés y el descreimiento generalizado. Como afirma Isabel Peñarrubia, “el caciquismo producía desmovilización política y escepticismo”.

Pero la inexistencia de auténticos procesos electorales al modo democrático-burgués, basados en la opinión del electorado expresada mediante el voto, no sólo era una característica de las localidades rurales más atrasadas. En las propias capitales provinciales, aunque el fraude tenía, sin duda, más limitaciones, tampoco tenían lugar verdaderas elecciones, con todo lo que éstas conllevaban. Pocos días antes de las elecciones, no era extraño que no se conocieran aún siquiera el nombre de los candidatos.

De hecho, el problema de la inexistencia de un verdadero sistema electoral de carácter democrático-burgués se agravaría aún más tras la proclamación, durante el Gobierno de Maura, de la ley electoral de agosto de 1907, que –a propuesta del republicano Azcárate–, introduce el célebre artículo 29. Según este artículo, cuando no existiese mayor número de candidatos que el de puestos a cubrirse, estos quedaban automáticamente proclamados, sin necesidad de que se celebrasen las elecciones. A partir de este momento, en muchas localidades se redujo significativamente el número de comicios que tuvieron lugar, lo que, por otra parte, no debió ser advertido por unos “electores” que se hallaban mayoritariamente al margen de los procesos electorales. Estos procesos no pueden, pues, ser vistos más que como una farsa, como una “comedia”.

El recurso a la proclamación de candidatos por la vía dispuesta en el artículo 29 de la Ley electoral de 1907 puede interpretarse valorando la trascendencia de los pactos que se articulaban entre las principales banderías caciquiles de cada lugar, lo que, evidentemente, era crucial. Sin embargo, no siempre la proclamación por el artículo 29 significaba ausencia de oposición. En algunas ocasiones lo que significaba era que se habían utilizado las típicas artimañas caciquiles para impedir al bando opositor presentar su candidatura en tiempo y forma.caciquismoelectoral

En cualquier caso, las elecciones –base principal de todo sistema político representativo– no eran sino una farsa, una “broma infame”. Citaba Costa en 1901 el discurso de un diputado en el Congreso: “Parece que el cuerpo electoral vota, decía Martos en 1885: parece que se hacen Diputaciones y Ayuntamientos, y que se eligen Cortes, y que se realizan en fin, todas las funciones de la vida constitucional; pero éstas no son sino meras apariencias: no es la opinión la que decide; no es el país el que vota, sois vosotros [los Ministros], que estáis detrás manejando los resortes de la máquina administrativa y electoral”.

Efectivamente, en muchos lugares de España no era el país el que votaba; “votaban” los caciques, que eran las piezas principales de esa “máquina administrativa y electoral” de la que habla Martos. Y los miles de votos que aparecían en las actas eran, en realidad, los votos del caciquismo.

En las elecciones, unas veces se imponía el pacto y en otras había “lucha”, pero cuando había lucha los que se enfrentaban eran, no los votantes, sino las banderías caciquiles opuestas, que, a veces, eran capaces de generar un clima de gran tensión y violencia. Cuando no había lucha era, o bien porque se había conseguido el acuerdo entre las banderías caciquiles o, simplemente, porque el dominio socioeconómico de alguna familia terrateniente era tan grande que no podía existir más que un solo bando político.

Aunque es una cuestión en la que habría que profundizar más, creo que se puede establecer una relación directa entre la estructura de la propiedad de la tierra y la lucha política en los diferentes municipios. En aquellos lugares en los que la concentración de la propiedad de la tierra era importante y la hegemonía de un linaje terrateniente era muy grande existían menos posibilidades para que tuvieran lugar encarnizados enfrentamientos políticos. En las localidades con menor concentración agraria, existía, por el contrario, más espacio para que se articularan banderías caciquiles enfrentadas, enfrentamientos que, en ocasiones, podían llegar a desarrollarse con un elevado nivel de violencia.

En otros lugares –en los que la política era más tranquila– ganaba sistemáticamente las elecciones el partido que estaba en ese momento en el Gobierno, y esto no se debía a las presiones insoportables ejercidas por el Gobernador civil de turno, sino a que algunos alcaldes sostenían “el principio de ser conveniente para aquel pueblo y su Ayuntamiento, dar siempre mayoría de votos al Gobierno que mande; si son liberales como al presente a éstos; cuando vengan los conservadores les dará mayoría y lo mismo si acaso subiesen al poder los carlistas o republicanos”.

En aquellos pueblos en que los alcaldes no eran tan “dóciles” ante los planes gubernamentcaciques de Españaales era necesario, muchas veces, que el Gobernador civil recurriese, antes de que se celebrasen las elecciones a Cortes, a la destitución de las Corporaciones díscolas, sustituyéndolas por otras adictas en calidad de interinas. De esta forma se preparaba el terreno, en nuestro sistema parlamentario a la inversa, para la obtención de la mayoría parlamentaria ansiada por el nuevo gobierno de turno. “Tan difícil era alzar una monarquía constitucional y un Estado fundado en la soberanía nacional sobre la injusta y quebrada estructura de la sociedad española, que los gobernantes no podían pararse en ninguna suerte de consideraciones éticas” (Ramos Oliveira).

Es cierto que el desinterés por el “chanchullo electoral” era grande y que no se generaban colas de votantes a las puertas de los colegios. Pero también es cierto que, en algunas ocasiones, había quien, en algún pueblo, pretendía ejercer su derecho al voto, lo que podía resultar muy dificultoso si no se formaba parte de la bandería caciquil hegemónica en ese momento.

Sin embargo, cuando llegaba la hora del escrutinio –y aunque no hubiese entrado casi nadie en los colegios, bien por el desinterés generalizado o porque estos estuviesen en ignorado paradero– siempre aparecía una nutrida “participación”; participación que en ocasiones rebasaba con mucho el número de electores correspondientes a cada distrito. Desviaciones y corruptelas había también, sin duda, en los países más liberales de Europa –como argumenta la historiografía actualmente dominante en nuestro país–, pero aquí, “eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla” (COSTA).

No parece necesario que insistamos más sobre lo que, en esencia, está ya perfectamente claro. Las elecciones en nuestro país no eran sino una especie de “barniz de civilización” (COSTA) con que los caciques semifeudales intentaban presentar una imagen más acorde a los tiempos, adaptando las formas políticas liberales vigentes en la Europa capitalista a las arcaicas estructuras económicas y sociales de España. El resultado de tal adaptación no fue otro que el régimen caciquil, caracterizado –en lo que al sufragio se refiere– por el falseamiento electoral más absoluto. Pocas aportaciones relevantes se pueden hacer respecto de un tema que ha sido ya suficientemente tratado por la historiografía de nuestro país.

Sin embargo, la afirmación que hace un sector importante de la actual historiografía española de que el sistema político español era “perfectamente equiparable a sus homólogos europeos” (Mercedes Cabrera) nos ha obligado a detenernos, siquiera brevemente, para recordar de qué “régimen parlamentario” estamos hablando en realidad.

¿Te animas a comentar qué diferencias y similitudes encuentras con la realidad actual de España?

Benito Pérez Galdós denuncia el caciquismo en España


Muy interesante esta dura crítica que publicó Galdós contra el sistema político de la España de la Restauración. Sorprende su vigencia, más de un siglo después de que fuera escrita. En todo ese tiempo España ha cambiado mucho, ciertamente, pero, según vemos, muchas cosas siguen siendo esencialmente iguales:

Galdós

[…] “Al propio tiempo, nuestro enfermo [se refiere a España] reconoce con tristeza la esterilidad de sus esfuerzos durante todo el pasado siglo para darse un régimen político liberal a la europea. Lo más triste es que ha tardado algunos años en descubrir que el mecanismo que nos rige es un aparato de formas admirables, pero que no funciona; todas sus ruedas y palancas, todos sus engranajes y transmisiones son figurados, como las lindas máquinas pintadas que sirven para el estudio. Forman nuestro régimen político las más seductoras abstracciones. Examinados desde fuera, nuestros Códigos y todo el papelorio de leyes y reglamentos para su aplicación parecerán, sin duda, un perfecto organismo que regula la existencia del pueblo más feliz del mundo. Mirado por dentro, se ve que todo es cartón embadurnado al temple, en algunos trozos con singular maestría; pero ya va envejeciendo notoriamente la pintura, y se clarea de tal modo el artificio, que no hay ojos bastante inexpertos para ilusionarse con él.

Ya nadie ve una base fundamental de la vida política en el principio de la representación del pueblo, porque el sufragio es un donoso engaño al alcance de los observadores menos perspicaces. Las elecciones se hacen sin interés, con escasa y fría lucha; la emisión del voto no apasiona ni enorgullece a los ciudadanos; éstos han podido observar el esmero de los Gobiernos para componer las Cámaras, dando el conveniente número de puestos a las oposiciones y contrapesándolas con abrumadoras mayorías. Resulta que la representación del país está, con unos y otros partidos, en manos de un grupo de profesionales políticos, que ejercen, alternadamente, con secreto pacto y concordia, una solapada tiranía sobre las provincias y regiones. La Justicia y la Administración, sometidas al manejo político y sin medios de proceder con independencia, completan esta oligarquía lamentable, igualmente dura antes y después de las revoluciones que tronaron contra el antiguo régimen. Nuestros políticos agitaron la existencia nacional en el pasado siglo sin fundar nada sólido, y todo lo hecho en nombre de la democracia contra el Gobierno personal, resultó de la misma hechura interna que lo que se quería destruir. Se variaban las apariencias y el nombre de las cosas; pero el alma permanecía la misma

Llegado el momento de abrir bien los ojos y de ver en toda su desnudez y fealdad el error cometido, ¿puede un país ser indefinidamente testigo y víctima callada del mal que padece sin ponerle remedio? Imposible. Los hombres de más saber político reconocen que así no se puede seguir, y forcejean dentro de la red que ellos mismos han tejido, y que les entorpece para toda obra grande de reforma. Pero ninguno se decide a romperla con arte, destruyendo siquiera alguna malla por donde sacar un dedo, después una mano, y llegar por sucesivas rupturas de hilos a la libertad de esta desgraciada nación, esclava de lo que aquí llamamos caciquismo, tristísima repetición de los tiempos feudales y de las demasías de unos cuantos señores, árbitros de los derechos y de los intereses de los ciudadanos

(Benito Pérez Galdós, “La España de Hoy”, 1901).

La enfiteusis en la España semifeudal


Los censos enfitéuticos, foros, rabassas, etc., son, evidentemente, una institución de naturaleza claramente feudal que sesegadoras utilizaron de modo generalizado durante el Antiguo Régimen en todas las provincias españolas. En la primera mitad del siglo XIX, la revolución burguesa se encuentra con el problema enfitéutico y le da una solución limitada y parcial: no fueron abolidos y únicamente fueron declarados redimibles los que habían pasado a manos del Estado a raíz de la desamortización. La posibilidad de redimir los censos enfitéuticos que habían pertenecido a los conventos e instituciones suprimidas abrió la puerta, efectivamente, a un proceso amplio de redenciones, sobre todo tras la desamortización de Madoz. Sin embargo, fueron muchos los censatarios de escasos recursos que no acudieron a redimir los tributos que gravaban sus fincas. Algunos continuaron pagándolos mientras que otros optaron por eludir los pagos, hasta que en las últimas décadas del siglo, una vez derrotada la última de las revoluciones burguesas y restaurada la monarquía, el Estado inicia una nueva ofensiva censualista reclamando de nuevo el pago de las rentas.

Una de las mejores especialistas españolas en el tema, Rosa Congost, no tenía reparos en admitir en 1999, lo poco que sabemos sobre el fin de las relaciones enfitéuticas, y señalaba que ha sido precisamente la identificación entre los adjetivos feudal y enfitéutico lo que ha condicionado la escasa atención historiográfica prestada al tema del fin de los censos. Entre los historiadores de la Edad Contemporánea está extendida la idea de que la legislación liberal va a suponer el fin de los derechos de propiedad de origen feudal, «segurament perquè pensar que van continuar existint equival, en l’argot dels historiadors, a reconéixer restes de feudalisme difícilment compatibles amb el procés d’industrialització de la Catalunya del segle XIX». Para la autora catalana, pocas veces encontraremos un ejemplo tan claro en el que un tópico historiográfico –la revolució liberal va abolir les prestacions de carácter feudal– haya sustituido a un tema de investigación histórica, ofreciendo una imagen simplificada de la historia y tiñendo de institucionalismo la interpretación de la historia social. Lo cierto es que la subsistencia de foros, censos enfitéuticos, rabassas y tributos feudales de diversa índole era de tal magnitud que en 1873 el legislador republicano declaraba:

«Una ley de la Convención declaró libre como las personas el territorio nacional; Inglaterra ha borrado ya de su Constitución agrícola los últimos vestigios del feudalismo; Alemania hace ya tiempo que emancipó a sus colonos, y Rusia emancipa a sus siervos. Los inmortales fundadores de nuestra libertad política iniciaron gloriosamente en nuestra España este movimiento regenerador cuando borraron para siempre los dictados de señor y vasallo, y decretaron la desamortización civil y eclesiástica, y abolieron la vinculación y el diezmo; pero mucho falta que hacer todavía; es necesario romper esta servidumbre en que vive una gran parte del territorio en nuestro país».

 

O sea, que en España faltaba todavía mucho por hacer, en 1873, para acabar con el feudalismo. Y el moderado intento de la primera República para liquidarlo –«se declaran redimibles todas las pensiones y rentas que afectan a la propiedad inmueble, conocidas con los nombres de foros, subforos, censos frumentarios o rentas en saco, derechuras, rabassa morta, y cualesquiera otras de la misma naturaleza»–  se verá prematuramente abortado. En febrero de 1874 un decreto del Gobierno golpista deja en suspenso la ley de 20 de agosto de 1873 y todos los expedientes y juicios a que hubiera dado lugar su ejecución por considerarse injusta para la parte censualista, para los propietarios del dominio directo. Años después, en 1889, la aprobación del nuevo Código Civil de la Restauración consagra y legitima la enfiteusis, considerándola una de las formas de contratación posibles en el ámbito rural. Pero el censo enfitéutico seguía siendo, por supuesto, una pervivencia feudal. Es cierto que en 1889 se declara su redimibilidad general, pero se hizo desde una óptica tan favorable al censualista y con tales particularidades que el Tribunal Supremo llegará a afirmar que, de hecho, el censo enfitéutico seguía siendo irredimible. Además, el nuevo Código Civil mejora la posición de los censualistas a la hora de desahuciar a los censatarios, lo que dar lugar a una renovada ofensiva contra estos en la que, respaldados como estaban por los tribunales, los propietarios del dominio directo exigirían el pago de unas rentas feudales que, en muchos casos, hacía décadas que los censatarios habían dejado de pagar.

rabassaires

Lo que está claro es que los censos enfitéuticos pervivieron hasta bien avanzado el siglo XX. Es erróneo, por tanto, afirmar sin más que fueron redimidos o se extinguieron por caducidad a lo largo del siglo XIX. Es cierto que hubo, efectivamente, redenciones y seguramente también hubo muchos que no se cobraban por una u otra causa y que al final se extinguieron. Sin embargo, también es cierto que al llegar el siglo XX el problema de la pervivencia de los censos era un problema real, un problema derivado de las limitaciones que caracterizaron en España al proceso de liquidación, parcial, del viejo sistema de propiedad feudal. ¿Hasta cuándo subsistieron? En el caso de Cataluña, es muy conocida la significación que tuvo la Unió de Rabassaires durante la República y la guerra civil. El triunfo en esta guerra del bando favorable a los terratenientes daría lugar a que esta pervivencia feudal se prolongara durante los años de la dictadura y llegara hasta la democracia. En el caso de los foros, hasta hace poco se pensaba que habían sido liquidados por el decreto de redención general de foros dictado en 1926 por el gobierno del general Primo de Rivera. Sin embargo, durante la República seguían siendo un problema. Además, un caso que recientemente ha saltado a los medios de comunicación de todo el país obliga a replantearnos de nuevo el problema.

[Extraído del artículo “La revolución democrática y la línea política del PCE en los años treinta: cuatro décadas después… qué siga el debate”, disponible en este blog]

Suicidio


No aguantó más y se arrojó al vacío desde un cuarto piso. Murió en Córdoba. Francisco José Lema Bretón, de 36 años, casado y con una hija de ocho años. Acababa de recibir una carta donde le comunicaban que todavía debía 22.000 euros. Fran había entregado su casa de Villafranca, una casa que había construido él mismo, con la ayuda de su padre, porque ambos eran obreros de la construcción. Para hacerla se tuvo que hipotecar; y la hipoteca acabó con su vida. Fran estaba en paro, como el 33,39% de la población activa de la provincia de Córdoba; como el 36,87% de la andaluza; como el 27,16% de la española. Era, por tanto, uno más de los 6.202.700 parados que había en España en el primer trimestre de 2013 (según la EPA). Bueno, uno menos.

Su caso es dramático, pero no excepcional. En el Congreso Nacional de Psiquiatría, que tuvo lugar en Bilbao en septiembre de 2012, se puso de manifiesto que la crisis económica estaba ocasionando serios problemas en la salud mental de muchos ciudadanos, siendo la principal causa de los suicidios que se producen en España. Y el suicidio es ya —superando a los accidentes de tráfico— la principal causa de muerte violenta en el país. Es difícil obtener cifras exactas, pero existen estimaciones que apuntan a que los problemas económicos están detrás del 32% de los casos. Fran Lema Bretón también es aquí uno más.

¿Cómo es posible que el país se haya hundido -o suicidado- de esta forma en tan poco tiempo? No hace tantos años —a finales de 2006— que podían leerse en la prensa internacional artículos como éste:

Abran el cava. La economía española ruge con fuerza

El panorama en las carreteras española de entrada y salida de Madrid tienen un decorado muy parecido: grúas, excavadoras, aplanadoras y maquinarias pesadas. Tal escenario es reflejo de la extraordinaria transformación que ha convertido a lo que era un país relativamente pobre hace unas cuantas décadas, en una potencia económica. Pero para España aún están por llegar tiempos más dulces. Tres décadas después de que la muerte del general Francisco Franco sumiera al país en una jungla política y económica, España se encuentra a punto de sobrepasar en la estadística de ingreso per cápita a Italia, un país vecino que siempre miró a los españoles como sus primos pobres. Los síntomas del éxito español se ven por todas partes: en la belleza e imponencia de su nueva terminal aérea en Madrid, en la estatura internacional de arquitectos como Santiago Calatrava y Rafael Moneo, en la interminable vida nocturna y cultural y, por supuesto, en los indicadores económicos, que marcan un crecimiento récord de España y el desempleo más bajo en una generación. «Son buenos tiempos para ser español», señala José Manuel Campa, profesor de economía y finanzas en la escuela empresarial IESE, en Madrid. «España siempre ha tenido a gente excepcional, pero siempre hubo una percepción de que llegaron lejos pese a ser españoles. Ahora tenemos un panorama en el que, sobre todo entre la generación más joven, el mundo es de ellos».

7G1C0282.jpg

¿Qué pudo haber pasado para que aquellas perspectivas optimistas e ilusionantes se vinieran abajo en tan poco tiempo? ¿Qué es lo que brillantes profesores de afamadas escuelas internacionales de negocios —como José Manuel Campa, cuyos “certeros análisis” lo catapultaron nada menos que hasta la Secretaría de Estado de Economía en el gobierno del Partido Popular—eran incapaces de comprender de la economía española? En definitiva, ¿qué fue lo que falló en España?

En 2007 llegó la crisis del capitalismo internacional; es cierto. Comenzó en Estados Unidos, con la crisis de las hipotecas subprime, y rápidamente se extendió a Europa, donde golpeó con gran virulencia. Pero no golpeó a todos con la misma fuerza ni del mismo modo. Con España se cebó especialmente, pese a que gurús de la talla de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón Presidente del Gobierno, pronosticaron —haciendo gala de su popular optimismo— que “España no se verá afectada por los efectos de la crisis de las hipotecas de Estados Unidos” al contar nuestro país con “una fortaleza económica evidente y con una solidez de sus instituciones financieras muy notable”.

subprime-mortgages

Poco después de estas declaraciones, buena parte del sistema financiero español se colapsó, particularmente el que representaban las cajas de ahorros, que concentraban aproximadamente la mitad de los depósitos bancarios del país. Miles de personas de las clases populares se vieron tristemente afectadas, al verse atrapadas por engaños como el de las “participaciones preferentes”, con las que se han  volatilizado parte de sus ahorros. Pero millones más se vieron afectadas, al paralizarse casi por completo —cuando se cerró el grifo de la financiación para promotores y para compradores— el principal sector que había tirado de la economía española durante décadas: la construcción, de la que dependía, directa o indirectamente, casi el 40% del PIB. Y con la parálisis de la construcción y toda la economía circundante, se fueron paralizando los demás sectores y las cifras del desempleo iniciaron un alucinante ascenso que las llevó desde el 9,3% de marzo de 2008 hasta el 27,16% del mismo mes de 2013.

El paro se ceba especialmente con los jóvenes: el 57,22% —casi un millón de ellos— no encuentran trabajo. Muchos van perdiendo la esperanza de encontrarlo. Los que pueden comienzan a abandonar el país, como en los viejos tiempos. El elevado nivel de endeudamiento en que se había sustentado la burbuja inmobiliaria española comienza a pasar su fatídica factura a miles y miles de familias que han caído víctimas del desempleo. El número de los que son desahuciados de las casas en las que habitaban por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres crece día a día sin que nadie haga nada para impedirlo.

Desahucio

Si la crisis del capitalismo es internacional, ¿por qué golpea de forma tan desigual a unos y otros países? El porcentaje de paro de Austria es del 4,8%; el de Alemania, del 5,4%; y el de Países Bajos, del 6,2%. Por el contrario, Grecia y España superan el 26%. ¿Por qué?

Sabemos que la economía española era particularmente débil, al haberse sustentado principalmente en la construcción y la especulación inmobiliaria en lugar de hacerlo sobre una sólida industria, como hizo, por ejemplo, Alemania. Pero ¿por qué se vio el país abocado a un tipo de desarrollo tan débil y precario si hasta un escolar —exceptuando a los brillantes profesores de afamadas escuelas internacionales de negocios— podían comprender que un modelo económico de ese tipo no podía sino derrumbarse ante las primeras sacudidas de la crisis económica internacional? Dijeron que nuestra industria —tardía y burocráticamente levantada, en buena medida, desde los años sesenta— estaba obsoleta y no era competitiva. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no era competitiva nuestra industria, hasta el punto de tuvimos que sacrificar buena parte de ella en diversas fases de una Reconversión que obligó a desviar muchos más recursos productivos al funesto ladrillo?

burbuja_inmobiliaria

Años antes del estallido de la crisis internacional que provocó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya había investigadores que —a contracorriente— planteaban que el país presentaba una serie de problemas estructurales y que estos problemas estructurales sólo se podían explicar si se indagaba científicamente en su proceso histórico, particularmente el que tuvo lugar desde el siglo XIX. Como simples escolares, sabían que el milagro económico español no era sino un espejismo que se iba a desvanecer tarde o temprano, y se pusieron a la tarea de intentar comprender este complejo país. Un país que tenía una dimensión semifeudal y una dimensión capitalista; una dimensión imperialista y una dimensión semicolonial. Un país que tuvo que sufrir una dramática —y a la vez heroica— guerra civil, que se resolvió con el triunfo de la más retrógrada y reaccionaria oligarquía. Los negocios de esta oligarquía, en la que juegan un papel fundamental los grandes propietarios del suelo rústico y urbano, experimentan, a partir de los años sesenta, una progresiva transformación desde las actividades agrarias a las inmobiliarias. El modelo urbanístico que se desarrolla se caracteriza por un crecimiento sin límite ni orden y, en gran parte, amparado en la normativa legal. La última etapa (1997-2008) fue la de mayor amplitud: sólo en la costa se construyó la cuarta parte de lo edificado en todo el país en los 2.000 años anteriores.

Nada de esto hubiese sido posible sin la subsistencia de un caciquismo, de viejo o nuevo cuño, siempre abierto a todo tipo de prácticas corruptas, lo que facilita, además, las condiciones para que las más diversas mafias internacionales puedan establecer sus bases en España. Una economía especulativa urbano-turística genera grandes ventajas legales y políticas para el blanqueo de dinero, y son muchos los que acuden a la fiesta.

Pero en 2008 todo comienza a derrumbarse aceleradamente. El país queda económicamente postrado y se convierte en una presa fácil para las grandes empresas extranjeras, que se van apropiando poco a poco de los negocios más lucrativos, del suelo y del subsuelo. El país que soñó con llegar a ser séptima potencia se ve al fin convertido en una especie de protectorado subordinado a poderosas instituciones internacionales, con un gobierno títere que ejecuta la política que le dictan desde Berlín. En febrero de 2013 Francisco José Lema Bretón, parado de la construcción, no aguantó más y se arrojó al vacío desde un cuarto piso. Murió en Córdoba.

[Extraído del prólogo que redacté para la obra colectiva “Terraenientes, caciques y mafiosos. Claves para entender la España contemporánea”, Ed. Dictus Publising, 2013]